El 24 de abril de 2021, Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA -filial de MBI Inversiones- presentó una querella acusando al hoy activo promotor del Partido de la Gente (PDG) de cometer los delitos de estafa y lavado de dinero. La acción va dirigida también en contra de su socio en Royal Real Estate, Mauricio Lizana, y su primo Luis Moraga Parisi.
La trama del caso que -según la querella- mezclaría una serie de delitos graves y un supuesto “ardid” para estafar al fondo que administra activos por más de US$1.000 millones, comenzó el 10 de julio de 2019. Ese día -por medio de un tercero-, Franco Parisi transmitió el interés de “hacer un negocio” con MBI Inversiones. El ingeniero comercial de la Universidad de Chile buscaba a través de la inmobiliaria Royal SpA el financiamiento para la compra de un edificio en construcción, ubicado en calle Sergio Ceppi Nº 0839, comuna de La Cisterna. Se trata del denominado “edificio sin ley” publicitado por diversos medios de comunicación en las últimas semanas, pues sus vecinos denuncian balaceras y peleas. El estudio del caso y la presentación de la “idea general del proyecto” ante el comité de MBI Inversiones quedó a cargo de Michael Wallace Fernández y de Alfredo Prieto Arroyo, gerente general de Activos Alternativos y portfolio manager, respectivamente, reseñó Leonardo Cárdenas en La Tercera.
Según la querella, por aquellos días Parisi y Lizana idearon un “ardid” para convencer a la administradora de fondos de sumarse al negocio. La sociedad afirma que comenzaron entablando una relación de cercanía y cordialidad con ambos ejecutivos que serían clave para el visto bueno final. La aprobación del acuerdo era fundamental, ya que Royal SpA había suscrito con “Inmobiliaria Habitage Ceppi SpA un contrato para la compra del inmueble, pero no tenía los fondos necesarios. En sencillo, el negocio consistía en que Royal SpA cedería este contrato a Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA, por lo que debería comprar la totalidad del edificio y luego esta última se lo devolvería a la primera en arriendo por 50 meses, con una opción de compra al final”.
¿Por qué MBI Inversiones llevó adelante el negocio con Royal? La acción penal -patrocinada por el abogado Eduardo Riquelme- sostuvo que tres fueron los factores que impulsaron el acuerdo con Royal SpA. El primero es que Parisi había sido candidato presidencial en la elección del año 2013, transformándose en un actor público relevante. Además, desarrolló una carrera académica, alcanzando el grado de doctor en Administración en la Universidad de Georgia, EE.UU., llegó a ser vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Chile. En ese ámbito académico, fue profesor en las cátedras de Finanzas I y II en la Universidad de Chile, cursos en los que tuvo como ayudante a Jorge del Puerto Vergara, director de MBI Inversiones. Por otro lado, la primera reunión que se realizó, en la oficina de Royal, ubicada en Av. Apoquindo Nº 3910, piso 2, comuna de Las Condes, dio cuenta de una empresa operativa, con mucha gente trabajando.
Royal tenía un amplio equipo de profesionales. Entre ellos estaban, como jefe evaluador de proyectos, Cristián Soto; abogado Jorge Cuevas y gerente de operaciones José Mansilla. Además de Jaime García de la Huerta, Enrique Vera y Gustavo Castro.
El incumplimiento concreto al contrato que acusa la sociedad Colorado en contra de Royal radica no solo en que esta última no pagó las mensualidades de $60 millones, sino que además no permitió que los ejecutivos de MBI Inversiones pudieran entrar al edificio. El contrato establecía una serie de obligaciones como la mantención de una cuenta corriente para verificar las rentas que se estaban cobrando y luego tanto Parisi como Lizana desaparecieron. De hecho, un primo de Parisi está a cargo de la administración del edificio y los problemas persisten.
Durante 2019 y parte de 2020, los querellados se fueron ganando la confianza de los ejecutivos de MBI Inversiones. “Los invitaron a comer varias veces, pagando siempre ellos la cuenta, brindándoles todas las comodidades necesarias para crear una esfera de absoluto confort, con la finalidad de que, por supuesto, fuera creciendo la confianza más y más”, explicó la filial de MBI Inversiones.
