HABLE.SE

HABLE.SE

Senador mexicano Heriberto Galindo habría intentado cobrar en Andorra 127 millones de euros de PDVSA mediante fundación asociada a posible corrupción


El senador por Sinaloa Heriberto Manuel Galindo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planeó en 2011 un frustrado negocio con el que preveía cobrar 127 millones de euros a través de Andorra, un país europeo blindado entonces por el secreto bancario, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, reseñaron Joaquín Gil y José María Irujo.

El congresista fue socio de una firma uruguaya que firmó un acuerdo para asesorar en la ejecución de una planta eléctrica de la compañía pública Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) durante el último tramo del mandato del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

El senador y su socio en la empresa uruguaya, Daniel Sánchez Scott, esperaban cobrar 57,5 millones de euros por un “proyecto de asesoría inicial”. Y percibir hasta un total de 127 millones al culminar su trabajo de consultoría. La asesoría se centraba en una instalación proyectada por PDVSA en el poblado venezolano de El Manglillo, según los documentos, reseñó EL PAÍS.

Galindo no ocupaba ningún cargo público cuando planeó el negocio, pero era secretario adjunto a la presidencia del CEN del PRI, el órgano que toma las decisiones del partido tricolor. Antes de su desembarco en el Senado, el mandatario fue diputado federal (2012-2015), embajador en Cuba (2000-2001) y cónsul general de México en Chicago (1998-2000), entre otros puestos de una trayectoria dedicada a lo público que arranca en 1973.

A través de su sociedad uruguaya Mindaris, el político suscribió en 2011 un acuerdo de “prestación de servicios” con la fundación venezolana Terra Nova para cobrar de la petrolera estatal venezolana.

La Banca Privada d’Andorra (BPA), la institución financiera donde Galindo y su socio planearon ingresar 127 millones de PDVSA, se desmarcó de sus “clientes” en junio de 2011 después de que la entidad no recibiera la documentación requerida sobre la misteriosa operación con PDVSA. “Los clientes no se han presentado y la operación no se acaba de concretar, por tanto la desestimamos”, zanjó el banco en un acta confidencial.

Galindo niega a EL PAÍS haber tenido una cuenta en la BPA, pero admite que fue accionista en un porcentaje que “no recuerda” de la firma uruguaya Mindaris. Su socio en esta empresa, sostiene, “fue un amigo mexicano que falleció”. “Mindaris se creó, pero no desarrolló ningún proyecto. No puse ni un dólar. Ignoro si mi socio hizo gestiones con la BPA. No conozco el negocio del que me habla con PDVSA. Nunca estuve en Venezuela ni en Uruguay”, asegura por teléfono el congresista.

Pese a la negativa del representante priista, las actas confidenciales del departamento de prevención de blanqueo de la BPA recogen tres menciones a Galindo y a su socio entre marzo y junio de 2011. El hoy senador aparece como la segunda persona con más peso en el frustrado negocio millonario con la compañía pública.

El banco, incluso, tenía programada una reunión para aclarar detalles del negocio con el parlamentario y su socio, según los documentos. “Está prevista la visita de los representantes de las sociedades uruguayas”, anota la entidad el 31 de mayo de 2011.

Galindo aparece en documentos internos de la BPA como “ex PEP”, un apelativo que refiere a Persona Políticamente Expuesta, etiqueta que sirve en la jerga financiera para identificar a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción. Y es que el político priista, de 70 años, ocupa puestos en la Administración y empresas públicas desde 1973, cuando desembarcó como jefe de información en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Según los documentos, la sociedad Mindaris de Galindo tenía por objeto desarrollar estudios de viabilidad de una planta de generación eléctrica en Venezuela. Y selló un “acuerdo de prestación de servicios” con la Fundación venezolana Terranova que, a su vez, iba a recibir fondos del Gobierno chavista a través del Banco Nacional de Venezuela.

La BPA pidió al socio de Galindo información sobre la entidad intermediaria en el negocio con PDVSA, la Fundación Terra Nova. “Tenemos pendiente aclarar quién es el fundador de la ONG y una auditoría de la misma”. Y ante la negativa, el banco decidió en abril de 2011 encargar un informe sobre esta institución a la asociación académica privada International Center of Economic Penal Studies.

El documento de este organismo conecta a la supuesta ONG con un rosario de irregularidades. “La Fundación Terra Nova tiene cometidos bastante vagos […]. Desde su formación en Bolivia, se encuentra bajo indagatoria preliminar de la DEA de los EE UU. Se analiza el origen de los fondos presuntamente vertidos por Venezuela […]. Abundan las comisiones externas, triangulaciones inexplicables, contratos de consultoría muy gravosos…”, recoge un informe que vincula la entidad con “el círculo de Chávez”.

“En primera instancia, parecería un proyecto político, pero las fuentes de EE. UU. perciben que [la Fundación Terra Nova] puede ser la pantalla de fuente de corrupción”, añade el texto, que se nutre de distintas agencias gubernamentales estadounidenses e Interpol.

Siga leyendo en EL PAÍS

Publicar un comentario

0 Comentarios