La decisión de los legisladores alineados con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de destituir al fiscal general del país puede significar el fin de varios casos cruciales en torno al crimen organizado, reseñaron Alex Papadovassilakis y Seth Robbins en InSight Crime.
El 1 de mayo, durante la primera sesión de la nueva Asamblea Nacional de El Salvador, el Congreso votó a favor de destituir al fiscal general Raúl Melara. El fiscal había anunciado públicamente que el Ministerio Público había abierto investigaciones en torno a las supuestas ganancias de la administración Bukele relacionadas con el gasto durante la pandemia y las negociaciones con pandilleros de la MS13.
El Congreso, controlado por el partido de Bukele, también votó a favor de destituir a cinco jueces de la Sala Constitucional, y 64 de los 84 legisladores aprobaron ambas decisiones, según informó El Faro.
El partido de Bukele, Nuevas Ideas, tiene una mayoría abrumadora de 56 legisladores en la Asamblea Nacional. Pero poco después de la votación en el Congreso, los magistrados de la Sala Constitucional respondieron que la votación era inconstitucional.
Los legisladores del partido gobernante defendieron la decisión, alegando que los jueces habían violado la Constitución cuando fallaron en contra de las medidas del gobierno para enfrentar la pandemia. El año pasado, Bukele intentó imponer una cuarentena estricta y ampliar los gastos de emergencia. En agosto de 2020, los jueces dictaminaron que las medidas violaban los derechos humanos y carecían de transparencia.
Los legisladores de la oposición —con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)— rechazaron la destitución de los jueces, pues consideran que la decisión fue antidemocrática y viola la Constitución del país.
La decisión provocó fuertes críticas de grupos de derechos humanos, así como de funcionarios estadounidenses, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, quien expresó en un tuit que, tras la votación, Estados Unidos tenía «serias preocupaciones» con respecto a la democracia de El Salvador.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien sostuvo una conversación telefónica con Bukele después de la sesión legislativa, también expresó su preocupación por la destitución de Melara, quien asumió el cargo como fiscal general en 2019. Melara «está luchando contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz en los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador», expresó Blinken en un comunicado.
Bukele rebatió estas críticas de la comunidad internacional, diciendo en un tuit que «estamos limpiando nuestra casa» y que «eso no es de su incumbencia».
Melara fue sustituido por el abogado Rodolfo Delgado, quien se desempeñó durante 13 años como director de la unidad contra el crimen organizado adscrita a la Fiscalía General de la República, durante las administraciones previas del FMLN y ARENA, y se retiró en 2014. Minutos después de ser nombrado fiscal general, Delgado dijo que no tenía vínculos con el partido de Bukele, actualmente en el poder.
Análisis de InSight Crime
Si bien los críticos de la destitución de los jueces temen por el futuro de la democracia de El Salvador, las medidas tomadas por el Congreso también podrían tener consecuencias nefastas para el Estado de derecho.
Por ley, el fiscal general y el presidente de El Salvador operan independientemente el uno del otro. Pero, desde que asumió el cargo, Bukele se había acostumbrado a presionar públicamente a Melara, incluso en Twitter.
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