El hallazgo de un nuevo caso de corrupción vinculado con el manejo de los bienes incautados a los criminales en Colombia expone, una vez más, las falencias institucionales de un modelo que no ha logrado superar los fantasmas del pasado.
Por Juan Camilo Jaramillo | Insight Crime
Una investigación publicada por el diario El Espectador el pasado 26 de octubre, reveló detalles sobre la existencia de una red de corrupción al interior de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, de la cual serían partícipes altos funcionarios de este organismo judicial, agentes federales de Estados Unidos y abogados de reconocidos narcos.
Según las inspecciones adelantadas por la Fiscalía, el abogado Luis Valero, en complicidad con la fiscal Mónica Valencia y agentes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), habrían ofrecido una serie de beneficios al narcotraficante colombiano Javier García Rojas, alias ‘Maracuyá’, dentro de los cuales se incluía una tarjeta de salida de la Lista Clinton, a cambio del pago del 10 por ciento de los bienes expropiados en su contra.
Uno de los bienes expropiados a García Rojas fue un gran lote industrial en la zona de Mamonal, de la ciudad de Cartagena, cuyo valor se estimó en 419 mil millones de pesos colombianos (US$108 millones) y que cuenta con una aprobación preexistente para la construcción de un puerto.
Valero, quien fungió como abogado defensor en el proceso de extinción de dominio en contra de Maracuyá, fue quien le ofreció directamente la salida negociada con las autoridades estadounidenses.
El principal socio de alias Maracuyá, José Bayron Piedrahíta Ceballos, conocido con los alias de “El Árabe” o “El Patrón de Caucasia”, un narco que se mantuvo invisible hasta que fue arrestado en Argentina en 2017, también confirmó la existencia del paquete de beneficios que varios funcionarios de esta dirección junto con los agentes de los Estados Unidos, estarían ofreciendo a los indiciados.
No obstante, el caso de Maracuyá no ha sido el único que ha llamado la atención sobre las malas prácticas de la dependencia de extinción de dominio de la Fiscalía colombiana. Acusaciones en contra de la antigua directora, Andrea Malagón, develaron una serie de maniobras de corrupción que se presentaron en el proceso de extinción de dominio del proyecto inmobiliario Meritage en la ciudad de Medellín.
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