HABLE.SE

HABLE.SE

¿Por qué la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz es acusada de múltiples extorsiones?


Luisa Ortega Díaz, exfiscal general venezolana que desafió a Nicolás Maduro al ponerse del lado de sus oponentes, ha sido implicada en un importante caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano que se declaró culpable en Estados Unidos de pagar 1 millón de dólares en sobornos, dijeron dos personas familiarizadas con el caso.

Según un reporte de Joshua Goodman para The Associated Press (AP), la exfuncionaria, Luisa Ortega Diaz, no se menciona por su nombre en el caso federal de Miami. Pero al declararse silenciosamente culpable de un solo cargo de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, el empresario venezolano Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de $ 1 millón en sobornos a un «fiscal de alto rango» en Venezuela para evadir cualquier investigación sobre sus contratos con el gigante petrolero estatal PDVSA.

El funcionario venezolano no identificado es la exfiscal Ortega, dijeron las dos personas familiarizadas con el caso. Acordaron dar los detalles solo si no se citaban sus nombres, porque se suponía que no debían discutir la investigación, que aún está en curso.

Ortega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero el año pasado, cuando Fermín fue acusado, dijo que las acusaciones de soborno fueron provocadas por el arresto del hermano de Fermín en Venezuela y fueron un intento del Gobierno de Maduro de forzar una confesión y empañar su reputación.

Ortega, una admiradora desde hace mucho tiempo del fallecido Hugo Chávez, rompió con el Gobierno socialista de Venezuela en 2017, por lo que llamó el descenso del país a la dictadura, cuando Maduro desconoció la Asamblea Nacional controlada por la oposición y creó una asamblea constituyente paralela.

Por sus opiniones abiertas, fue destituida como fiscal general y huyó rápidamente a la vecina Colombia, donde ella y un equipo de fiscales exiliados agudizaron sus ataques contra la corrupción en Venezuela y proporcionaron pruebas a la Corte Penal Internacional de abusos de derechos humanos presuntamente cometidos por el Gobierno de Maduro.

Los aliados del líder de la oposición Juan Guaidó se unieron en su defensa, llamándola la fiscal general «legítima» de Venezuela y buscando aprovechar su deserción para construir una coalición más amplia contra Maduro.

Según una oferta fáctica de tres páginas muy redactada que acompaña a su declaración de culpabilidad, Fermín dijo que entre 2012 y 2016 sus empresas obtuvieron numerosos contratos importantes de tres empresas conjuntas de PDVSA con compañías petroleras extranjeras, entre ellas China National Petroleum Company, Rosneft de Rusia y Total de Francia. SA.

A principios de 2017, la oficina de Ortega tenía una investigación sobre la adjudicación de los contratos con las empresas conjuntas en la Faja Petrolífera del Orinoco, que se encuentran en la cima de las reservas de crudo más grandes del mundo, según la petición de Fermín. Casi al mismo tiempo, fue abordado por un abogado en Venezuela cercano al fiscal de alto rango anónimo con la promesa de que podría anular cualquier investigación criminal, dijo Fermín.

Al describirse a sí mismo como una «póliza de seguro», el intermediario «informó al acusado que tenía la capacidad de evitar cargos criminales», según el expediente judicial.

Posteriormente, dijo Fermín, transfirió aproximadamente $ 1 millón desde Estados Unidos a cuentas en beneficio del funcionario venezolano anónimo, incluido un pago de $ 100,000 a un banco en el suburbio de Coral Gables en Miami.

¿Quién es Luisa Ortega Díaz?


Luisa Ortega Díaz fue fiscal general de la República de Venezuela, hasta ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto de 2017, tras cuestionar las elecciones para la realización de la Asamblea Constituyente propuesta por Nicolás Maduro. Trabajó al lado del ex vicepresidente y ex fiscal general, Isaías Rodríguez, en causas laborales del estado Aragua. En el juicio que se le siguió a Iván Simonovis y al resto de los comisarios de la extinta Policía Metropolitana solicitó las penas más altas contempladas en la legislación penal venezolana. Su despacho conoce denuncias de torturas y homicidios atribuidos a la fuerza pública durante las protestas que se iniciaron a comienzos de febrero del 2014 en todo el país, reseñó el medio Prensa América.

En marzo del 2017, la fiscal se manifestó en contra de dos sentencias emitidas desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), denunciando que estas “evidencian una violación del orden constitucional y desconocen el modelo de Estado consagrado en la Constitución”.

