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Javier Troconis, el excontratista implicado en escándalos de comisiones con fondos de Venezuela en el exterior


Javier Troconis es comisionado para gestión y recuperación de activos, designado el 28 de agosto de 2019 por Juan Guaidó. Fue incluido en la junta directiva de Citgo Holding Inc, por la Asamblea Nacional de Venezuela a cargo de Guaidó, el 13 de febrero de 2019.

El 14 de febrero de 2019, el Ministerio Público venezolano dio a conocer que abriría una serie de investigaciones contra miembros de la directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo nombrada por la Asamblea Nacional, entre ellos Troconis.

El Ministerio Público calificó la conducta de las personas nombradas por la Asamblea Nacional como “conspirativa contra la paz y el orden constitucional”.

Javier Troconis es abogado especializado en materia petrolera y administración pública. Desde el año 2011 se mantuvo entre Caracas y Bogotá cumpliendo actividades como asesor petrolero.

En una investigación de The Washington Post a inicios de 2021, el nombre de Troconis resonó debido a su mediación en representación de Petróleos de Venezuela con el Gobierno de Paraguay que le aportaría 26 millones de dólares a sus arcas.

En agosto de 2019 Troconis asumió el cargo de comisionado enfocado en Miami, Bogotá y Washington.

Tres meses después de asumir esta función, firmó la solicitud de Paraguay de rebajar su deuda con la estatal petrolera venezolana que le ahorrarían al gobierno de Mario Abdo Benítez 150 millones de dólares a cambio de una retribución jugosa.

Aunque este acuerdo no se concretó por la falta de formalidad ante un tribunal de París para garantizar la liberación de Paraguay de sus compromisos, Troconis no puede esquivar su responsabilidad y opta por encomendarse a través de su cuenta en Twitter al Todopoderoso después de la divulgación de The Washington Post.

Según la agencia France 24, Troconis estaría involucrado en una supuesta trama de corrupción, cuya suma alcanzaría los 40000 millones de dólares. Y no lo hizo solo. A él lo acompañó en sus actos otro personaje poco conocido: Fernando Blasi.

Los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar los delataron en The Washington Post, informando sobre sus pasos orientados a cobrar acciones en empresas, automóviles de lujo, casas y deudas ligadas a PDVSA.

Reyes y Antar afirman que recibieron una lista de «demandas impactantes», entre las que se encontraba un pago por adelantado a una compañía de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano del funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington.

Esa empresa se convertiría en socia, compartiendo una comisión del 18 % que habían negociado con los funcionarios de Guaidó, de acuerdo con el informe.

“Estaba asombrado”, dijo Reyes al medio estadounidense. “Me pregunté: ‘¿El presidente Guaidó sabe de esto?’ Quiero decir, estos tipos claramente estaban tratando de hacer algo ilegal. Ni siquiera se puede hablar de algo así en suelo estadounidense. Fue una extorsión… O pagamos o no obtuvimos el contrato».

Según Reyes y Antar, el trato se vino abajo después de negarse a pagar un anticipo de 50000 dólares sobre los 750.000 dólares solicitados. Sin embargo, emitieron una factura por 50000 dólares de Energica Power, una compañía que según los registros de Florida fue propiedad de Magin Blasi hasta septiembre, cuando se disolvió.

Las denuncias se dieron a conocer inicialmente en Factores de Poder. El equipo de Guaidó emitió un comunicado en septiembre de 2020 desestimándolas por infundadas. Pero los funcionarios presionaron para que se hiciera una investigación interna, divulgó France 24.

En un informe preliminar, el comité planteó dudas sobre «irregularidades administrativas» en los tratos de Troconis con Reyes y Antar y se recomendó una investigación adicional por parte de la oficina del contralor.

El embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio se adelantó y solicitó a Estados Unidos una investigación propia del caso. Incluso Antar afirma que ya fue contactado por el mismo FBI.

«No pongo mis manos en el fuego por nadie», ha declarado Vecchio. «Si hay pruebas, tenemos que investigar», señaló. Y si eso ocurre, aparecerá otro acuerdo propuesto para recuperar activos en un banco británico que habría involucrado un contrato que los funcionarios de la oposición dicen que Troconis no estaba autorizado a firmar, apuntó The Washington Post.

Tarek William Saab, fiscal de Venezuela, está atento a los hechos. Declaró que ya tiene señalados a Troconis y Blasi como miembros de una red que cobraría sobornos para «robar activos venezolanos en el Caribe», indicó la agencia.

