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Califican como una segunda Inquisición el no otorgamiento de la nacionalidad española a cientos de sefardíes


En 2015, el Gobierno de España prometió conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los sefardíes que demostraran su linaje español como parte de un programa que tenía como objetivo la reparación por la expulsión de los judíos que inició el país en 1492. La iniciativa del Gobierno de Rajoy, aunque tildada de cicatera, fue celebrada por la comunidad. Ahora, en 2021, la situación ha cambiado radicalmente, reseñó Marcos Ondarra en EL ESPAÑOL.

En los últimos meses, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado más de 2.500 solicitudes de judíos sefardíes. Es un dato impactante si se tiene en cuenta que hasta 2021 sólo se había negado la nacionalidad a tres personas y se había concedido a más de 34.000, según ha informado The New York Times y ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

El viraje gubernamental es evidente si uno atiende a los datos: en lo que va de año, el Ministerio de Justicia ha denegado el 20,4% de las peticiones. Esto es, se han aceptado 12.270 casos y se ha denegado la nacionalidad a 2.509 sefardíes.

Muchos de ellos han esperado durante años, gastado miles de euros en abogados y viajes a España para presentar la documentación. Es el caso de D. Antonio Quintana, sefardí residente en Washington D.C. que prefiere usar un pseudónimo, a quien la solicitud le ha sido denegada este mismo verano: "Me siento decepcionado porque tenía esperanza de regresar a mi tierra; siento que me han robado algo de mí".

Quintana inició su cruzada por obtener la nacionalidad en septiembre de 2018, cuando comenzó a recopilar información sobre sus antepasados. Tras numerosos viajes a España, retrasos en el proceso y varios abogados de inmigración contratados, su esperanza se ha visto truncada y denuncia una "segunda Inquisición" contra los judíos: "Es injusto porque no se ha cumplido la ley, ha habido prevaricación".

Los abogados que representan a los postulantes dicen que las autoridades han tenido un cambio de parecer "ilegal", pues se ha producido a través de una circular y no por real decreto u orden ministerial. Así lo expresa el letrado de inmigración César Ciriano Vela, que lleva años inmerso en el proceso sefardí desde su despacho en Zaragoza.

La circular, se defienden fuentes del Gobierno, se dictó en octubre de 2020 porque se estaban aceptando solicitudes que no eran legales. Ésta fue recurrida por tres abogados, pero los tres recursos fueron desestimados por el Tribunal Superior de Justicia al entender que la circular "enfatiza los términos de la norma aplicable, la ley 12/2005, sin introducir modificación alguna de sus previsiones".

Pero Ciriano sostiene que se ha producido "un cambio de criterio repentino y que no es acorde al derecho". "Es el notario el que declara sefardí a una persona y no se puede cambiar esa decisión del notario, porque se delega esa competencia en él; por eso, todas las denegaciones del Ministerio de Justicia son radicalmente ilegales".

El jurista añade que hasta hace tres meses, "con la misma ley, las mismas normas y las mismas personas al cargo, estas solicitudes se concedían". Por todo ello, asegura que el Gobierno "va a tener que rectificar" y anuncia que "hemos puesto acciones legales para que esto se rectifique".

¿A qué se debe entonces esta ola de rechazos y omisiones? Nadie parece tenerlo del todo claro, aunque los principales concernidos intuyen "motivaciones políticas" ocultas.

Desde ACOM, la Asociación de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, critican "un cambio de criterio por motivaciones que podrían ser políticas". "Es tremendamente preocupante que el Gobierno, sobre todo recordando los socios antisemitas con los que el PSOE comparte gabinete, haya iniciado este rumbo respecto al restablecimiento de la ciudadanía de judíos expulsados por el decreto de 1492", señalan.

El presidente de ACOM, Ángel Mas, lamenta que no se esté cumpliendo una ley "que nació con vocación de convertirse en un hito histórico" y que "contó con un respaldo parlamentario sin precedentes". "La recepción que tuvo entre las comunidades sefardíes de todo el mundo, y entre descendientes de judíos españoles ha sido abrumadora. Y eso a pesar de algunas condiciones restrictivas que se impusieron y que, a diferencia de Portugal, complicaban los trámites", añade.

El presidente de ACOM denuncia también que la "opinión pública mundial se está haciendo eco, dañando nuestra credibilidad como país y la percepción de seguridad jurídica que debemos proyectar". Y por ello considera "imprescindible" conocer "las intenciones del Gobierno de cambiar de criterio y hacer más restrictivo este derecho".

Una opinión similar se tiene en la Fundación Hispanojudía. Su presidente, David Hatchwell, mira "con preocupación" el viraje del Gobierno, por cuanto la Ley de nacionalidades de 2015 "no debe ser politizada por fuerzas políticas radicales".

Desde la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), no obstante, aseguran no compartir estos análisis por cuanto "pretenden desviar el foco de la valía de la ley, que ha sido un gran gesto por parte de España y muy favorable para los solicitantes que, cumpliendo los requisitos exigidos, están obteniendo la nacionalidad".

"La actitud del Ministerio de Justicia ha sido en todo momento favorable a resolver el mayor número de expedientes, pero lógicamente los que acrediten los requisitos de la ley", insisten desde la organización que agrupa a la mayoría de judíos españoles.

El Partido Popular ya ha interpelado parlamentariamente al Gobierno con preguntas de los diputados Valentina Martínez y Pablo Hispán. La primera, destinada a saber a qué se debe el aumento de las denegaciones de nacionalidad española a quienes alegan ser descendientes de judíos expulsados en el siglo XV, y la segunda para conocer si ha habido algún cambio en los criterios para la concesión de la nacionalidad.

El Ministerio de Justicia niega cualquier cambio en la interpretación de la ley, y sostiene que simplemente se está siguiendo un proceso más estricto en la entrega de pasaportes después de que las fuerzas de seguridad españolas detectaran casos de posible fraude. Asimismo, rechaza categóricamente que haya habido revocaciones de nacionalidad.

Pero la controversia ya ha llegado hasta Estados Unidos. En Washington, la congresista demócrata por Nuevo México Teresa Leger Fernández ha interpelado a la Casa Blanca y al Departamento de Estado sobre este tema. Y el pasado jueves se organizó el acto Broken promises ("promesas rotas") organizado por la American Sephardi Federation, en el que participaron congresistas y judíos norteamericanos.

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