Un tribunal de Cabo Verde rechazó el pasado martes 22 de diciembre una orden de la Corte de África Occidental que ordenaba concederle prisión domiciliaria a Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro.
En concreto, la Corte de Apelaciones de Barlavento determinó que el tribunal del organismo multilateral (CEDEAO) “no tiene competencia para obligar al Estado al cumplimiento de sus decisiones”.
La corte africana había dictaminado el 30 de noviembre que Cabo Verde debía otorgar la medida a Saab al estimar que la Justicia “actuó fuera de su jurisdicción” cuando lo detuvo el pasado 12 de junio tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol, según reseñó Infobae.
El empresario -que lleva en prisión preventiva desde el 14 de junio- alega problemas de salud que requieren la atención de un médico fuera de la cárcel en la que está recluido, por lo que el Tribunal de la CEDEAO pidió la medida para que tenga mejor acceso a su familia, doctores y abogados.
El tribunal africano, con sede en Abuya (Nigeria), tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su Protocolo de 2005.
Pero la Corte de Barlavento sostiene que Cabo Verde “no firmó, ni mucho menos ratificó, el Protocolo de 2005, que atribuye competencias al Tribunal de la CEDEAO sobre cuestiones relativas a la violación de derechos humanos”.
Por tanto, “la competencia para determinar la liberación o la sustitución de medidas cautelares es de los tribunales nacionales”, concluyó el tribunal.
Fuentes de la defensa contactadas por la agencia EFE en Praia, capital caboverdiana, confirmaron que esa corte también rechazó “rotundamente” dos peticiones presentadas anteriormente por Saab para cumplir su detención provisional en un domicilio fuera de la prisión, a la espera del resultado del proceso de extradición que lo podría llevar a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de dinero.
Esta decisión de la corte caboverdiana se conoce después de que los abogados de Saab instaran el pasado día 9 al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, a cumplir la orden del tribunal africano. Los letrados amenazaron incluso con “pedir al órgano competente de la CEDEAO que imponga sanciones a Cabo Verde por no cumplir con sus obligaciones”.
Dos días después, el Gobierno de Venezuela, que afirma que el empresario tiene la nacionalidad venezolana, expresó su “preocupación” por la demora de las autoridades de Cabo Verde para poner en arresto domiciliario al supuesto testaferro de Maduro.
El Tribunal de la CEDEAO también admitió la condición de Saab como “enviado especial” de Venezuela, argumento que usa la defensa para alegar que su arresto es ilegal porque “tenía derecho a la inviolabilidad personal” debido a ese estatus.
El empresario fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal (norte), tras una petición de EEUU cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
El Gobierno y un tribunal caboverdianos han aprobado la extradición de Saab, si bien la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia.
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en la prensa cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al Gobierno de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
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