Las sentencia 155 está orientada a habilitar al Ejecutivo para que pueda legislar en aspectos clave, sin contar con el aval del legislativo y en el marco del Decreto de Excepción aún vigente. Por su parte, la sentencia 156 establece que, por desacato de los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, la Sala Constitucional del TSJ se encargará de cumplir con las funciones parlamentarias.

Días después, el 1 de abril, Nicolás Maduro recibió a Ortega en Miraflores en relación a sus declaraciones.

Un artículo publicado por El Nacional el 4 de mayo de 2017 indica: “La fiscal general Luisa Ortega Díaz, bajo presión por criticar al gobierno que sirve, en una entrevista a The Wall Street Journal, condenó la represión contra los manifestantes, denunció la inflación estratosférica en el país y alabó la Constitución que el presidente Nicolás Maduro se propone eliminar”.

Días después, el 17 de mayo, la fiscal le hizo llegar una carta a Elías Jaua, quien fue designado para presidir la comisión presidencial de la Constituyente, en donde señalaba que una nueva Carta Magna generaría incertidumbre y desconfianza en lugar de coayudar a la “reconciliación nacional”. “Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”, señala el texto, reseñado por el diario El Nacional, y que fue filtrado y difundido por las redes sociales.

Durante una rueda de prensa realizada el 24 de mayo de 2017 desmintió las declaraciones hechas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, al decir que la muerte de Juan Pernalete -joven que perdió la vida en mayo durante la jornada de protestas opositoras- “se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. El fue impactado por una bomba lacrimógena”.

El 28 de junio de 2017 en una rueda de prensa dijo que la Asamblea Nacional no se encuentra en desacato como lo definió el TSJ. “Eso no existe. Quienes son ilegítimos son los magistrados del TSJ, que no aguantan una auditoría”, aseguró.

El 3 de julio de 2017 expresó en un video difundido por el Ministerio Público que rendirse no es una opción ante las personas que pretenden adueñarse del país y “gobernar sobre ruinas”. Dijo que el artículo 333 de la Constitución indica que los ciudadanos tomando o no la figura de autoridad, tienen que colaborar con el restablecimiento de su vigencia. “Por esto llamo a los que amamos esta patria, a quienes la sentimos, a quienes queremos calidad de vida, a quienes quieran que sus familias vuelvan a unirse y a quienes quieren que sus hijos regresen al país con oportunidades a defender pacíficamente y sin violencia lo que por derecho nos corresponde”, aclaró.

“(1) Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al Ministerio Público. (2) Responsabilizo al Sebin y a la GNB de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y sus funcionarios”, escribió el 6 de julio de 2017 en su cuenta oficial de Twitter.

Durante una rueda de prensa el 31 de julio de 2017, un día después de la realización de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció 8.809.320 de votos recolectados, anunció su desconocimiento de los resultados. “Me dirijo al país en mi posición de fiscal general y miembro del Consejo Moral Republicano para desconocer los presuntos resultados de esa constituyente presidencial”, indicó.

En una entrevista hecha por CNN el 2 de agosto de 2017 aseguró que su actitud con la situación del país siempre ha sido la misma. “Yo no he cambiado, siempre he sido la misma. Quienes han cambiado son otros. Revisen mi postura desde que fui designada fiscal general y verán que siempre he mantenido la misma posición. Creo que los que cambiaron son otros”, indicó.

El 18 de agosto de 2017 se dio a conocer por un comunicado de Migraciones de Colombia que Ortega Díaz llegó en compañía de su esposo, Germán Ferrer, a este país, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera de su cargo y amenazara con apresarla por supuestas irregularidades.

El 22 de agosto de 2017 Maduro solicitó a Interpol una orden de captura contra Ortega Díaz y su esposo Ferrer. Un día después, Ortega llegó a Brasil, país donde asistiría a la cumbre de fiscales del Mercosur. Según una información emitida por medios de comunicación brasileños allí hablaría de Odebrecht, de la corrupción en Venezuela y su situación.

El 16 de noviembre de 2017 denunció a Nicolás Maduro ante La Haya y aseguró tener más de 1.000 elementos probatorios de lesa humanidad cometidos desde 2015 hasta junio de 2017.

El 19 de febrero de 2018, durante un video transmitido en vivo por su cuenta Twitter, solicitó la captura internacional de Nicolás Maduro por el caso Odebrecht.

El 23 de marzo de 2018 fue acusada por Walid Makled de tener conocimiento en casos de narcotráfico y venta de armas de largo alcance a grupos subversivos en Colombia. Aseguró que, a pesar de tener este conocimiento, nunca procedió.

