La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE) Elba Esther Gordillo, considerada durante décadas la mujer más influyente del país, intentó ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en abril de 2012, según una investigación, reseñaron José María Irujo y Joaquín Gil en EL PAÍS.
La sindicalista indicó a esta entidad financiera que el dinero procedía de la herencia de su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades indígenas de Chiapas y fallecida en 2009.
Gordillo planeaba transferir los seis millones a Andorra a través de una empresa holandesa controlada por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, una de las firmas a las que también recurrió Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, del PRI, para enviar fondos a la BPA, donde movió 120 millones de dólares.
La sindicalista, conocida como La Maestra, preveía justificar la transferencia del dinero desde México a la firma holandesa como un supuesto pago a la exportación. Y, para convencer a la entidad andorrana de la legalidad de los fondos, entregó a la BPA una copia de su pasaporte, del testamento de su madre y documentos mercantiles de las compañías por donde circularía su capital antes de aterrizar en el pequeño país europeo.
El comité de prevención de blanqueo de la BPA —el órgano del banco encargado de autorizar la apertura de cuentas de clientes de riesgo— rechazó admitir a Gordillo tras analizar informaciones periodísticas sobre su “inexplicable riqueza”. El banco también destacó, según un documento interno, la “falta de transparencia” en la gestión de las ayudas recibidas por SNTE durante los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).
“El patrimonio de la familia de la señora Gordillo se ha generado por la posición política de ella”, advirtió la entidad financiera en un acta confidencial del 19 de abril de 2012 en la que reseñaba las “muchas propiedades y el gran patrimonio en México” de la sindicalista. El documento justificaba la negativa del banco como cautela para evitar un riesgo reputacional.
El intento de Gordillo de abrir una cuenta en la BPA se produjo 10 meses antes de que la sindicalista fuera detenida en el Estado de México por desvío de fondos, fraude fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Se le acusó entonces de saquear 120 millones de euros del sindicato SNTE —el mayor de Latinoamérica, con 1,6 millones de afiliados— a través de un entramado de cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein. Cinco años después de su arresto, La Maestra fue absuelta de los cargos. La Fiscalía no pudo acreditar las acusaciones.
Marcos del Toro, abogado de Gordillo, respondió por teléfono a EL PAÍS que la sindicalista “no pretendió jamás abrir una cuenta allí, ni tiene cuentas en Andorra. Desconocemos si alguien lo intentó en su nombre”.
Por otra parte, un juzgado de Andorra investiga desde 2013 la presunta conexión de Gordillo con una cuenta en el banco de este país europeo Andbank de 604.775 dólares. Las pesquisas, que inició la magistrada María Ángeles Moreno bajo el número de diligencias 3102003, mantienen como investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales a los hermanos mexicanos Álvaro y Laura Victoria Quintana Díaz, titulares de la cuenta, el primero exasesor financiero del sindicato SNTE; Alfredo Solloa Junco, expresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) —entidad estatal encargada de supervisar a las aseguradoras en México— y al letrado Ricardo Zazueta Chávez, ligado a una sociedad que aparece vinculada al caso.
Junto a ellos, también están investigados en Andorra los mexicanos Alfredo y Alfonso Solloa y la sociedad Servicios y Procesos Altus S. A. de C.V.
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