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Dirigente opositor venezolano Rolando Figueroa pide nuevamente asilo en España ante posible extradición tras ser acusado de estafa


El opositor venezolano Rolando Figueroa, que se encuentra detenido en la prisión de Teixeiro (A Coruña) a la espera de ser extraditado a su país de origen, donde el Gobierno de Nicolás Maduro le reclama por un presunto delito de estafa, ha vuelto a pedir asilo –el primero le fue denegado– reivindicando que es víctima de una “persecución política”.

Figueroa, miembro del partido opositor Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López y Juan Guaidó, se entregó el miércoles 16 de junio en el Juzgado de Instrucción Número 6 de A Coruña, ciudad en la que vive junto a su mujer y sus hijos, todos ellos de nacionalidad española, desde que la familia regresó a España procedente de Venezuela en 2017 debido a la difícil situación en la nación caribeña.

Del juzgado fue trasladado a la prisión de Teixeiro, donde permanece a la espera de ser extraditado en cualquier momento, según ha informado a Europa Press el bufete Ismael Oliver Abogados, que ha asumido la causa ‘pro bono’. No obstante, al mismo tiempo que se puso a disposición de las autoridades volvió a solicitar asilo, por lo que sus representantes legales confían en que la entrega a la Justicia venezolana se suspenda hasta que se resuelva dicha petición, reseñó Europa Press.

Figueroa se entregó por consejo de sus abogados después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictara un auto con fecha 7 de junio ordenando su búsqueda, detención, ingreso en prisión y puesta a disposición de la Policía Internacional (Interpol) para que ésta a su vez se ocupe de remitirlo a las autoridades venezolanas.

Caracas pidió su extradición en 2018 por, supuestamente, haber estafado 100.000 euros a una mujer que habría pagado por un tratamiento médico que nunca recibió. La empresa con la que lo habría contratado pertenecía a Figueroa y otro socio, que está en Venezuela. Sin embargo, el opositor asegura que ya había salido de la mercantil en las fechas en las que se habrían producido los hechos denunciados.

Figueroa apunta a una clara significación política del caso, dado que la mujer es Mayerling Rojas, vinculada al aparato oficialista y a quien ya conocía de su breve paso por el Ministerio de Interior y Justicia. Allí coincidieron, ella como directora general de Derechos Humanos y él como asesor jurídico. De acuerdo con el relato del opositor, fue cesado por discrepancias ideológicas con Rojas y ella le espetó: “Te vas a acordar”.

Tras su salida del Ministerio, se embarcó en la militancia política ingresando en las filas de Voluntad Popular y organizando y participando en movilizaciones opositoras, incluidas las fuertes protestas que tuvieron lugar en 2017 en las calles de Caracas contra las elecciones a la Asamblea Constituyente convocadas por Maduro.

Así se acredita además en dos cartas, una firmada por VP y otra por el también partido opositor La Causa R, donde se dice que participó “activamente” pero con un “rol pacífico” en dichas manifestaciones. “Su labor diaria se basó en concienciar de boca en boca a la ciudadanía de las consecuencias políticas, sociales y económicas que causarían la ruptura del hilo constitucional”, indican.

En su momento, Figueroa solicitó la nacionalidad española y el asilo, pero ambas cosas le fueron denegadas, razón por la cual la Audiencia Nacional en noviembre de 2019 autorizó su extradición a Venezuela. De acuerdo con la defensa, esgrimió que era un opositor de base, esto es, sin la suficiente relevancia como para ser perseguido por razones políticas.

El Gobierno ratificó la decisión judicial en un acuerdo del Consejo de Ministro alcanzado el 21 de julio de 2020, aunque su vuelta a Venezuela quedó suspendida hasta que el Gobierno de Maduro informara sobre los planes de traslado de Figueroa en el contexto de la pandemia de coronavirus. Finalmente, las autoridades venezolanas contestaron el pasado 3 de junio, reactivando con ello la extradición.

La nueva petición de asilo, con la que el miembro de Voluntad Popular busca demostrar que es víctima de “persecución política” por parte del Gobierno de Maduro, daría lugar a la suspensión del proceso extraditorio hasta que se resuelva.

Marifé, su mujer, ha reconocido en declaraciones a Europa Press que no pensaban que “iba a llegar a este punto” y por eso confía en que los abogados puedan “sacarlo lo antes posible”. Su marido, con el que ha podido hablar esta mañana, se encuentra por el momento aislado por la COVID-19.

Así las cosas, ha apelado a las autoridades españolas que esta vez “lean la solicitud de asilo”. “No se pide para que permanezca en España, ya que se encuentra de forma legal y tiene permiso de residencia por 5 años sino porque es necesario”, ha defendido, deseando que esta vez “llegue a buen fin”.

Marife espera que el hecho de que ella es española y Figueroa es “padre de dos españoles” pese en la decisión, al igual que el hecho de que los cargos contra su marido, con el que lleva 13 años casada, son “infundados”. “Es una persecución política disfrazada con un hecho común”, ha denunciado.

Por otra parte, ha indicado que están en contacto con Voluntad Popular y ha incidido en que su líder, Leopoldo López, “está casi en la misma situación”, ya que Venezuela ha solicitado su extradición al Gobierno español y podría seguir el “mismo camino” que su marido.

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