El caso sobre el Pilatus Bank, propiedad de Ali Sadr Hashemi Nejad quien, en marzo de este año, fue declarado culpable de violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez, parece estar muy lejos de encontrarse cerrado, dado que continúan revelándose aspectos relacionados con la causa por parte de importantes autoridades y voceros vinculados a la trama.
Por Maibort Petit - @maibortpetit | El Tiempo Latino
En marzo un jurado en Nueva York declaró culpable a Ali Sadr Hashemi Nejad de “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”. Por estos delitos, Sadr enfrentaba la posibilidad de pasar varias décadas en la cárcel.
La jueza decidió no enviarlo a prisión de inmediato, sino que le permitió esperar la sentencia en arresto domiciliario con un monitor en el tobillo.
Pero a raíz de que en julio pasado la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York decidiera abandonar la acusación referida a la violación de las sanciones impuestas al régimen iraní, en razón de que se conoció posteriormente a la decisión judicial que fiscales y agentes no entregaron pruebas que podrían haber exculpado al acusado, se ha desatado una ola de reacciones que dieron un revés inesperado al caso y ahora la cuestionada es la parte acusadora. La defensa de Sadr calificó de insólito que ahora el gobierno considere que el asunto de las sanciones “no sería de interés para la justicia seguir adelante con este caso", luego de haber “perseguido” a su cliente durante más de 6 años.
Igualmente, los abogados subrayaron el hecho de que a mitad del proceso judicial se conociera que pruebas exculpatorias fueron suprimidas indebidamente.
Jueza da un vuelco al caso
Ante tal revelación, la jueza del caso, Alison Nathan, anuló el veredicto de culpabilidad del jurado, pues transcurridos varios meses después del veredicto y más de dos años de la acusación de la fiscalía, salieron a relucir unos correos electrónicos donde un fiscal sugirió "enterrar" un documento que, finalmente, no sufrió este destino y se entregó a la defensa.
Los abogados defensores Reid Weingarten y Brian Heberlig manifestaron su sorpresa por las tergiversaciones del Departamento de Justicia antes de que comenzara el juicio, así como sobre la forma en que el FBI revisó los correos electrónicos de Sadr pues, de haberlo hecho, el juicio no habría tenido lugar.
La jueza exigió conocer qué abogados y supervisores del gobierno participaron y advirtió que podría ordenar investigar y castigar a la fiscalía.
De hecho, la actitud del Departamento de Justicia cada vez queda más en entredicho, toda vez que durante un interrogatorio ante jueces que investigan el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, el ex fiscal general, Peter Grech, sostuvo su posición de no actuar frente a los grandes escándalos políticos, como el del Banco Pilatus, pues su trabajo era simplemente "dar consejos".
Dijo que advirtió al entonces comisionado adjunto, Silvio Valletta, pedir una investigación judicial sobre Pilatus Bank si se basaba únicamente en un blog.
Recientemente, el juez del caso de sanciones que involucra a Sadr, exigió publicar las presentaciones selladas del caso, según informó el bloguero financiero, Kenneth Rijock, quien agregó que el exbanquero podría haberse convertido en informante en un caso que involucra a funcionarios malteses y los documentos podría solucionar el problema.
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