El Estado venezolano inició los trámites para solicitar la extradición de Erick Roveta, un empresario italiano que fue detenido en Atenas, Grecia, por su presunta participación en una red de corrupción que afectó a la empresa petrolera estatal PDVSA. Roveta es el segundo implicado en este caso que Venezuela reclama por esta vía, después de Jesús Alfredo Vergara Betancourt, quien fue apresado en España el pasado 5 de septiembre.
Suplantación de identidad de buques petroleros
Según el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Roveta era el gerente de la empresa Albatros Maritime, que se dedicaba a comprar identificaciones y dispositivos de buques que estaban fuera de servicio en desguaces de la India y Pakistán. Luego, usaba esos elementos para cambiar la identidad de otros buques que cargaban petróleo en puertos venezolanos, y una vez en alta mar, apagaba el transpondedor para apropiarse y comercializar el crudo de forma ilegal, causando un grave perjuicio al Estado venezolano.
Roveta tiene una orden de aprehensión emitida el 8 de mayo de 2023 por el Tribunal Especial Segundo de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional, con sede en Caracas, a cargo del juez Carlos Liendo. La orden fue solicitada por el fiscal 73 nacional, Jean Karin López, y se basa en la presunta comisión de los delitos de: tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, asociación y contrabando agravado. Por estos motivos, la Interpol emitió una notificación roja para su captura internacional.
Estafa a PDVSA mediante operaciones paralelas
Este ciudadano formaba parte de un grupo de empresarios marinos que realizaban negocios con PDVSA y que decidieron estafar a la industria con diferentes excusas, entre ellas: el supuesto daño del petróleo o fallas mecánicas del barco en altamar. Todas las operaciones fueron autorizadas por el entonces vicepresidente de la estatal, Antonio Pérez Suárez, según los documentos del Ministerio Público (MP). El Ministerio Público de Venezuela identificó a 81 personas, entre empresarios y funcionarios públicos, como presuntos responsables de haber estafado a PDVSA mediante operaciones paralelas. Sobre esas 81 personas se dictaron órdenes de aprehensión, de las cuales se hicieron efectivas 61, hasta los momentos.
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