El juez Manuel García Castellón ha imputado en España a Iberdrola Renovables como persona jurídica por un delito de cohecho por la presunta contratación del comisario Jose Manuel Villarejo para llevar a cabo una investigación sobre Eólica Dobrogea, una sociedad suiza con la que la eléctrica se enfrentó en un litigio. La división de Renovables es filial al 100% de Iberdrola y, al mismo tiempo, el magistrado acuerda revocar la condición de acusación particular a la matriz "en la medida en que no sería perjudicada por los hechos objeto de investigación". La decisión llega tras la imputación del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, y parte de su cúpula, reseñaron Pablo Gabilondo y Beatriz Parera en El Confidencial.
El magistrado requiere a Iberdrola Renovables que designe representante para tomarle declaración sobre el encargo, que se remonta a 2011. Como adelantó El Confidencial en 2018, la operación se bautizó como proyecto Wind, se alargó al menos cinco años y consistió en investigar los activos de esta compañía suiza con la que Iberdrola había tenido un litigio de 11,8 millones de euros por un proyecto de energía renovable en Rumanía. El laudo dio la razón a la eléctrica española, tras lo que esta quiso que el comisario rastreara los activos de Eólica Dobrogea y su máximo accionista, Christoph Beat Kapp, para cobrar la deuda.
En su auto, el juez asume el criterio del fiscal y acuerda también levantar la imputación a José Antonio del Olmo, el exempleado de Iberdrola que denunció en informes guardados ante notario la presunta trama de facturas falsas utilizadas por la empresa para pagar a Villarejo. La eléctrica ha pleiteado contra este exdirectivo ante distintos tribunales para tumbar su versión, pero, a medida que ha avanzado el caso, la Fiscalía y el juez han comprobado que su relato encaja con la columna vertebral de la investigación. Del Olmo ha mantenido siempre la misma postura: ¿estaba Sánchez Galán al tanto de los pagos a Villarejo? "Rotundamente sí".
El archivo de la imputación de Del Olmo supone por tanto un golpe para el presidente de la compañía, que en un reciente escrito enviado al juzgado del caso Villarejo volvía a cuestionar su declaración y la validez de los documentos que ha ido presentando. Entre ellos destaca un informe interno que él mismo realizó en 2004, cuando "en su condición de director de control de funciones corporativas, comunicó diversas irregularidades" a uno de sus superiores por los encargos a Villarejo. La supuesta advertencia cayó en saco roto, pero quedó recogida en un expediente que destacaba "ciertas actividades anómalas realizadas por la Dirección de Seguridad Corporativa".
Iberdrola se había querellado contra Del Olmo por supuestamente manipular un documento privado, pero el magistrado acuerda su sobreseimiento sin entrar a valorar la posible existencia de indicios de delito porque los hechos estarían prescritos. El exdirectivo recupera así su condición de testigo, a lo que se suman los audios y documentos que dejó Villarejo sobre todo tipo de operaciones encubiertas financiadas por la eléctrica: espionajes a políticos, maniobras contra ecologistas, vigilancia de líderes sindicales de la compañía, indagaciones sobre dos de los mayores rivales de Sánchez Galán, Manuel Pizarro y Florentino Pérez, y la investigación contra Eólica Dobrogea.
Para justificar la imputación de la compañía, el juez destaca en su auto una factura por importe de 29.500 euros emitida en 2012 por Cenyt, la empresa de Villarejo, a Iberdrola Renovables. El concepto que aparece en la misma es el de servicios de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumanía, pero los investigadores consideran que responde a la investigación contra la empresa suiza y su máximo accionista. Al imputar a Sánchez Galán, el juez ya destacaba en su escrito "la manipulación" de los conceptos de diversas facturas por parte de Iberdrola, maniobra con la que presuntamente trataban de ocultar su relación con Villarejo.
Pese a ello, tras conocerse la imputación, Iberdrola ha emitido un comunicado en el que incide en que "el magistrado descarta cualquier ilegalidad en dicha factura, por lo que no existen delitos de falsedad documental ni de revelación de secretos", y subraya que "no puede ser excluida del procedimiento [como acusación particular] porque nunca se ha aceptado su personación". También trata de desmarcarse de su filial de Renovables, apuntando a que cuenta "con un consejo de administración propio, que incluye consejeros independientes, e Ignacio Sánchez Galán nunca ha sido ni presidente ni consejero de ninguno de esos dos consejos, contrariamente a lo que dice el auto".
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