El 5 de noviembre de 2018, Ortega Díaz escribió a través de su cuenta en la red social Twitter: “He enviado una comunicación a la Procuraduría General de México para que nos informen sobre los términos del acuerdo reparatorio que anunciaron en el caso de los CLAP”. La otrora fiscal general, aseguró que el organismo mexicano dejó en evidencia un supuesto complot con funcionarios venezolanos, por lo que solicitó la información de los resultados de la reunión.

Luisa Ortega Díaz fue designada como Fiscal General de la República para el período 2007-2014. Se desempeñó en 1999 como Consultora Jurídica de Venezolana de Televisión durante la presidencia de Mari Pili Hernández y en abril de 2002 ingresó al Ministerio Público como fiscal de procesos, de la mano del entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, a quien conoció en Maracay, cuando ambos acompañaron la lucha de los trabajadores de la industria textil del estado Aragua.

Es abogada egresada de la Universidad de Carabobo, en cuyos años de estudiante militó en el grupo Ruptura, un frente abierto del Partido de la Revolución Venezolana, fundado por el dirigente político y ex guerrillero Douglas Bravo. Se graduó de Doctora en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional, en la Universidad Santa María y obtuvo una especialización en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello y otra en Derecho Penal en la Universidad Santa María.

Antes de ser nombrada como fiscal general, estuvo al frente de la Fiscalía sexta con competencia nacional, donde asumió buena parte de los casos emblemáticos que inició el fiscal Danilo Anderson, antes de ser asesinado. Entre ellos destaca el de los firmantes del decreto de Pedro Carmona; la acusación contra Carlos Ortega y otros de los líderes del paro de diciembre de 2002 y enero de 2003; la investigación contra la organización no gubernamental Súmate por haber recibido fondos del extranjero y la acusación contra los ex comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y otros ocho funcionarios de la Policía Metropolitana por el caso del 11 de abril, a quienes se les dictó sentencia condenatoria.

Ortega Díaz llegó a ser la Directora de Actuación Procesal del Ministerio Público, cargo del que se separó en noviembre de 2007 para integrar la lista de postulaciones de la que salió electa como Fiscal General de la República. Su designación, sin embargo, causó críticas en el Foro Penal Venezolano y otras organizaciones no gubernamentales, cuyos voceros reclamaron violaciones al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, por no haber convocado a un proceso público con representantes de diversos sectores de la sociedad civil.

Algunos también rechazaron su designación, tras advertir que aun siendo la representante jurídica de Multiconsumos Mónaco, una de las empresas involucradas en los señalamientos contra el ex gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt, no se inhibió como cabría suponer ante el conflicto de intereses y asumió la investigación como fiscal.

Al postularla en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, el diputado Mario Isea, del entonces Movimiento Quinta República (MVR), expresó que “tiene valentía demostrada (…) (en) el sabotaje petrolero (…) porque supo defender los intereses de la patria”.

En el acto de juramentación, celebrado el 21 de diciembre de 2007, Ortega Díaz afirmó que estaría abierta al diálogo con todos los venezolanos. “Juro ante Dios, juro en nombre de nuestra Constitución que seremos justos, equitativos, respetuosos de la garantía del debido proceso, de la dignidad humana y muy especialmente de los derechos humanos; pero también seremos, sin duda, celosos, cuidadores de la moral administrativa y de la ética pública como atribuciones fundamentales de su proceder”, dijo en esa oportunidad.

El Foro Penal Venezolano se reunió con representantes de la Fiscalía General de la República para denunciar 40 casos de torturas y tratos degradantes, atribuidos a funcionarios policiales y de la fuerza pública, en su actuación para contener la ola de protestas que sacudieron a varias ciudades del país entre febrero y marzo de 2014.

El 18 de febrero de 2014, como resultado de los daños al Ministerio Público ocasionados durante las protestas 6 días antes, el líder opositor Leopoldo López fue solicitado por la justicia venezolana para responder a estas acusaciones.

A pesar de esto, y de que el 11 de septiembre se determinó que durante los hechos violentos del 12 de febrero no hubo incendio en la sede del Ministerio Público, durante una entrevista en Venevisión la fiscal general de la República afirmó que en Venezuela no había procesados por casos políticos y que todos los presos obedecen a "delitos comunes". Del mismo modo, Ortega declaró que considera su gestión como una administración "transformadora", que fortaleció a la Fiscalía. En diciembre de 2014, sin embargo, fue incluida en la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos por los casos de violación de derechos humanos en las protestas.

