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El escándalo de corrupción “Cochinilla” es una nueva prueba de fuego para el sistema judicial costarricense


En un momento en que las élites socavan las iniciativas anticorrupción a lo largo de Centroamérica, en Costa Rica los fiscales han abierto una investigación de amplio alcance sobre un esquema de dádivas entre funcionarios de gobierno y ejecutivos de la construcción, una prueba de fuego para el sistema de justicia del país, reseñó Parker Asmann en InSight Crime.

A mediados de junio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 57 allanamientos, incluidos varios en las oficinas de altos asesores de la presidencia, en conexión con una estructura en la que firmas constructoras ofrecían dádivas, propiedades, vehículos de lujo y favores sexuales a cambio de un trato preferente para asegurar contratos gubernamentales en proyectos de infraestructura. Se hicieron 30 arrestos en lo que se ha llamado el caso “Cochinilla”, según un comunicado oficial.

Entre 2018 y 2020, las autoridades estiman que los servidores públicos se apropiaron de manera indebida de cerca de 78 mil millones de colones (unos US$125 millones). Los ejecutivos de la construcción crearon facturas falsas y contratos con sobreprecios para compensar las coimas pagadas a los funcionarios de gobierno, según los investigadores.

Entre los implicados hay miembros del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de Costa Rica, altos ejecutivos de las constructoras H. Solís y MECO y un alto consejero del presidente Carlos Alvarado, quien niega las acusaciones pero presentó su renuncia a raíz de los hechos.

En un contrato por un monto de varios millones de dólares otorgado por Conavi a MECO a mediados de 2018, los directivos de MECO presuntamente pagaron sobornos para manipular las pruebas de control de calidad y ocultar el hecho de que estaban usando asfalto deficiente, según informes sobre el expediente, a los que tuvo acceso La Nación. Al final se pagó a la empresa por terminar el proyecto y evitó el pago de multa alguna.

El presidente Alvarado declaró que sentía “enorme indignación” por el escándalo, calificó la corrupción de “inaceptable” y prometió llevar a la justicia a los responsables.

Análisis de InSight Crime


El caso Cochinilla nos da la oportunidad de mostrar que el sistema de justicia de Costa Rica está en capacidad de procesar casos de corrupción de alto nivel sin ayuda externa, pero no será fácil.

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