La decisión de la Corte de la CEDEAO de ordenar al colombiano Alex Saab que espere su juicio en Cabo Verde bajo arresto domiciliario no será aceptada por las autoridades del país. La ciudad de Praia no firmó ni ratificó un protocolo de 2005 que aparta a los estados miembros de ese tribunal de su soberanía judicial en determinadas materias. Con base en ello, el Fiscal General del Ministerio Público, José Landim, alega que la sentencia de ese tribunal es "inaplicable", reseñó el diario caboverdiano Nación.
Más de una semana después de que el Tribunal de la CEDEAO ordenara al Estado de Cabo Verde que esperara a que Alex Saab fuera juzgado en una “prisión domiciliaria”' en un hotel o domicilio de su elección, con acceso a familiares, médicos y abogados, esta orden sigue sin cumplirse, es decir, Saab permanece en la isla de Sal y no hay indicios de que el panorama vaya a cambiar.
Ante la decisión de ese tribunal comunitario subregional del que Cabo Verde es miembro, en el sentido de la liberación inmediata de Saab, el primer ministro afirmó que, independientemente de los compromisos con la CEDEAO, "Cabo Verde tiene soberanía judicial sobre el caso en revisión judicial en el país.
“Tenemos un proceso judicial en marcha y esperamos que la Corte Suprema de Justicia tome la mejor decisión en cuanto al juicio de este caso. Por lo tanto, el Gobierno no está interesado en las decisiones judiciales y Cabo Verde tiene autoridad propia. sobre cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la justicia, independientemente de la pertenencia a la CEDEAO ”, declaró.
Ante esta declaración, Baltazar Garzón, abogado principal de Alex Saab, afirmó que la decisión de la Corte de la CEDEAO es obligatoria para Cabo Verde, como lo exige su condición de miembro de esa organización subregional.
Poner en duda esta decisión es generar una confusión inaceptable, máxime cuando sale de la boca del Primer Ministro al que se le exige ser respetado y sometido a los tribunales, ha subrayado este exjuez español.
“Estamos efectivamente ante una decisión judicial y apolítica, por lo que este pronunciamiento político que representa una presión inaceptable sobre el Poder Judicial no tiene sentido”, agregó.
Acusado de ejercer una presión ilegítima sobre la justicia caboverdiana y bajo el propio Estado de Cabo Verde, con un amplio acceso a los medios de comunicación y otros medios, Garzón afirma que él y sus colegas, como abogados de Alex Saab, solo han apelado a los instrumentos democráticos y de justicia, en los que confían, frente a quienes prefieren las rutas de facto que crean "el estado de derecho de un país como Cabo Verde".
“Creemos que ningún país, por fuerte que sea, como los Estados Unidos de América, puede someter a sus dictados las instituciones judiciales, directamente o mediante sondeos políticos del propio país”, subrayó.
Lo que está en juego, según Garzón, son los derechos de un ciudadano a un juicio justo y a preservar su estado de salud. "Esto es lo que dijo la Corte de la CEDEAO", subraya, recordando que fue una "decisión unánime". en el que uno de los miembros es un juez caboverdiano, Januária Costa. "La medida cautelar para ordenar el arresto domiciliario tiene precisamente ese propósito, velar por los derechos humanos de Saab".
Preguntado sobre las posibles medidas a tomar si las autoridades caboverdianas no cumplen con la decisión de la Corte de la CEDEAO, Baltazar Garzón advierte: "Seguiremos denunciando la situación inhumana en la que se encuentra Alex Saab ante los relatores de Naciones Unidas, así como arbitrariedad de este proceso.
En la misma línea que Baltazar Garzón, también Femi Falana, una abogada que lidera el equipo legal de Alex Saab ante la CEDEAO, dice que la posición de las autoridades caboverdianas en relación a la decisión incorrecta de la CEDEAO”.
"La decisión del Tribunal de la CEDEAO es vinculante para Cabo Verde, como lo exige su condición de miembro de la CEDEAO. Si Cabo Verde desea desobedecer la orden directa del Tribunal Comunitario, tal vez debería reconsiderar su participación en toda la organización", argumenta.
Sin embargo, el procurador general de la República (PGR), José Landim, mostró dudas en relación a la posibilidad de que Cabo Verde esté bajo la jurisdicción de la Corte de la CEDEAO, teniendo en cuenta que el primer protocolo, de 1991, no fue ni ratificado ni publicado”, mientras que el segundo, 2005, no fue firmado.
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