Un grupo de 30 organizaciones sociales, profesionales y sindicales de República Dominicana planteó este jueves la necesidad de nacionalizar la gestión de la seguridad social y las pensiones, ahora manejadas por empresas privadas.
La treintena de organizaciones, agrupadas como Coalición por la Seguridad Social Digna, creen que debe ser el Estado quien asuma estos servicios, que actualmente son gestionados por entidades de carácter privado, las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
"Exigimos la transformación integral y estructural de este sistema fracasado. No más ARS, no más AFP", dijo en rueda de prensa la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, como portavoz del grupo recién constituido, reseñó EFE.
Para la coalición, "la pandemia de covid-19 ha puesto en evidencia la incompetencia de la ARS", que constituyen "un obstáculo para atender las necesidades de salud de la ciudadanía" y "solo han servido para que siga el lucro de esos monstruos", apuntó Guante.
Asimismo, apuesta por que las AFP sean reemplazadas por un sistema de pensiones público, solidario y que garantice por ley unas pensiones justas y dignas para toda persona que, por su edad o condición, acceda a las mismas.
"Es indispensable la movilización de todos los sectores organizados, incluyendo a la clase trabajadora, sindicatos, gremios, cooperativas, empleadores, empleados públicos, organizaciones campesinas, comunitarias y barriales para que se haga esa modificación integral de la ley" que creó el actual sistema de Seguridad Social en 2001.
En las últimas semanas, el gremio médico ha hecho huelgas contra dos ARS por las bajas tarifas que pagan a los galenos y no descarta realizar un paro simultáneo en clínicas y hospitales en reclamo de un aumento de sus honorarios.
Las ARS también han sido blanco de críticas porque, desde el pasado abril, el Estado les ha permitido cubrir solo una prueba PCR por año a cada afiliado.
El año pasado se generó un debate en la sociedad dominicana sobre la posibilidad de obligar a las AFP a entregar a los trabajadores el 30 % de sus fondos de pensiones, para hacer frente a la crisis desatada por la pandemia, pero la propuesta apoyada por algunos sectores políticos ha tenido escaso respaldo popular.
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