El caso Banco Popular amenaza con generar problemas en Citi, uno de los mayores bancos de inversión a nivel mundial. Esta entidad protagonizó parte de la declaración de un exdirectivo del Popular el pasado martes, con puntos que reflejan que e banco de inversión estuvo metido de lleno en el asesoramiento a Santander para la compra de junio de 2017, reseñó J. Zuloaga en El Confidencial.
Según fuentes españolas de justicia, estas palabras chocan con lo que respondió Citi a la Audiencia Nacional en marzo de 2018, tras un requerimiento del juez Fernando Andreu, posteriormente sustituido por José Luis Calama: “Citibank España SA no ha participado de manera alguna en la adquisición de Banco Popular por Banco Santander, por lo que no le resulta posible el cumplimiento de lo interesado en oficio de referencia”.
En el mismo Andreu pedía al banco de inversión cualquier informe “relativo al análisis del estado financiero de Banco Popular, así como documentación enviada al Banco Santander detallando los riesgos de la operación de adquisición” del Popular.
Una de las posibles explicaciones de esta respuesta en marzo de 2018 es que Citibank España no fue la filial del grupo norteamericano que asesoró a Santander, sino a una sociedad londinense, donde suelen implantarse los negocios de banca de inversión. Aun así, las fuentes consultadas ven arriesgado que no se comentara esta situación en el escrito a la Audiencia. Desde Citi, no hicieron comentarios.
Junto a este punto la declaración de Miguel Ángel Moral, ex secretario general técnico, reveló que Citi aconsejó a Santander comprar Popular manteniendo el compromiso de pago de la deuda subordinada Pero la oferta ganadora presentada por la entidad presidida por Ana Botín fue de 2 000 millones de euros, ya que fijaba quedarse la entidad por un euro tras reducir a cero el valor de varias emisiones de bonos valoradas en 2 000 millones. El responsable de este asesoramiento fue José Meseguer, directivo de Citi que está afincado en Madrid.
El testimonio de Moral también arrojó contradicciones en las declaraciones de la presidenta del Santander y del exvicepresidente Rodrigo Echenique al señalar que la entidad hizo una oferta informal de 7.000 millones por Popular a finales de 2016, tras estudiar formación aportada en un ‘pendrive’ Frente a ello, Botín señaló que “en 2016 [Popular] hizo un acercamiento al banco para preguntarnos si estábamos interesados en adquirir Popular, pero quedó en nada”.
Según Moral, el salto de estudiar ofrecer 7 000 millones a comprar el banco por 2 000 millones se debió a que “Santander se aprovechó de su condición de único comprador para ofrecer lo menos posible”.
El exdirectivo se desligó de todo lo que pasó en Popular en materia de provisiones, de lo que responsabilizó al ex consejero delegado Francisco Gómez y al ex interventor general Javier Moreno y dijo que estos no tenían la confianza de Banco Central Europeo (BCE), ya que “había desvíos continuos de los planes de negocio, por un exceso de voluntarismo y optimismo que luego se quedaban sin materializar”.
Mora también apuntó que la Junta Única de Resolución (JUR) revisó la estrategia del Popular y pidió información al BCE ya en marzo de 2017, tres meses antes de la resolución, algo que no gustó al juez Calama. El jueves, declaró el expresidente del Fondo de Reestructuración, Jaime Ponce, y en las próximas semanas debería hacerlo la presidenta de la JUR, Elke König.
Alertan de que ambas empresas, contrataron al comisario de forma clandestina. Este fue uno de los puntos que se valoraron a la hora de imputar a BBVA como persona jurídica.
“Las irregularidades tienen una explicación, y es que en realidad lo que se está contratando (.-.) es algo ilegal, por lo tanto eso justificaría que la contratación fuera clandestina y que se saltaran todas las normas”. Estas palabras de la Fiscalía Anticorrupción en los interrogatorios del caso Repsol CaixaBank resumen su postura sobre los controles internos de la petrolera y el banco catalán.
Tanto el fiscal como el juez Manuel García Castellón hicieron duros interrogatorios el pasado 7 de mayo a Isidre Fainé, presidente de Fundación la Caixa y expresidente de CarxaBank y a Antonio Brufau, presidente de la petrolera, en los que apuntaron en más de una ocasión a los fallos de control interno en la contratación de Cenyt. Estas empresas compartieron los servicios de la empresa del comisario para investigar la alianza entre Pemex y Sacyr en 2011, con la que querían ganar influencia en la petrolera. Este movimiento se anuló tras la destitución de Luis del Rivero al frente de la constructora.
