La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española considera que hay indicios de que el piso de 1,8 millones de euros de la otrora enfermera del presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz y su marido, Adrián José Velásquez, fue costeado con un soborno procedente del magnate de la comunicación en Venezuela Raúl Gorrín.
En un informe al que tuvo acceso ABC y que obra en el sumario del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, donde el matrimonio está imputado en relación al origen de su patrimonio, los investigadores apuntan esta relación que podría suponer un giro en la causa.
El asunto está paralizado en espera de que Suiza y Estados Unidos respondan a las comisiones rogatorias que tras la entrada y registro en el mencionado domicilio, libró el juez para profundizar en el origen del dinero que Díaz y Velásquez manejan en España. Él, que en tiempos fue escolta de Hugo Chávez , llegó a tener a su nombre hasta 50 millones de euros en el país helvético en 2013, tal y como recoge el mismo informe policial, reseñó Isabel Vega en ABC.
Pero la aparición de una conexión con Gorrín podría implicar una inhibición a la Audiencia Nacional, donde el magnate forma parte de la larga lista de investigados en la causa sobre el saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA y el posterior blanqueo de los fondos en territorio español. La decisión dependerá del resultado que arrojen esas peticiones de información al extranjero, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, porque a priori, se trataría de presuntos delitos diferenciados.
Para la UDEF, la relación entre el matrimonio investigado y Gorrín debió producirse «dada la posición que desde mediados del año 2011 ocupó Claudia P. Díaz como presidenta de la Organización Nacional del Tesoro» (ONT) de Venezuela, habida cuenta de que el empresario ha sido acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con el pago de sobornos a funcionarios venezolanos dependientes, precisamente, de ese organismo.
Es el caso de Alejandro Andrade, predecesor de Díaz en la ONT y que no sólo reconoció ante la Justicia estadounidense haber recibido mordidas del magnate de Globovisión sino que declaró que ella también las estuvo cobrando. Él, según dijo, fue quien les presentó.
De hecho, en el volcado de uno de los móviles de la pareja se hallaron varias fotografías de carácter personal en las que aparecen junto a Gorrín, «así como documentos de pagos emitidos desde sociedades controladas por el citado empresario a otras sociedades controladas por Velásquez», tal y como detallan los investigadores.
El informe explica que los sobornos «se realizaron por la activa colaboración en operaciones de cambio de divisas en las que era necesaria la aprobación del presidente de la ONT, es decir Alejandro Andrade y posteriormente, Claudia Patricia Díaz, operativas que se estima fueron orquestadas, entre otros, por el empresario Raúl Gorrín, obteniendo la organización beneficios desorbitados y causando un grave perjuicio en la economía de Venezuela».
Por el afloramiento de esos supuestos beneficios desorbitados e ilícitos, está imputado Gorrín en la Audiencia Nacional. Se le vincula a la compra a tocateja de dos inmuebles de lujo en Madrid por importe de 9 millones de euros a través de un entramado societario y con cuentas en paraísos fiscales, tal y como adelantó ABC.
En este contexto, la UDEF destaca que el piso en la calle de Montesquinza de Madrid donde reside el matrimonio fue adquirido desde cuentas bancarias en Suiza a nombre de la sociedad panameña Invesco Capital Fund, controlada por Velásquez. Esa cuenta había recibido en 2011, estando Díaz al frente de la ONT, 6,3 millones de dólares de Bellsite Overseas S.A., «precisamente, controlada por Raúl Gorrín».
Cabe destacar que la compra de ese inmueble que ahora está bajo la lupa, permitió a Velásquez conseguir en marzo de 2016 el permiso de residencia para grandes inversores en España, la misma pasarela que utilizaron para desembarcar en el país varios de los investigados en la causa sobre el saqueo de PDVSA. En este caso, la vivienda supuso una operación de 1,8 millones de euros.
Entretanto, tanto él como la también enfermera de Hugo Chávez afrontan en la actualidad su segundo proceso de extradición.
En 2018, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó que fuese enviada a Venezuela, reclamada por delitos equivalentes a los de malversación, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Sin embargo, tras una sucesión de decisiones contradictorias entre distintas secciones sobre las entregas a aquel país, la Sala de lo Penal se reunió en pleno para unificar el criterio. La decisión fue cancelar la extradiciones de Guillén y su marido, así como la de un antiguo contable de PDVSA, atendiendo a la «posible vulneración de derechos fundamentales» en Venezuela.
Ahora, es Estados Unidos quien reclama al matrimonio para juzgarles en Florida en la misma causa por la que está investigado Raúl Gorrín, que sigue en Venezuela. Díaz y Velásquez fueron detenidos el pasado mes de diciembre en virtud de una orden internacional emitida por el Departamento de Justicia estadounidense y tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional, quedaron en libertad con medidas cautelares.
La Justicia estadounidense considera que Díaz Guillén aceptó sobornos de Gorrín para manipular la tasa de cambio mientras Velásquez ayudó a encubrir y blanquear las mordidas.
De acuerdo a la orden de detención remitida por EE.UU., el magnate le habría transferido en fondos ilícitos 65 millones de dólares entre 2011 y 2013, mientras ella dirigía el Tesoro. Y no sólo era dinero. Constan pagos en jets privados, yates, mansiones, caballos de carreras y relojes en beneficio de Díaz Guillen. Todo, mediante cuentas en Suiza y bancos de Florida o lugares como República Dominicana. Les piden 20 años de cárcel.
Será el Juzgado Central de Instrucción 4, el mismo que vio la petición de Venezuela, el que tramite el expediente. Una vez recabe la documentación y escuche las alegaciones de Díaz y Velásquez, que según fuentes conocedoras, se opondrán a la entrega, elevará el proceso a la Sección de lo Penal.
El tribunal podría rechazar enviarles a EE.UU., como ha ocurrido con otros venezolanos imputados, en espera de que se resuelva la investigación sobre el piso que compraron en España, ese que fue su pasarela de acceso al país y que ahora, es su ancla.
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