En agosto de 2017 se conoció un video de cómo fue el allanamiento que realizaron funcionarios policiales al apartamento de la Fiscal General de la República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz.

Una vez dentro del apartamento de 300 metros cuadrados, se observaron las prendas de marca que utilizaba la funcionaria, además de las botellas de bebidas alcohólicas de alto costo y los cuadros con certificado de autenticidad.

Acusada de extorsiones

Pero hay también otros aspectos reseñables en el historial de la ex fiscal, quien supuestamente aspiraba a convertirse en presidenta de Venezuela en una eventual etapa de transición política.


Probablemente un mal pronóstico sobre un cambio de régimen en Venezuela, la llevó al enfrentamiento con Maduro y a ponerse del lado de la oposición, huyendo a Colombia y ofreciendo realizar denuncias ante las autoridades de Estados Unidos, ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero la ex fiscal, quizás ante algunos temores, no ha mostrado intención de asilarse en Estados Unidos.

Sobre su accionar al frente del Ministerio Público venezolano se han dicho cosas muy negativas, como que encabezaba junto a su esposo, el ex diputado Germán Ferrer, una supuesta red de extorsión a procesados de alto perfil, siendo supuestamente uno de ellos el empresario Alex Saab, desde cuyos pasillos saldría una revelación sobre la entrega de un millón de dólares para la entonces máxima autoridad del MP, asunto que al parecer el colombiano le recordaba, asegurando tener pruebas, cada vez que ella iniciaba embestidas contra él, obligando a la exfiscal a guardar silencio sobre el caso del barranquillero.

Pero antes, en varias ocasiones en las que anunciaba pruebas contra Alex Saab, la abogada habría gozado de la generosidad del colombiano.

Otras historias por algunos contadas son su especial vinculación, supuestamente romántica, con su asistente Gioconda González y las fiestas de connotación sexual a las que al parecer asistía por invitación de Antonio Chambra, propietario de las tienda Traki, a las que también eran invitados Alex Saab, su socio Álvaro Pulido y otros individuos vinculados al negocio de la venta de alimentos al régimen. La atracción de las fiestas eran hermosas misses y ex misses muy dispuestas a complacer a los invitados.

De acuerdo con indagaciones, presuntamente fiscales y directores del MP cobraban determinadas tarifas en dólares o bolívares para no imputar a delincuentes o culpar a personas inocentes. Hasta ahora han sido detenidos cuatro funcionarios.

Por esta red fue imputado y solicitado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado y esposo de la exfiscal, Germán Ferrer, quien actuó en complicidad con Pedro Lupera, fiscal 55 nacional; y Luis Sánchez, fiscal auxiliar 55 nacional.

El abogado José Parra Saluzzo también ha sido imputado por delitos de extorsión y abuso de poder. Se presume que su bufete cobraba las extorsiones y estaría implicado en casos de corrupción de la Faja Petrolífera del Orinoco.

El soborno de $ 800.000 que el empresario Alex Saab aseguraba haber pagado en Venezuela

Mucho antes que el Gobierno de Venezuela le asignase a Alex Saab el título de enviado especial, con estatus diplomático, el Ministerio Público venezolano lo investigaba tanto a él, como a su socio, Álvaro Pulido Vargas, por ilícitos en la venta de casas prefabricadas, a través de la compañía Fondo Global de Construcción; pero también, poco luego, por irregularidades en el suministro de productos a la red estatal Abastos Bicentenario. La investigación había partido de otra iniciada por la fiscalía de Ecuador, por la exportación de materiales de construcción que nunca llegaron a Venezuela, reseñó Cocky de la Torre en expresa.se.

En el mes de marzo del año 2016 se registró un allanamiento a las oficinas de Saab y Pulido, ubicadas en el Centro Empresarial Galipán, en Caracas. Allí funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) buscaban documentación que certificase irregularidades en los negocios que el dúo de empresarios mantenía con Abastos Bicentenario, mediante compañías registradas en Hong Kong,que habían recibido dólares preferenciales del Gobierno a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad). Los empresarios habían sido previamente investigados por ilícitos en la utilización del Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos), en el negocio de casas prefabricadas, caso que generó un intercambio de información y colaboración entre las fiscalías de Ecuador y Venezuela, mientras Galo Chiriboga fungía como Fiscal General de Ecuador y su homologa Luisa Ortega Díaz, llevaba las riendas de la fiscalía de Venezuela.

