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Policía española detecta más de 800 permisos de conducir venezolanos falsificados


La Policía Nacional española, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha interceptado en poco más de un año 807 permisos de conducir venezolanos falsificados y preparados para ser canjeados por carnés españoles, en una operación contra este tipo de fraude en la que han sido detenidas 800 personas en 19 provincias, entre ellos, 172 en Canarias.

Debido a la extensión de este actividad ilegal y a la operación que mantenía abierta la Policía Nacional, la DGT suspendió el pasado 15 de marzo el canje general de permisos de conducción entre Venezuela y España, salvo para conductores profesionales del país latinoamericano residentes en España.

La Operación Driver se ha desarrollado en tres fases iniciadas a principios del pasado año y ha concluido con la detención de 802 personas en Alicante (62), Asturias (22), Badajoz (4), Barcelona (17), Cáceres (4), Ciudad Real (16), Guipúzcoa (41), Jaén (4), Las Palmas (18), Madrid (185), Málaga (123), Murcia (23), Pontevedra (6), Santa Cruz de Tenerife (154), Sevilla (16), Toledo (38), Valladolid (56), Zamora (4) y Zaragoza (9).

Según informa la Dirección General de la Policía, además de los detenidos y de los documentos falsos, los investigadores también han intervenido en el transcurso de la operación 296 permisos españoles que ya habían sido canjeados, reseñó EFE.

Los poseedores de los mismos no han podido acreditar que dispongan de un permiso de conducir legal, con el consiguiente peligro que ello supone para la seguridad vial.

La Policía detalla que los detenidos obtenían la documentación falsa a través de redes sociales, donde grupos criminales ubicados en Venezuela les cobraban una media de 90 dólares y se comprometían a entregarles en dos o tres días, vía postal, la licencia venezolana para conducir.

Desde agosto de 2017, en Venezuela se emite un nuevo formato que no cumple con los requisitos legales requeridos para el proceso de canje, por lo que estos ciudadanos recurrían a grupos criminales para conseguir una falsificación del formato anterior.

El fraude se había extendido por todo el territorio español debido a que en las ciudades con mayor presencia de ciudadanos venezolanos tenían muchas dificultades para conseguir una cita en la Jefatura de Tráfico, por lo que las solicitaban en jefaturas limítrofes menos masificadas.

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