De acuerdo con la información, el Ministerio Público abrió una pesquisa contra cuatro funcionarios nombrados por Guaidó por «intentar el cobro de sobornos» para la firma de un contrato que le otorgaría poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami.

Saab además no saca de la ecuación a Reyes y Antar. A ambos los nombró por la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA), propiedad de las empresas Lock In Capital y Global Risk Management, representadas por ellos por estar involucradas en las irregularidades.

Troconis, con experiencia como ejecutivo petrolero respondió que las acusaciones en su contra derivan de «enemigos» de Guaidó y afirmó que las pruebas presentadas son «falsas», reveló The Washington Post. Pero La Tabla asegura en su cuenta en Twitter que es un «oscuro contratista» barinense.

Sobre los dos borradores del contrato no ejecutado con Paraguay, el procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, dijo que se «negoció sin el conocimiento de los supervisores de la industria petrolera», difundió The Washington Post.

Troconis habría pagado lo que Hernández llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal. En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20 % del acuerdo, o más de 26 millones de dólares.

Pero Vidal le dijo a The Washington Post que había sido contratado por Troconis sin recibir ningún anticipo con la esperanza de cerrar un trato. Dijo que la comisión propuesta era «más baja» de lo que normalmente cobra, y dijo que Troconis nunca le pidió una parte de ella.

Troconis también le expresó a la Asamblea Nacional que los paraguayos se le habían acercado con el trato y negó haber contratado a Vidal. Pero el comité del parlamento opositor no le creyó y también investigó un contrato que Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi 1,7 mil millones de dólares del Ministerio de Alimentos de Venezuela.

Tanto Troconis como el bufete admitieron que firmaron el contrato en nombre del “Gobierno de Guaidó”. El comité no comentó sobre este acuerdo en su informe preliminar, pero el actual fiscal general de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, confirmó que Troconis no tenía autoridad para firmarlo.

En septiembre de 2019, el contralor general de la República, Elvis Amoroso, acusó a Troconis y a Guaidó de estar involucrados en una trama de corrupción. Señaló que Troconis utilizaba como medio la empresa T&C Services y que fue contratado por Rafael Ramírez «para desfalcar al país» cuando era presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). «Ha recibido 187 millones de dólares para la empresa de él que fue puesta por Rafael Ramírez”, denunció.


En diciembre de 2019, la Contraloría General de la República exhortó a la Fiscalía General, al poder judicial y al Ministerio de Relaciones, Interiores, Justicia y Paz a tomar medidas preventivas «que impidan gravar y enajenar a la empresa T&C Services«.

La empresa T&C Services, con sede en la ciudad de Lecherías (Anzoátegui) y propiedad de la familia Troconis Calderón, se dedica a la prestación de servicios de saneamiento ambiental, construcción de obras civiles, alquiler de maquinarias y equipos, según lo refiere su portal web.

En unas fotos publicadas en la cuenta de Twitter del portal de investigación LaTabla, se aprecia cómo lucen parte de sus áreas de recepción y trabajo.

Según Amoroso, T&C Services obtuvo contratos con Pdvsa por más de 187 millones de dólares y recibió pagos por 128 millones en últimos años, bajo el amparo del entonces presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

La residencia de Javier Troconis Calderón, ubicada en la población de Lechería, estado Anzoátegui fue allanada en 2019 por funcionarios del Sebin.

Durante el allanamiento a la vivienda de Troconis Calderón los funcionarios corroboraron que no está en Venezuela, ya que se encuentra viviendo en EEUU de acuerdo con la información obtenida por #LaTabla en forma no oficial, y ubicaron algunos documentos personales, entre ellos varias tarjetas de crédito, chequeras y un pasaporte vencido.


Los funcionarios del Sebin allanaron las instalaciones de la empresa T & C Services, especializada en la prestación de servicios ambientales, en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui.

Troconis Calderón se estableció entre 2003 y 2004 en el norte de Anzoátegui donde operaba la compañía, la cual obtuvo un contrato millonario para manejar el coque en el complejo criogénico de Jose.

Troconis Calderón fue durante 4 años asesor de un ganadero y parlamentario colombiano por El Vichada, Marcos Rodríguez Merchán, con intereses directos en la posesión y control de tierras en la Altillanura de Colombia. El dato es verificable ya que figura como “servidor público” como parte del equipo legislativo del político y empresario.

En la zona, conocida como la Altillanura, existe un plan de entrega de tierras a las trasnacionales, para cultivos agro industriales.

Troconis figura como directivo de otra compañía con el mismo nombre T&C Services en Panamá, Florida (EEUU) y Colombia.