En un primer allanamiento a las oficinas de Saab y Pulido, la policía les incautó computadores y documentos. En un intento por controlar la situación, según una persona familiarizada con el asunto, los empresarios supuestamente ofrecieron sobornos a policías y fiscales, pero no cumplieron con las coimas.

Posteriormente se registró un segundo allanamiento, en el que la policía se hizo de otros computadores y documentos comerciales que incriminaban supuestamente a los empresarios en manejos dolosos. Pero no fue lo único que se llevaron de las oficinas, también incautaron pasaportes de ambos, aunque hasta la fecha pocos conocen si los pasaportes eran colombianos, venezolanos o de otra nacionalidad.

Pese a las circunstancias, los empresarios lograron salir de Venezuela utilizando otros pasaportes que tenían en su poder, obviando que tuviesen prohibición de salida del país o cualquier otra medida judicial que pesase en su contra. Su actividad en Venezuela permaneció así en vilo durante varios meses.

La exfiscal general Luisa Ortega Diaz, hoy exiliada en Colombia, poco ha dicho en crónicas periodísticas, de la investigación que adelantaba el Ministerio Público venezolano, entonces a su cargo, contra ambos socios. Lo único que sí ha reconocido Ortega es que en su huida de Venezuela se llevó con ella documentos incriminatorios que comprometían a Saab y Pulido.

Según una persona con conocimiento del caso, el propio Alex Saab confesaba a su círculo de allegados que había logrado paralizar la investigación de la fiscalía de Venezuela en su contra tras haber pagado, según el empresario, $ 800.000 a la entonces fiscal general Luisa Ortega Diaz.

Después de huir de Venezuela, Ortega hizo algunos pronunciamientos contra Saab, que en el círculo del empresario fueron interpretados como otros intentos de presionarlo para conseguir supuestamente nuevos sobornos del colombiano.

Sus compatriotas dudan de las acciones de Luisa Ortega Díaz

El 2 de diciembre de 2019, Luisa Ortega Díaz, a quien algunos países y la oposición venezolana reconocen como fiscal general de Venezuela en el exilio, envió una carta a Juan Guaidó, en su condición de presidente encargado de Venezuela, como es reconocido por varias decenas de naciones. Allí, Ortega solicitó copias certificadas de expedientes, registros documentales y comunicaciones emitidas por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, desde 2017 hasta 2019, en el marco de la colaboración institucional entre poderes públicos, prevista en la Constitución venezolana.

En la misma carta Ortega señaló que el petitorio se daba en el marco de la investigación penal iniciada por el Ministerio Público a su cargo, en virtud de los presuntos hechos de corrupción en los que incurrieron diputados miembros de la comisión parlamentaria. Esto después que aparecieran documentos firmados por asambleístas que certificaban que el empresario Alex Saab y su testaferro Carlos Lizcano no estaban relacionados con empresas incursas en corrupción con la venta de alimentos al Estado venezolano.

No obstante, algunos de sus compatriotas ponen en duda la rectitud de la llamada “fiscal general en el exilio”, pues estos acusan a Ortega de haber ocultado en el pasado pruebas contra Alex Saab. En fecha más reciente, han dicho igual de Ortega, señalándola de participar en una operación para proteger a los empresarios venezolanos Axel Capriles y Miguel Ángel Capriles López, quienes han extendido sus inversiones al negocio del ladrillo en España, a la sazón de la opacidad de los negocios que les permitieron a los Capriles labrarse una fortuna en Venezuela.

Lujos

La vanidad, excentricidades y lujos caracterizaron la vida en Venezuela de Luisa Ortega Diaz, la ex-fiscal general que se apartó del chavismo y reconoció como presidente al líder opositor venezolano Juan Guaidó.

Algunas referencias señalan que su apartamento en Caracas estaba repleto de joyas lujosas, obras de arte, prendas de diseñador, utensilios y un costoso autorretrato, por lo cual algunos venezolanos han pedido explicaciones acerca de cómo logró hacerse de todos esos privilegios, con un sueldo de fiscal general que no le permitía tener tanto.

El rescate suizo

El lunes 22 de julio de 2019 la ex-fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz arrancó una gira europea comenzando por Madrid, donde se reunió con personalidades del mundo político, pero en realidad el centro de aquel viaje fue Ginebra, donde tenía marcada dos importanntes actividades, una era verse con la doctora Michelle Bachelet, y la otra ir al edificio situado en Route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, donde operan las oficinas de la Procuraduría (Fiscalía) General de Ginebra, Suiza. Ella llevaba una encomienda especial y secreta, rescatar a dos de los implicados en el mil millonario robo contra PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero allá enjuiciados y arrestados producto de un proceso criminal por lavado de dinero que se tramitó en el expediente P/3072/2018.

