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| Mario Valdez, Manuel Isidro Molina, Pedro Torres Ciliberto |
Por Stephanie Lobo
Febres actuaría en representación de los intereses de Pedro Torres Ciliberto, empresario prófugo, quien huyó de Venezuela en 2010, tras ser acusado de la quiebra de los bancos de los que era propietario en el país suramericano. El TSJ reconocería así que la estación radial no ha dejado de pertenecer a Torres, incluso después de su huida por la quiebra de sus bancos.
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| Germán Febres Chataing |
Febres Chataing se ha disputado en tribunales, durante años, la propiedad de la radioemisora, con la periodista Elsa Siciliano, quien ha fungido en los últimos años como presidenta de Radio Rumbos (670 AM) y con el periodista Manuel Isidro Molina, director general de la estación.
Siciliano habría manejado la emisora gracias a un poder otorgado antes por Torres CIliberto y mediante las gestiones del abogado Mario Valdés.
Germán Febres y Pedro Torres Ciliberto, lograron sin embargo que en ponencia del magistrado Calixto Ortega, exdiputado a la Asamblea Nacional por el oficialismo, la Sala Constitucional decidiera ordenar la suspensión de la programación de la estación, obligando a los hasta ahora directivos a dejar sus cargos, desalojar la sede y hacer entrega de los equipos. Proviniendo de la Sala Constitucional del máximo tribunal venezolano, es de presumirse que el dictamen es inapelable.
Aquí explicamos quiénes son algunos de los personajes involucrados en la disputa legal.
Mario Valdez
Mario Valdes fue militante del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y amigo muy cercano de dirigentes fundamentales del partido, entre ellos Felipe Mujica, de quien fue vecino y muy allegado. Valdez también se ha vinculado al exdiputado del mismo partido, David De Lima, señalado en 2019 de mediar a favor de Alex Saab para que diputados opositores le concedieran cartas de buena conducta al empresario.
En sus inicios políticos surgió también su relación con fundadores del partido La Causa R, quienes provenían del MAS.
Mario Valdez tuvo amistad con Orlando García, exjefe de seguridad del expresidente Carlos Andrés Pérez, a quien Hugo Chávez, entonces militar, intentó derrocar en 1992.
Valdez fue abogado de “Hugo” Ojeda Negretti, personaje vinculado a movimientos guerrilleros venezolanos y quien estuvo preso por su presunta relación con varios atracos a bancos. Valdez fue consultor jurídico de medios impresos y abogado de figuras de la prensa en Venezuela.
Manuel Isidro Molina
Manuel Isidro Molina es licenciado en comunicación social, egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Ha sido columnista del semanario caraqueño La Razón y de otros diarios, semanarios y espacios web. Fue presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), entidad que agremia a comunicadores venezolanos, entre los años 1996 y 1998.
El periodista fue también diputado al entonces Congreso de la República de Venezuela entre los años 1989 y 1994 y posteriormente entre 1994 y 1999. Fue presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, 1994-1996. También fue miembro de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados de: Medios de Comunicación Social, Ciencia y Tecnología, Asuntos Sociales, Administración y Servicios, durante los períodos 1989-1994 y 1994-1999.
Figuró entre los posibles elegidos a ser designado como ministro de Comunicación e Información de Hugo Chávez en sus primeros años como presidente de Venezuela, aunque su designación nunca se produjo.
Sus críticos le han atribuido un gusto por el licor y una pasantía por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), como era conocida anteriormente la policía política de Venezuela, cuando el órgano era dirigido por el General de División Rafael Anibal Rivas Ostos. Allí, según sus críticos, sirvió de colaborador, informante y supuesto "infiltrado" en el chavismo.
Luego de pertenecer a varios partidos y no lograr conquistar la votación suficiente para volver al parlamento venezolano, el periodista se retiró del activismo político.
Pedro Torres Ciliberto
Pedro Torres Ciliberto es un empresario venezolano, actualmente exiliado. Fue dueño en Venezuela de las instituciones Central Banco Universal, Baninvest y Banco Real, así como de Seguros La Previsora, aseguradora expropiada en 2010. Según la investigación Panama Papers, pesquisa internacional que analizó los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca, Torres Ciliberto logró, con asesoría española, crear una estructura jurídica que, aún con la expropiación de la aseguradora, todavía rindiera ingresos para él. Desde 2010 Pedro Torres Ciliberto es prófugo de la justicia de Venezuela.
