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Autoridades españolas hallaron indicios de soborno en investigación contra Claudia Díaz y su marido Adrián Velásquez


La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española considera que hay indicios de que el piso de 1,8 millones de euros de la otrora enfermera del presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz y su marido, Adrián José Velásquez, fue costeado con un soborno procedente del magnate de la comunicación en Venezuela Raúl Gorrín.

Militar retirada y abogada, a Claudia Patricia Díaz Guillén se le recuerda apenas como la «enfermera de Hugo Chávez». Su nombre comenzó a resonar en los medios de comunicación y en toda Venezuela luego que se publicaron los reportajes de investigación conocidos como los Papeles de Panamá, los documentos que desvelaron la creación de gran cantidad de compañías «offshore» por parte del importante estudio de abogados panameños Mossack Fonseca. Pero a la enfermera se le recuerda por ser la tesorera y controlar el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden), de donde proviene su actual riqueza que hoy está siendo investigada por los cuestionamientos, reseñó Ymarú Rojas en ABC.

Casada con el otrora edecán del expresidente Hugo Chávez, Adrián Velásquez Figueroa, Díaz Guillén llegó a vigilar la salud del entonces mandatario venezolano cuando padecía de cáncer. Luego de la muerte de Chávez en 2013, salió de su país rumbo a República Dominicana, y actualmente reside en Madrid junto a su marido. En reiteradas ocasiones, se le ha señalado por apropiarse de al menos 2.000 millones de dólares, provenientes de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), gracias a paraísos fiscales. Sin embargo, la mujer ha salido al paso y en distintas declaraciones ha dicho que todo lo que tiene fue gracias a su «honesto trabajo».

En agosto del año pasado, la enfermera guardó su fortuna en oro en una cámara secreta, a través de una empresa fantasma establecida en la isla caribeña San Vicente y las Granadinas. La mujer, de 46 años, habría comprado al menos 250 lingotes de oro, de un kilo cada uno, valorados en más de 9,5 millones de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein.

El matrimonio ha sido reclamado por Estados Unidos por los presuntos delitos de conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios, castigados cada uno con una pena de hasta 20 años de prisión.

En abril de 2018, Adrián José Velásquez Figueroa, exescolta de Chávez, quedó detenido en España junto a su mujer, la enfermera de Chávez, por estar vinculado con los Papeles de Panamá. El hombre fue capitán del Ejército y jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores durante parte del gobierno del presidente chavista. Con los años, Velásquez demostró tener mucho poder de compra que cualquier funcionario venezolano. Detrás de ese poderío económico, estaba Claudia Díaz, su mujer, cuando cumplía funciones como tesorera del país petrolero.

Según reportajes periodísticos, en ese momento el sueldo mensual promedio de un capitán era de alrededor 150 dólares. De 41 años, el hombre se fue de Venezuela y residió en una exclusiva zona en Punta Cana, República Dominicana, desde 2015, cuando su país atravesaba la peor escasez de alimentos. De acuerdo con medios locales, la casa tenía un valor de hasta 1,6 millones de dólares. Desde ahí habría hecho algunas operaciones junto a su mujer, que en aquel momento lo visitaba periódicamente.

Al igual que Díaz, Estados Unidos acusó a Velásquez por delitos de soborno y lavado de dinero, según informó en diciembre del año pasado el Departamento de Justicia. La acusación alega que Raúl Gorrín Belisario, de 52 años, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Díaz Guillén, y a Velásquez.

En 2018, el régimen de Nicolás Maduro reclamó al matrimonio por presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito mientras ocuparon cargos públicos durante el Gobierno de Chávez. Pero la solicitud del régimen de Maduro fue negada por un Tribunal español, que alegó que el miedo del matrimonio se debía a que podría enfrentar torturas si la enviaban de regreso a su nación.

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