Mientras los colegios estén cerrados y los niños, niñas y jóvenes no puedan encontrarse para aprender, jugar y conversar, el derecho a la educación no es efectivo. Y cuando un derecho fundamental está siendo restringido en esta forma desde hace un año, deberíamos saber a quién le corresponde la restitución de ese derecho. No puede ser obligación exclusiva del Ministerio de Educación, que viene haciendo lo que puede, cuando se trata de un fenómeno con tantas dimensiones.
Por Francisco Cajiao | Opinión
Se entiende que en marzo del año pasado se hubieran cerrado las instituciones educativas mientras se avanzaba en el conocimiento científico del virus, pero ya en junio era claro para los países europeos que abrir los colegios era una obligación de Estado porque no constituían un foco de infección, mientras que los daños por mantener los niños en sus casas podían ser mucho mayores. Desde finales de mayo comenzaron a regresar algunas escuelas en Francia, pero el 14 de junio el presidente Macron anunció en una alocución que desde el 24 de ese mes regresarían todos a las aulas de manera obligatoria.
En septiembre estaban activas las instituciones en los demás países y se mantienen abiertas, a pesar de los rebrotes que han venido después. Es claro que en esos países los jefes de Estado han asumido como una prioridad la garantía del derecho. Sin tener las limitaciones de equipamiento y conectividad nuestras, no han dudado de la urgencia de lo presencial.
Se han difundido los daños que emanan de esta situación en materia de salud mental, privación social, atraso en el aprendizaje, restricción de oportunidad laboral para las madres, etc. Pero no se ha dicho casi nada sobre el significado práctico del derecho a la educación. Hay organizaciones dedicadas a defender los derechos de la infancia. La Constitución Política dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Hay numerosas sentencias de la Corte Constitucional que protegen el derecho de asistir a la escuela. Y seguimos con los colegios cerrados y millones de niños excluidos del derecho a crecer con otros niños, sin que muchas autoridades parezcan sentirse aludidas.
Una vez pronunciados los discursos, publicados los libros, difundidos los comunicados y las consignas gremiales, pareciera concluida la labor de defensa de este derecho. Es como si muchos tratados de nutrición calmaran el hambre de la gente. No sé qué dirán los juristas o las entidades llamadas a la protección de las garantías constitucionales: ¿se entenderá que si cuatro de cada diez niños colombianos reciben una clase o una tarea al día a través de un computador o un teléfono móvil, ya está garantizado el derecho? ¿Están de acuerdo con esto los teóricos que abogan por la pedagogía crítica? ¿Qué dicen los políticos que pregonan la equidad y la justicia social?
Nunca habría imaginado un mayor abandono de la infancia por la institucionalidad del país. El papel de las autoridades de salud en este aspecto ha sido vergonzoso desde el comienzo: la información cotidiana no discrimina por edades y quienes asesoran al Presidente no se refieren a las condiciones de deterioro y de riesgo social de los menores de 18 años. Esos silencios han contribuido a mantener los miedos y animar a quienes se resisten a regresar a las aulas. Tampoco se ha destacado el compromiso del Congreso, las asambleas o los concejos municipales con esa franja de población que no tiene voz en ningún lado y que tampoco les aporta votos.
Muchos maestros y directivos siguen pensando que si hay algún contagio (que los habrá tanto como los hay afuera), los van a demandar como responsables. Y no hay una autoridad creíble que les aclare taxativamente que el único responsable de los contagios es el virus. Y no deja de sorprender que la garantía de un derecho fundamental dependa de la negociación de un sindicato con el Gobierno.
***Francisco Cajiao es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana y M.A. en Economía de la Universidad de los Andes. Tiene estudios en Comunicación Social y Consejería y Relaciones Humanas. Fue rector de las universidades Distrital y Pedagógica, Secretario de Educación de Bogotá y Consultor de Ministerios de Educación de América Latina y Europa, así como de la Organización de Naciones Unidas. Ha escrito varios libros sobre pedagogía.
Artículo original en EL TIEMPO
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