Villca Fernández ha sido dirigente estudiantil opositor en Venezuela, en la Universidad de Los Andes (ULA), estado Mérida, y candidato a diputado para la Asamblea Legislativa de ese mismo estado, en el año 2015. Fernández ha sido activista estudiantil durante años. En el año 2010, recibió el impacto de 65 perdigones cuando participaba en una protesta por el aumento del pasaje estudiantil. Además, ha sido señalado en múltiples ocasiones como terrorista o conspirador por distintas autoridades nacionales de Venezuela en programas de televisión. El 27 de enero de 2016, Fernández fue nombrado por una alta autoridad del partido de gobierno en un programa en la televisión oficial del Estado, señalándolo como parte de una conspiración para desestabilizar la seguridad de la nación.
El 31 de enero de 2016, el estudiante replicó estas últimas acusaciones a través de un mensaje en Twitter. Ese mismo día, oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Fernández en la vía pública y fue trasladado a la ciudad de Caracas.
El 1 de febrero, Fernández fue presentado ante tribunales, luego de
transcurridas las 48 horas que indica la ley. Fue imputado por el delito de
instigación al odio, dictándose la medida de régimen de presentación cada 15
días. La defensa solicitó la libertad plena, al considerar que el Ministerio
Público no había presentado ninguna prueba. Tal como relataron familiares a
Amnistía Internacional, en plena audiencia, la juez pidió un receso. Cuando se
retomó la audiencia, el fiscal imputó un delito adicional, divulgación de
información falsa, y se cambió la medida por la privativa de libertad contra
Fernández.
Villca Fernández, cuyo nombre deviene de Vilcabamba, pueblo peruano que sirvió
como último refugio de los incas ante la arremetida de los conquistadores
españoles, participó en varios episodios de protestas llevadas a cabo por un
grupo de detenidos en El Helicoide, sede del SEBIN en Caracas.
Familiares de Fernández además denunciaron, durante su detención, que el
exdirigente estudiantil habías sido maltratado durante su reclusión. También
informaron que en junio de 2017, sus condiciones de reclusión habían
recrudecido: se encontraba en una misma celda con 20 presos comunes y 3
detenidos por motivaciones políticas, donde no contaban con acceso a
sanitarios, ni condiciones higiénicas.
El 24 de enero de 2018, Fernández comenzó una huelga de hambre para exigir que
se realizara su traslado a un centro hospitalario, a fin de atender su estado
delicado de salud. En días siguientes, finalmente recibió la atención médica
que había estado necesitando urgentemente desde hace más de seis meses.
Hasta enero de 2018, no se había celebrado su audiencia de apertura de juicio,
la cual había sido diferida al menos 9 veces. Sin embargo, en el mes de junio
del mismo año, el dirigente opositor fue liberado y enviado a Perú.
Tras su liberación, el exdirigente estudiantil fue recibido en el aeropuerto
internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, por un grupo de venezolanos.
Fernández dijo en un audio divulgado por medios de comunicación y enviado
desde el avión, que había abordado en el aeropuerto internacional de
Maiquetía, que sirve a Caracas, que se “dirigía hacia el exilio».
El exdirigente estudiantil, cuyo padre es de origen peruano, agradeció al
gobierno de Lima y su cuerpo diplomático «por todos los esfuerzos realizados»
por su liberación.
A finales de 2019 Nicolás Maduro pidió al gobierno peruano la detención del
activista opositor Villca Fernández, que se encuentra en Perú, al que señala
de ser el autor de un asalto a un cuartel militar.
“Yo pido que se capture bajo las leyes internacionales a este terrorista
llamado Villca Fernández, que en las redes sociales asumió la autoría del
ataque al cuartel militar venezolano”, sostuvo Maduro en declaraciones
divulgadas a radio y televisión.
Fernández fue excarcelado en 2018 durante unos diálogos políticos entre el
gobierno de Maduro y un sector de la oposición.
Fernández, al ser liberado en 2018, se trasladó a Perú. La oposición ha
alegado que el exdetenido sufrió un destierro.
El gobierno venezolano aseguró que Colombia, Perú y Brasil ayudaron a un grupo
armado que atacó en 2019 las instalaciones del 513 Batallón de Infantería
Selva Mariano Montilla, ubicado en el municipio Gran Sabana, estado Bolívar,
al sur de Venezuela.
Caracas señaló, además, como autores intelectuales del ataque a los líderes
opositores venezolanos Leopoldo López y Juan Guaidó.
En el asalto fueron robados 112 fusiles AK103 y una carga de municiones.
Venezuela le reclamó a la alta comisionada para los derechos humanos de la
ONU, Michelle Bachelet, una investigación sobre los hechos sucedidos, donde
falleció un soldado.
“Bachelet, ¿los derechos humanos de nuestros soldados no le importan a usted?
El soldado Luis Jampier Caraballo fue brutalmente asesinado por estos
criminales”, manifestó el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge
Rodríguez.
Los gobiernos de Perú, Brasil y Colombia negaron las acusaciones de Venezuela
sobre su participación en el ataque al cuartel militar.
¿Infiltrado?
El exdirigente estudiantil ha sido acusado varias veces por algunos venezolanos de ser un "infiltrado" dentro de la oposición, de sectores del oficialismo, y haber tenido supuestamente un trato privilegiado mientras estuvo preso en Caracas. En mayo de 2018 fue difundido un vídeo, cuando en marzo del mismo año en su sitio de reclusión, Fernández celebró su cumpleaños acompañado por otros privados de libertad y otras personas. El festejo incluyó hasta una piñata. En el vídeo se aprecia a Fernández divirtiéndose y en buen estado de salud.
Al opositor también lo han señalado de haber tenido o tener otros privilegios
que pocos saben a qué se deben, llevando a muchos a preguntarse si posee algún
tipo de vínculo o acuerdo con el sector oficial venezolano.
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