La escalada de violencia entre las fuerzas de seguridad y una banda que antes gozaba de protección oficial en una región minera de Venezuela, permite entender de qué manera la ruptura de las alianzas criminales y políticas puede conducir a conflictos abiertos, reseñó InSight Crime.
El Sindicato de El Perú, que extorsiona a mineros ilegales y opera plantas procesadoras de oro crudo en el sur del estado Bolívar, ha sido blanco de operaciones de seguridad durante el último año y medio. Las acciones han llevado a arrestos y asesinatos de miembros de la banda, aunque sus dos principales líderes, conocidos como «Toto» y «Zacarías», se mantienen en pie.
Una de las respuestas de la banda a los ataques se produjo a finales de marzo, cuando dos hombres armados interceptaron un camión que transportaba a Wuihelm Torrellas Martínez, exintegrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Los hombres tomaron como rehén a Torrellas Martínez y le exigieron 15 kilos de oro para su liberación. Los captores decapitaron a su guardaespaldas, pero él logró escapar, según Infobae y medios venezolanos.
Luego, en el mes de abril, circuló un video en el que un miembro del Sindicato de El Perú, rodeado de miembros de la banda enmascarados y armados con fusiles de asalto, hace una referencia velada al secuestro de Torrellas Martínez, diciendo que «un rehén no escapa si sus captores no lo dejan ir», informó El Pitazo.
#Bolívar
— Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) April 1, 2021
Un grupo irregular portando armas de fuego quienes se identifican como “La Base del Perú”, hacen una serie de denuncias así como un llamado al gobierno nacional para que tomen acciones ante la presunta corrupción en sector en el Callao, Edo. Bolívar.
Vídeo 1/2 pic.twitter.com/TpsoLEjqh8
En el video, el mismo hombre también exige que el presidente Nicolás Maduro envíe una comisión en un plazo de 78 horas para investigar los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en el municipio de El Callao, bastión del grupo. Si no se cumplían estas condiciones, afirmaba el grupo, atacarían a las fuerzas de seguridad en Bolívar y en otras partes del país.
La respuesta del gobierno nacional consistió en enviar tropas a El Callao y emitir un toque de queda para los residentes, según un informe de El Pitazo. El aumento de la presencia militar en la zona llevó a miembros de la banda a trasladarse a otras zonas mineras de Bolívar, como Nacupay.
Y sin embargo, el año pasado, parecía que el grupo estaba a punto de sucumbir. En septiembre de 2020, luego de que diez de sus miembros supuestamente cayeran abatidos en el lapso de un mes, El Sindicato del Perú envió otro video a Maduro, pidiendo un «diálogo, ya que nos encontramos en una guerra que no tiene sentido por defender nuestros derechos humanos, nuestro trabajo, nuestro pueblo» y en el que afirmaban que llevan siete años combatiendo a grupos armados.
Análisis de InSight Crime
Después de haber operado previamente bajo acuerdos de protección, el Sindicato de El Perú aparentemente se ha vuelto en contra de los planes de un alto funcionario del gobierno para controlar la región minera de Bolívar, que es cada vez más importante para mantener a flote al régimen.
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