“Resulta que el escenario es el siguiente: una gran empresa, como CaixaBank, hace un contrato que es verbal, no es escrito es verbal, no hay un contrato. Los entregables, los documentos que plasman los servicios, no se entregan, y los que se entregan no constan en los archivos. Las facturas tienen un concepto que no responde al servicio prestado. El acta de proveedor que se da en CaixaBank no es el que emite las facturas, es una persona distinta. El Sr Massanell [exdirector de Medios] tiene que visar una de las facturas porque alguien (entiendo) le dice que hay algún problema. Es decir, toda la normativa de contratación y compras se incumple en el ámbito de CaixaBank. La pregunta es” ¿eso es una casualidad o puede haber algún elemento que explique por qué pasa eso”, preguntó el fiscal durante el interrogatorio a Fainé como investigado.
Lo mismo ocurrió en la declaración de Brufau, al que el fiscal le dijo “En el informe del oficial de cumplimiento de Repsol, aportado al procedimiento, se habla de la obtención de información de ¡inteligencia, mercantil, financiera y demás. Sin embargo, como le digo, los informes aportados al procedimiento no se corresponden con ese encargo. Las facturas emitidas por esta empresa no hacen referencia a ese tipo de encargo, sino que recogen unos conceptos totalmente ajenos al encargo recibido. ¿Existe alguna explicación?”.
Por su parte, el juez García-Castellón fue especialmente agresivo con Brufau “¿Usted cree que con ese círculo cerrado, el jefe de Seguridad de una grandísima empresa, como es la suya o la otra realmente va a atreverse a un tráfico de llamadas, unos seguimientos, unas informaciones muy personales que rompen la intimidad de las personas, sin la autorización [superior]?
Preguntados por este presunto fallo de los controles internos, desde el banco catalán señalan que “CaixaBank colabora con la Administración de Justicia y no realiza comentarios sobre las diligencias de instrucción al ser reservadas conforme señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Desde Repsol, tampoco comentan.
La petrolera presentó ante la Audiencia un informe de auditoría interna que concluyera que “la aprobación de os pedidos en los sistemas [y las facturas] se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento definido’ y que “no consta objeción por parte de área de Intervención a la liberación de los pedidos” En la investigación interna de CaixaBank, también se apuntaba que “Asesoría Jurídica indicado que los hechos descritos no son constitutivos de delito”.
En su declaración, Brufau también indicó que “en situaciones excepcionales como es de urgencia, de especialización, de confidencialidad, no necesariamente se tiene que pasar por el departamento de Compras”. Por su parte, Fainé alegó que “pasan muchas cosas en una empresa como CaixaBank, con 15 millones de clientes, pasan muchísimas cosas Hay un equipo directivo no me haga usted ahora mirar las facturas, porque nunca lo he hecho”.
Estos presuntos fallos de control interno fueron uno de los motivos que llevaron a la Audiencia a imputar a BBVA como persona jurídica en julio de 2019, dentro de la misma causa de Villarejo En aquella ocasión, el juez García Castellón justificó que “se hace necesaria esta imputación para determinar en qué medida la ausencia de mecanismos adecuados de supervisión y la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial fueron medios de los que el banco pudo haberse valido para facilitar la contratación con los terceros objeto de investigación en la presente causa”.
Junto a ello, el magistrado valoró “el beneficio empresarial y personal que estos servicios lícitos les reportaban”, como ocurrió en el caso de BBVA. Los primeros espadas de Repsol y CaixaBank negaron en la Audiencia que los trabajos de Cenyt ofrecieran ningún tipo de información relevante. De hecho, tanto Brufau como Fainé situaron la contratación de Cenyt a mediados de octubre de 2011, cuando De Rivero ya tenía un pie fuera de Sacyr.
Desde el entorno de Repsol y CaixaBank, defienden que sus casos no tienen nada que ver con el de BBVA, ya que la contratación de Cenyt fue esporádica unos meses frente a más de una década y los importes de las facturas también mucho más reducidos -400 000 euros entre ambos-, frente a los más de 10 millones del banco vasco.
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