Según el abogado venezolano Carlos Ramírez López, una megabanda hamponil se adueñó de la otrora poderosa industria petrolera de Venezuela para ponerla aparentemente al servicio de una revolución, pero en realidad para saquearla, tarea que se encomendó por primera vez al ex-ministro petrolero Rafael Ramírez quien la ejecutó concienzuda y despiadadamente tras la criminal e inolvidable puesta en escena por Hugo Chávez sonando un pito en cadena nacional de radio y televisión para despedir con burla al personal mejor capacitado de PDVSA -18.000 de ellos- a lo que prosiguió un inhumano ataque de sus bandas armadas en Los Semerucos en Falcón, sacando a rastras, con plomo y lacrimógenas a los residentes de aquella urbanización donde vivían cientos de trabajadores y sus familias. Inmediatamente después de aquella razzia se iniciaron las actividades de la organización delictiva que lo primero que hizo fue copar los sistemas informáticos de la compañía para manejar sus negocios.

Como narran reseñas de periodistas de investigación: Maibor Petit, Casto Ocando, entre otros, un pequeño empresario de nombre Wilmer Ruperti se atrevió a boicotear el paro de trabajadores de PDVSA, iniciado en diciembre de 2002. Así se ganó la simpatías de Chávez quien le dio patente de corso para hacer y deshacer allá adentro y rápidamente ubicó lo que sería una mina de oro, el centro computarizado, desde donde se manejan las actividades comerciales que incluyen subastas para la adquisición y comercialización de los productos, así como la fijación de precios para la compra y la venta. Un negocio tan grande necesitaba muchas manos y Ruperti trabó fuertes relaciones con Francisco Morillo y Leonardo Baquero. Era la cabeza de la organización que parasitó a la empresa robándole más de 10 mil millones de dólares.

Una trama de temas amorosos, infidelidades conyugales y ambición de dinero llevó a la ruptura del equipo de bandidos. Una fracción quedó con el poder de la compañía, la otra se extendió por distintas partes del mundo, lavando el dinero obtenido de aquella actividad. El grupo quedante organizó un plan judicial para quitarle a la otra la parte del botín que se había llevado. De allí nace la creación de un contrato de fideicomiso que firmaron en New York el entonces presidente de PDVSA, Nelson Luís Martínez y el procurador Reinaldo Muñoz, al cual PDVSA le cedió los derechos a perseguir los dineros con que se quedó ese grupo, del que casi un 80 por ciento se quedarían los abogados contratados para ejercer las acciones legales y los financistas de los juicios.

Al caerse en primera instancia la demanda en Miami, aún cuando continúa por apelación, impulsaron la que ya habían sembrado en Suiza por la vía penal y la cual inició el procurador Reinaldo Muñoz. La acción fue incoada expresamente contra Francisco Morillo y Leonardo Baquero. El Fiscal de Ginebra ordenó la incautación de gran cantidad de bienes y dineros que tenían en bancos y también les dictó orden de captura que se cumplió, pero luego les dieron libertad bajo fianza y con grilletes en los tobillos. Estos dos ya antes habían tenido relación con el actual procurador que nombró Juan Guaidó, el doctor José Ignacio Hernández a quien habían contratado como experto para que diera una opinión en el juicio en Miami.

Abogados de Morillo y Baquero le llevaron al procurador, doctor José Ignacio Hernández, copia de la acusación que se tramitaba en Ginebra y le pidieron que les ayudara. Hernández lo hizo pero a través de Luisa Ortega Díaz. Según dijo el abogado Carlos Ramírez López: “Por ello nos sacaba el cuerpo y desatendió nuestra petición de que se apersonara en el juicio para impedir el robo y para castigar a los ladrones. Por eso evadió nuestra reiterada petición de que nos diera copia de la carta que dijo haber enviado a las autoridades Suizas. Le explicamos que era para reforzar nuestro caso allá en Ginebra. De tanto insistirle un día dijo que nos la daría pero nos mintió, faltó a su palabra”.