Torres fue dueño también de Seguros Premier. Central Banco Universal, Baninvest y Banco Real, fueron intervenidos en el año 2009 para su reestructuración y posteriormente fueron engranados en la constitución del estatal Bicentenario Banco Universal.
La operación más grande en la que estuvo envuelto Torres Ciliberto fue en la compra de La Previsora. De acuerdo con la investigación periodística Panama Papers, llevada a cabo por más de 300 periodistas en todo el mundo y que llevó a analizar documentos filtrados del bufete Mossack Fonseca, el inversionista venezolano probablemente preveía la expropiación de la aseguradora cuando comenzó la compra.
En julio de 2009 la empresa Lionesse Real Estate Corporation, propiedad de Torres Ciliberto y registrada por Mossack Fonseca en Panamá en 2008, pasó a adquirir todos los derechos de la compañía Freeway Global Ltd, dueña de Seguros La Previsora. El pago se había realizado un mes antes a través de títulos de deuda venezolanos, pero referenciados en dólares.
De acuerdo con Panama Papers, inmediatamente al haber adquirido Freeway, Torres Ciliberto mudó la empresa para A Coruña y buscó asesoría española. Esa asesoría llegó en manos de José Fraga, sobrino del fundador del Partido Popular español (PP). La asesoría produjo una estructura jurídica diseñada para preservar los intereses de Lionesse, en caso de una posible expropiación de Seguros La Previsora. Una parte del pago hecho a Fraga sería el 12% de las acciones de Freeway Global.
En 2010, una vez expropiada La Previsora, Mossack Fonseca ofreció a un bufete en Miami, representante de otra sociedad de Torres Ciliberto, la empresa Brookline Business S.A, la cual más tarde empezaría a comprar bienes inmuebles de Torres Ciliberto en Venezuela. Una de esas compras fueron las 50 mil acciones de Freeway Global Ltd.
A finales del año 2009 la fiscalía venezolana también mantuvo investigaciones bancarias en relación a los fondos públicos que fueron a parar en algunas de las instituciones bancarias presididas por Torres en Venezuela y que denominaron como operaciones sospechosas.
Dentro de los cargos se refiere el hecho de una supuesta compra simulada —por 450 millones de bolívares— de títulos cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. En esa fecha el Banco Real hizo la transferencia de la cuenta en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Inverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias, sin embargo, el dinero utilizado por el Banco Real fue procedente de Baninvest.
Un mes después de esta operación se registró la entrada de fondos procedentes de Banfoandes por la misma cantidad. El modo en que justificaron la salida del dinero fue por la compra de la empresa Seguros Premier CA, que utilizaban como forma de pago en los supuestos títulos valores, pero que de acuerdo con la Fiscalía, nunca existieron porque el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET) no tuvo su custodia.
Posteriormente, en el año 2010, la policía internacional (Interpol) publicó una orden de detención Internacional e incluyó a Torres Ciliberto en una lista de fugitivos en la que estaba solicitado en 186 países. La orden, no obstante, fue retirada luego de la base de datos de Interpol. Actualmente Torres se encuentra prófugo de la justicia de Venezuela.
El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico, reseñó Ewald Scharfenberg en panamapapersvenezuela.com.
En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles. Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran. La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas.
El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario. El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía. La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía. Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas para Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora.
Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas. En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol.
En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh. Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto. En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway. Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción.
En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation. ¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora? La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga. Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que, junto al venezolano J.H.V., pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco.
El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”. Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”. Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora. En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd. COMO PAGAR Y DARSE EL VUELTO.
Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense. Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse. En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF. El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL. Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez. En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008.
Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A. Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”. Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A. A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita.
Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas. Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febreo de 2014. Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes.
Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbecy Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation. El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelfcompanies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”. Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora.
El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción. En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business. Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd. El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuelase le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”. Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición. -
El venezolano Pedro Torres Picón se ha abierto camino financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue en Venezuela.
Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera de Venezuela, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el objeto de ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión, la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bienes de su propiedad.
Luego de autoproclamarse como “presidente interino” de Venezuela, Pedro Torres Picón formó parte del equipo de asesores del líder opositor Juan Guaidó, a quien acompañó en algunos de sus viajes.
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