Esta compañía familiar (fundada en 2000) escaló gracias a los contratos petroleros, sin embargo, no hay datos precisos de cómo llegó T&C a la Faja durante la expansión de la inversión y que los vinculan con los contratistas favoritos de Pedro León.

La relación de Troconis con otro cercano a Guaidó en EEUU, Kennedy Bolívar, se remonta a su vida en Barinas y ofrece una hipótesis sobre cómo Troconis logró convertirse en uno de los hombres fuertes -a nivel de negocios- con Guaidó.

Troconis culpa a Guaidó

El comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos de Juan Guaidó, Javier Troconis, rechazó el señalamiento hecho por exfuncionarios del gobierno interino de haber actuado por cuenta propia a finales de 2019 para llegar a un acuerdo sobre el pago en una deuda que la estatal paraguaya Petropar mantiene con Pdvsa, en reuniones paralelas a las realizadas oficialmente por estas dos petroleras. El funcionario de Guaidó aseguró, en un tuit, que fue el líder de la oposición quien lo autorizó para que viajara a Paraguay a tratar de encontrar una solución para la disputa entre ambas empresas.

«No actué a motu proprio. Tampoco hubo fraude ni acuerdo. Fui enviado por el jefe del gobierno interino, el presidente Guaidó, y rechazamos lo propuesto precisamente por no brindar los beneficios esperados para Venezuela», respondió Troconis de manera directa a una publicación de TalCual en Twitter sobre el reportaje Así se fraguó el presunto «guiso» entre un comisionado de Juan Guaidó y Petropar. «Desconozco las declaraciones de Luis Pacheco y José Hernández, no sé qué dicen u opinan; mis acciones como comisionado presidencial responden al presidente interino. Mis atribuciones son claras y la facultad para tratar de gestionar la negociación parte de una orden presidencial«.

Troconis compartió una carta que refleja que en enero de 2020 dirigió al abogado argentino Sebastián Vidal, quien fungió como «amigable componedor» en la negociación iniciada en Paraguay, informándole que «por disposición presidencial» no continuarían «adelante con la negociación (…) debido a que la misma no se enmarca en los beneficios esperados y, por tal motivo, desistimos de continuar en las conversaciones adelantadas hasta la fecha».

Según exfuncionarios de Guaidó, a finales de 2019 Troconis mantuvo «negociaciones paralelas» a las sostenidas entre la junta ad hoc de Pdvsa, designada por Guaidó, y Petropar en las que se discutió un acuerdo que hubiese resultado lesivo al patrimonio de la estatal venezolana, sin tener las atribuciones para ello. El acuerdo reducía a la mitad la deuda de Petropar con Pdvsa, condonaba los intereses y establecía un pago de honorarios de 26 millones y medio de dólares a Vidal. En estos encuentros también participó el jefe del Gabinete de la Presidencia paraguaya, Juan Ernesto Villamayor.

Troconis, cuyo nombramiento por parte del presidente del Parlamento se hizo público a través de Twitter el 28 de agosto de 2019, también compartió un hilo que publicó el 11 de enero de 2021 en el que asegura que el borrador del acuerdo fue rechazado y que su responsabilidad como «Comisionado Presidencial para la Gestión de Activos es atender, buscar y establecer las políticas orientadas a la protección y restitución de los activos de la República de Venezuela en el extranjero».

El exprocurador paraguayo Sergio Coscia ha afirmado que la oferta fue preparada y presentada por «el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela». Por su parte, el equipo de Guaidó sostiene que dicha «propuesta de acuerdo» no había sido ni formulada ni aceptada por la junta administradora ad hoc ni por la Oficina del Procurador Especial.

Además, en correos electrónicos del 19 y 20 de diciembre de 2020, tanto la Oficina del Procurador Especial como el presidente de la junta administradora ad hoc ratificaron a Petropar que no habían designado mediador alguno, ni negociado acuerdo de ningún tipo. Pero el Gobierno paraguayo dijo el 5 de enero de 2021 que fueron los «emisarios de Guaidó» quienes ofrecieron reducir en su mitad la deuda que Pdvsa reclama a Paraguay.

El 5 de enero de 2021, Guaidó informó que la propuesta, después de ser evaluada, fue rechazada por el Procurador Especial, la junta ad hoc de Pdvsa y por él mismo luego de considerar que no cumplía con las condiciones satisfactorias para Venezuela por el «porcentaje de remoción propuesto» y la comisión estipulada por el abogado Vidal. No mencionó a Javier Troconis.



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