En esa lógica, el mismo documento agregó: “El propósito era no tan solo asegurar la estafa que se estaba fraguando, sino también intentar ya no solo convencerlos de participar financiando el proyecto Rivne, sino que también otro, de nombre Elena, como da cuenta el correo electrónico del 4 de octubre de 2019 de Mauricio Lizana a Alfredo Prieto, donde señala que estamos listos para firmar, haciendo referencia a sí mismo y a Parisi”.
Según la querella, Parisi y Lizana “siempre se mostraron abiertos y dispuestos a colaborar en todo, asistiendo a las reuniones, presentando un equipo de supuestos profesionales en el área, respondiendo de inmediato a todos los correos, con una actitud sumamente proactiva, con el fin de lograr el total convencimiento del éxito de este falso negocio”.
“El querellado Parisi, que había sido el promotor principal, la cara visible, que había liderado todas las conversaciones y conseguido el consentimiento de Michael Wallace y Alfredo Prieto, a nombre de Cerro Colorado, desapareció de la escena una vez que el contrato entre Cerro Colorado y Royal había comenzado su vigencia”, acota la acción penal.
Después de acordar la compra del edificio se “produce un cambio increíble de actitud. Ya no hay disponibilidad para reunirse. Atrás habían quedado las relaciones de confianza, al señalar que todo debía ser tratado a través de los abogados”, como consta en el correo enviado el 11 de junio de 2020 por Mauricio Lizana a Alfredo Prieto. En ese correo, el socio de Parisi le dice al ejecutivo del fondo que ahora “toda comunicación será a través de los abogados de Royal”.
Para MBI Inversiones todo fue una falsa imagen de la realidad y el perjuicio ocasionado asciende a $12.520 millones, luego que adquiriera el inmueble que hoy es catalogado como el “edificio sin ley”. “En retrospectiva, podemos afirmar que el mencionado control material de Franco Parisi y Mauricio Lizana, por medio de Royal, sobre el Edificio Riga, se produjo sin haber realizado pago alguno, sin cumplir las obligaciones, habiéndose dado a la fuga Franco Parisi Fernández aparentemente al extranjero y perdiéndose –de forma paulatina– todo contacto formal con Mauricio Andrés Lizana Méndez”, sostuvo la querella.
Según la acción judicial, Parisi y Lizana entregaron la administración del edificio a un grupo de personas lideradas por Luis Moraga Parisi, primo de Franco, y quien realiza los cobros de las rentas en efectivo, fuera del sistema financiero formal.
El edificio ha cobrado relevancia durante los últimos meses debido a que en su interior se han registrado una serie de delitos violentos, como dos asesinatos, transformándose en un foco criminal inusual dominado por extranjeros que se autodenominan “sicarios”. Actualmente, según la querella, Jonathan Bravo y Derwin Bravo -dos venezolanos que trabajan en la administración del edificio- cobran departamento por departamento, y en efectivo, los pagos de arrendamiento. “Desde que Parisi y Lizana tomaron el control material del Edificio Riga, en el mes de febrero del año 2020, crearon una organización criminal para operar al interior y administrar el edificio; administración responsable de uno de los casos de foco criminal más increíbles y dramáticos que vive actualmente nuestro país en un edificio, que ha sido objeto de múltiples quejas de vecinos, de la alcaldesa de La Cisterna y de distintas autoridades públicas, como consta de diversos reportajes de televisión”, acotó el mismo documento.
Según la querella del fondo de inversión, “Parisi y Lizana pusieron a cargo de la administración del edificio a Luis Moraga Parisi, primo hermano de Franco Parisi, quien trabaja junto con José Mansilla Silva. De ellos dependen dos sujetos de nacionalidad venezolana: Jonathan Bravo, conserje encargado de la “seguridad y cobrador”, y Derwin Bravo, encargado de la recaudación y cobranza de los dineros de los subarrendadores. El esquema de la organización criminal, orientada al cobro de los dineros en efectivo por las rentas de subarrendamiento, siendo un delito de lavado de dinero”.
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