La Brigada Provincial de Extranjería de España ha culminado una macrooperación contra la trata de personas que, a diferencia de lo habitual (para ejercer la prostitución), obligaba a sus víctimas a vender droga como compensación para pagar una supuesta 'deuda' por trasladarlos a Europa. Los investigadores han constatado beneficios de entre 45-50 millones de euros de beneficios de esta organización en los dos años de pesquisas, pero llevaba operando alrededor de diez años en Madrid.
En el dispositivo, del que están dando cuenta la delegada del Gobierno, Mercedes González, y los responsables máximos de la Policía Nacional en Madrid, han sido detenidas 39 personas.
Entre los encartados está el cabecilla de la red de narcos, que dirigía la estructura, y también los cobradores de las 'oficinas' desde las que se controlaba y gestionaba la venta y distribución del estupefaciente, así como las coacciones a los deudores, reseñó Carlos Hidalgo en ABC.
Trasladaban a las víctimas desde Colombia, y luego les presionaban para que pagaran los gastos del viaje y la manutención en España. Les hacían vender el estupefaciente mediante la técnica de la 'tele-coca', que ha sufrido un repunte durante la pandemia y el confinamiento.
Río Grande
La operación Río Grande sienta un precedente extraordinario, como ha destacado el comisario jefe de la Brigada de Extranjería, Luis Mayandía: «Un análisis nos permitió observar que procedentes de Don Matías (Antioquia) había un perfil de muchachos que se dedicaban al menudeo de droga en Madrid. Tras casi dos años de investigación, nos ha permitido delimitar quién formaba parte de la investigación y quién era una víctima».
El inspector jefe Tomás Santamaría ha especificado que las víctimas son muy jóvenes, de entre 20 y 25 años, todas de la misma localidad. Las pesquisas comenzaron a raíz de parar a estos chavales por la calle e incautarles pequeñas cantidades de droga y ver que todos procedían de la misma ciudad colombiana. Los agentes consiguieron que cuatro de ellos colaboraran como testigos protegidos.
Una vez captados en Colombia, «aprovechando su vulnerabilidad porque hay muy poca salida de trabajo para los jóvenes allí, especialmente mujeres que tienen hijos pequeños, les ofertaban un trabajo en hostelería y servicio y les traían a España». Les metían en uno de los pisos que controlaban y tenían que pagar la deuda por el billete de avión, la manutención y un teléfono. La deuda se incrementaba de manera exponencial de distintas maneras, de modo que nunca la podían acabar de pagar: si eran interceptados en la calle con 4-5 euros de cocaína, tenían que pagarla de su bolsillo, por ejemplo.
Un grupo élite de la Policía Nacional española desarrolló la operación denominada Río Grande, que condujo al arresto de varias personas de nacionalidad colombiana, según dijeron fuentes familiarizadas con el asunto que no quisieron ser identificadas por no estar autorizadas para ofrecer declaraciones, reseño Lola Solís el pasado 1 de mayo en expresa.se.
El operativo fue desarrollado por un grupo élite de la Policía Nacional en una región de España que no se ha logrado precisar aún, tras un trabajo de investigación policial contra un grupo de colombianos implicados en tráfico de droga y lavado de activos.
La operación fue bautizada «Río Grande», pues la mayoría de los extranjeros arrestados provendrían de un pueblo denominado Riogrande, localizado en el departamento de Antioquia, rondado por el río Grande en Colombia.
Pasados los 90 días del visado de turista, se convertían en irregulares. Pagaban 6.000 euros para contraer matrimonio con alguien de la organización y así tener los papeles, y eso se sumaba a la deuda, «que se volvía insoportable».
En cuanto al cabecilla, solo se comunicaba con sus cuatro o cinco lugartenuentes, que a su vez tenían a los que llamaban 'pegaditos' (5-10 personas cada uno). Trabajaban en veinte pisos que funcionaban de 'call centers', donde llamaban los que pedían la droga. Desde otros teléfonos contactaban con los repartidores para que llevaran la mercancía a los clientes a sus casas. Para trasladarse, usaban taxis o vehículos VTC, cuyos conductores recibían 10 euros por traslado.
Se han detectado a nada menos que 200 repartidores, que distribuían una media de 200 gramos semanales. Esto supone 16 kilos de cocaína en ese periodo (el gramo está a unos 60 euros). Recibían la llamada de un lugarteniente y les entregaban los 200 gramos y los esclavos les daban el dinero. Debían estar disponibles desde las 10 de la mañana a las 11 de la noche. Cuando no había toque de queda, ellos mismos lo entregaban, incluso a las 4 o 5 de la madrugada, cualquier día.
El líder de la trama ya cumplió 10 años de condena por un delito contra la salud pública. Lleva aquí afincado 15 años. En cuanto a las víctimas, la Policía ha captado a 100, pero solo diez han sido colaborado, por miedo a las represalias de los narcos a sus familias en Colombia.
En este operativo han participado 200 funcionarios, en Madrid capital y varias comisarías locales. Se han practicado doce registros e incautado de «una enorme cantidad de dinero». El cabecilla tenía tres domicilios, donde guardaba numerosa dcumentación, pues lo apuntaba todo, por lo que no se descartan más detenciones. También había muchas joyas.
Este sujeto se movía con coches y en zonas de perfil bajo y estaba obsesionado con no llamar la atención y con su propia seguridad. Un día fue parado porque se saltó el confinamiento de su zona básica de salud y al día siguiente mandó ese coche al desguace. El móvil lo tiró por la ventana minutos después.
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