Luisa Ortega Díaz está involucrada en esta trama. El expediente de Ginebra es secreto sumarial. La única manera de enterarse de su contenido es siendo parte. Luisa Ortega tenia copia sin ser parte, se la dio el doctor José Ignacio Hernández, quien la obtuvo de sus clientes Reinaldo Morillo y Leonardo Baquero. Asegura el abogado Ramírez López: “Y digo “sus clientes” porque ellos le contrataron y pagaron honorarios a él y al doctor Rafael Badel Madrid para actuar como expertos en este mismo juicio. Fue así como ella redactó el escrito que llevó ante el Procurador de Ginebra, escrito hecho para salvar a Morillo y a Baquero, pues solo se reduce a atacar las actuaciones del procurador de Maduro, el tal Reinaldo Muñoz, señalando que: “es un ilegítimo, no puede actuar en nombre de Venezuela ni de PDVSA”. Es el único argumento que ayuda a los ladrones porque busca la nulidad de todo el proceso, con el consiguiente levantamiento de las medidas de aseguramiento de bienes producto del robo a PDVSA y a que le quiten los grilletes a los reos dejándolos en tranquilo uso, goce y disfrute de ese mega botín”.

“Nosotros lo que hemos pedido es que se prosigan las investigaciones. Que se persiga a los delincuentes que han saqueado a PDVSA y los activos incautados se pongan a disposición del presidente Guaidó. Con razón ni José Ignacio Hernández, ni Luisa Ortega Díaz han querido apoyarnos, ellos andan en dirección opuesta. Y pensar que yo llegué a creer en que sí habían los angelitos negros de Andrés Eloy Blanco”, señaló Carlos Ramírez López.

Por esto sus compatriotas no perdonan a la ex-fiscal

La enemistad entre la ex-fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz y el ex-secretario de seguridad ciudadana de Caracas, ex-comisario Iván Simonovis, se se puso de manifiesto en 2019, cuando Simonovis, quien se encuentra exiliado en los Estados Unidos, ha sido noticia en medios venezolanos, al recordar que no le perdona la condena de varios años de prisión que Ortega logró se le impusiera, cuando era aliada del gobierno chavista, por los sucesos de Puente Llaguno, ocurridos en Caracas en 2002, en los que fallecieron varios manifestantes, a causa de disparos, que según el gobierno chavista les fueron propinados por policías al mando de Simonovis.

No obstante, se aseguraba que las declaraciones de Simonovis podían quizás beneficiar de una u otra manera a Ortega y a su esposo, el exdiputado disidente del chavismo Germán Ferrer, abriéndoles la posibilidad de que ante tantos enemigos en el exilio, quienes hoy son referencias políticas para la oposición venezolana, pudieran así, tanto Ortega como Ferrer, regresar a su país, del exilio en el que se encuentran en Colombia, después que huyeran al ser acusados de formar parte de una red de corrupción en el Ministerio Público venezolano.

En las redes se ha habló de un proyecto para que la pareja regrese a su país, a representar a una conformación de fuerzas de oposición contra Nicolás Maduro, previa negociación con el gobierno del mandatario chavista, que permitiría darle mayor legitimidad al gobierno de Maduro, mientras que Ortega y Ferrer gozarían de participación política. Pero el supuesto proyecto nunca vio luz.

El proyecto buscaría conformar una oposición integrada por antiguas piezas del chavismo, más razonable y dada al diálogo que la actual dirigida por el líder político Juan Guaidó.

Por otra parte, frente a las enemistades manifiestas hacia su padre, se habló de la posibilidad de que se les negara el asilo y fueran expulsados de los Estados Unidos Germán Ferrer (Germancito) y María Andrea Ferrer, hijos ambos del diputado Germán Ferrer.

Según algunas referencias, María Andrea Ferrer fue objeto de un secuestro semanas antes de que la actual pareja de su padre, la ex-fiscal general Luisa Ortega Díaz, se declarara en 2017 en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

Parte de los antiguos escoltas de Ferrer se habrían trasladado a España para solicitar asilo político.

Señalada de confabularse con antiguos “clientes”

La ex-fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, ha emprendido una campaña internacional en la que se promociona como supuesta «defensora de la justicia» venezolana, pero en privado, según la web Lechuguinos, no es más que la asociación de un bufete que recluta a quienes fueron sus clientes durante su gestión en el Ministerio Público venezolano.

Según Lechuguinos , la premisa es sencilla: “por los viejos tiempos”. Luisa Ortega Díaz contacta a aquellos delincuentes pertenecientes al crimen internacional, que en el pasado le pagaban jugosos dividendos por favorecerlos en sus causas dentro del MP, con la única condición de que estos mismos clientes señalen hoy a las actuales autoridades en dicha institución.

