Franco Di Gennaro Aristizábal y su función en el desmantelamiento de pistas de aterrizaje clandestinas del narcotráfico en Venezuela


La existencia de pistas de aterrizaje clandestinas en las provincias fronterizas de Venezuela, que funcionan para el narcotráfico, son conocidas usualmente por organismos como la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), gracias a datos aportados por informantes como el venezolano Franco Di Gennaro Aristizábal, que se infiltran en las organizaciones narcotraficantes o pertenecen a grupos rivales, según ha dicho una persona familiarizada con el asunto, reseñó expresa.me.

Comúnmente el Ministerio Público venezolano es instado a abrir investigaciones sobre este tema, y a frenar los enfrentamientos y la operatividad de grupos en conflicto en zonas fronterizas de Venezuela, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que buscan controlar zonas del del territorio venezolano para la extracción minera y el desarrollo de actividades ilícitas.

Los informes, producto de investigaciones y de informantes como Di Gennaro, han permitido a las autoridades ubicar pistas clandestinas en sectores como La Macanilla, Achaguas, Rómulo Gallegos, la zona norte de la provincia de Táchira, en la frontera con Mérida y Zulia; en los municipios Catatumbo y Jesús María Semprún de la provincia de Zulia, y en la de Falcón. El propósito de algunas de las infraestructuras es, según personas al tanto, que las FARC y el ELN continúen teniendo como caja chica a Venezuela.

Durante el año 2019 fueron descubiertas por el Estado venezolano 36 pistas clandestinas y 23 aeronaves involucradas en narcotráfico. No obstante, todavía continuarían habiendo decenas de pistas clandestinas que operan para la actividad del narcotráfico en territorio venezolano, ante la mirada silenciosa y en muchos casos hasta la participación de funcionarios del Estado.

A diario, en pistas clandestinas ubicadas en la zona norte de Táchira, se movilizan avionetas, cada una con al menos una tonelada de droga, cantidad que evidencia los grandes niveles de actuación existentes en esa materia en la región fronteriza de Venezuela.

Aunado a toda esta operatividad de pistas clandestinas, permanece una pugna por el territorio por parte de la disidencia de las FARC, algo que quedó demostrado con el homicidio de uno de sus jefes, como es el caso de Iván Merchán alias “El Loco”, comandante de uno de los frentes disidentes de las FARC, asesinado en la provincia de Bolívar, específicamente en el sector La Cochinera, finca La Paturria, del municipio Angostura del Orinoco, donde precisamente había una pista clandestina y ha operado uno de los campamentos de la disidencia de las FARC que tiene una declaratoria de guerra por parte del Gobierno de Venezuela.

También existen entre 5 mil y 10 mil hombres venezolanos que operan en las minas, específicamente en el parque Yapacana de la provincia de Amazonas, quienes tienen en su haber el control de alcabalas fluviales, en los ríos de la zona que son utilizados también para la extracción ilegal de minerales y para la movilización de droga.

Una disputa en Amazonas entre el ELN y el frente Acacio Medina de las FARC, ha provocado pérdidas humanas de indígenas venezolanos y la conformación de nuevos campamentos en San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho, permitiendo el avance y expansión de estas organizaciones ilegales.

Un comunicado ha evidenciado la confrontación existente en Amazonas, donde la disidencia de las FARC y el ELN se enfrentan por el control de la explotación minera venezolana, que se ha convertido para éstos en un importante sustento económico.

Esto ha llevado a que se solicite al Ministerio Público venezolano investigar la existencia de más de 70 pistas clandestinas, solo en provincias fronterizas, aunque han sido detectadas infraestructuras similares, para un total de 15 provincias, sin que los órganos de seguridad hayan podido ponerle coto a los negocios ilegales que alimentan a los grupos criminales.

Movimientos sociales han presentado denuncias para que el Ministerio Público venezolano ofrezca una respuesta efectiva contra la proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas y grupos armados irregulares.

Esto debería ser suficiente para que la fiscalía de Venezuela cite a declarar a testigos como Franco Di Gennaro Aristizábal, quien desde el año 2009 ha sido investigado y acusado de tráfico de armas de guerra, siendo a su vez informante de órganos de seguridad, que como la DEA, libran una feroz batalla contra el narcotráfico, señaló una persona consultada.

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