El modus operandi era extorsionar a presuntos delincuentes, a cambio de ofrecerles supuestos tratos preferentes en el MP, y librarlos a través de pagos en divisas.

En 2019 Ortega indicó insistentemente que el MP venezolano pretendía extraditar desde Colombia al Narcotraficante Yoel Palmar Vergel, quien en Venezuela y República Dominicana ha sido señalado como el líder del cartel del malecón; sin embargo, hay que señalar que durante su gestión como Fiscal y junto con el Director José Miguel Medina Sayago, ambos activamente y en el ejercicio de poder, favorecieron a este criminal.

Igual sucedió con Yldemaro Hernández (Miembro del cartel del Malecón, dirigido por Yoel Palmar) signado en el Ministerio Publico como MP-510182015, Número de expediente WP02-2015-000487 de fecha 03-02-2015, bajo el mando de Ortega Díaz y José Medina Sayago como director de drogas, solicitaron medida cautelar a favor de este ciudadano señalado de querer ingresar a Venezuela 414.820,00 USD en efectivo sin ser declarados, incautados el 03 de marzo de 2015 en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

No conforme con eso, a pesar de que la Procuraduría de República Dominicana había remitido prueba suficiente de la participación del ciudadano Yoel Palmar, la entonces Fiscal ordeno a Medina Sayago descartar al ciudadano en cuestión de la investigación.

En el caso de los 257 kilos de cocaína incautados el 10 de marzo de 2015 en la carretera nacional Lara-Zulia (MP-107970-2015) por orden de Luisa Ortega Díaz y de Medina Sayago se excluyó de las investigaciones a Yoel Palmar.

Este modus operandi del sindicato criminal que operaba en el MP bajo la dirección de Ortega Díaz, y con la esmerada participación de Medina Sayago, favoreció a Yoel Palmar de nuevo en el caso de los 349 kilos de cocaína incautados el 24 de marzo de 2016 en el aeropuerto internacional de la Romana, pese a las pruebas enviadas por la Procuraduría de República Dominicana, se volvió a excluir a Yoel Palmar de las investigaciones.

Luisa Ortega Díaz y José Medina Sayago dirigían personalmente el curso de las investigaciones en las que se encontraba sindicado Yoel Palmar, y en todas las causas fue desestimada la participación del capo, vale la pena preguntarse ¿a cambio de qué?

Ahora bien, Luisa Ortega Díaz afirma que “Venezuela” quiere extraditar al capo Yoel Palmar, con la finalidad de que la comprometa en crimines que ella, la “Inmaculada Fiscal” no ha cometido, que todo forma parte de una persecución política, y que los verdaderos extorsionadores son otros, todos, nunca ella que ejerció por 10 años como fiscal.

Basta con un análisis somero de las causas señaladas para determinar que, más allá de las dudas razonables que se presentan en cada uno, en todos los ejemplos citados Yoel Palmar fue favorecido por Luisa Ortega Díaz y José Medina Sayago, quienes ordenaron excluir al capo de las investigaciones y librarlo de cualquier sospecha, a sabiendas de las pruebas que habían en su contra.

Si hablamos de otros narcotraficantes buscados incluso por la justicia Estadounidense, hablemos de Walter del Nogal y de la gente que operaba el cartel de Vasily Kotosky los cuales fueron liberados en su gestión.

No se trató de una persecución política (que de eso sabe bastante Luisa Ortega Díaz y José Medina Sayago), se trató de una investigación criminal en contra de la jefa de un cartel de extorsión que operaba en el Ministerio Publico y que favoreció a todo aquel criminal que tuviera como pagar, llegando al punto de sacarle credenciales.

Consciente de que su situación era insostenible, que la cantidad de pruebas en su contra eran inocultables y que saldrían a la luz pública en cualquier momento, optó hábilmente por diseñar un rol mediático de perseguida política que le garantizara impunidad por los delitos cometidos.

Hoy en día, Luisa Ortega Díaz no deja de “trabajar” para sus antiguos clientes, como se puede inferir del caso del Yoel Palmar, quien gracias a las gestiones de “su defensora” logró sortear la extradición de la que estaba a punto de ser objeto desde Colombia hasta Venezuela, reseñó Lechuguinos.

Lejos de ser una perseguida política, Luisa Ortega Díaz es una prófuga de la justicia, que tiene que rendir cuenta por todos los delitos cometidos por ella y su cartel, que extorsionaron a cientos y persiguieron a miles durante el tiempo que estuvo a cargo del Ministerio Público.

Publicar un comentario

0 Comentarios