HABLE.SE

HABLE.SE

La falsa campaña en España con la que acosaron a una inquilina inmigrante


En agosto, lo sucedido dentro de un viejo inmueble muy próximo a la Plaza Mayor de Madrid llamó la atención de medios de comunicación y redes sociales. Los titulares eran muy llamativos: Carmen, una mujer mayor de casi 90 años, había perdido su piso a manos de su cuidadora, una joven marroquí de 26. Un caso perfecto para despertar la indignación popular. Pero la realidad es muy diferente: la joven es ahora víctima de acoso en redes sociales y de escraches sin haber cometido irregularidad alguna, como sostiene la Policía, que ha tenido que actuar en su defensa. Y en medio del caso, interviene Daniel Esteve, dueño de la empresa Desokupa, para atizar el odio al inmigrante en sus redes, organizar manifestaciones, amenazar a la joven y de paso hacer publicidad de su compañía, reseñaron Fernando Peinado y Patricia Peiró en EL PAÍS.

Un hecho significativo de hasta qué punto ha llegado el falso montaje es que Esteve conoce la verdad y no le interesa. Lo suyo es ofrecerse como el paladín de las “desokupaciones”. Este barcelonés nacido en 1970 fue boxeador, portero de discoteca y dueño de un negocio de cobro de morosos antes de fundar la empresa más mediática de las surgidas en España al calor de una falsa alarma social sobre allanamientos de morada. Dice haber llevado cerca de 7.000 “desokupaciones” desde 2016. “Nunca, nunca había tenido tantos mensajes de apoyo, de ánimo, de condena hacia la okupante”, afirmó el viernes en un vídeo en sus redes sociales, donde tiene cientos de miles de seguidores. Pero sabe que lo que dice en el vídeo no es verdad: la joven inmigrante no es una okupa.

Y lo sabe por la Policía. Él estaba delante cuando los agentes comprobaron, mediante la documentación aportada por ambas partes enfrentadas, que la versión de la chica marroquí era la que se sostenía, como confirma a EL PAÍS. La actuación de intermediación en conflictos inmobiliarios está permitida por la ley, pero en un mensaje a EL PAÍS sobre este caso, fuentes de la Policía Nacional advierten de los comportamientos criminales de estas empresas: “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado alertan de las posibles actividades delictivas que pueden llevar a cabo algunas empresas de desocupación durante sus servicios, como coacciones, allanamiento de morada, lesiones y acoso”.

La realidad sobre lo sucedido en ese inmueble próximo a la Plaza Mayor es muy diferente.

La joven vive desde enero de 2017 en el piso, ubicado sobre uno de los soportales de la calle Toledo por donde antes de la pandemia pasaban ríos de turistas. Llegó desde Marruecos para estudiar Filología Hispánica en un programa conjunto de la Complutense y la Sorbona de París. A la mujer mayor le pagaba un alquiler de 400 euros por una de las dos habitaciones de la vivienda, según múltiples recibos mensuales que el abogado de la joven, Pablo Galdón, enseñó a EL PAÍS.

La mujer mayor es Carmen Franquelo, de 89 años, y no es la propietaria del piso, sino una inquilina de renta antigua que ha habitado ese edificio desde 1946. Paga 121,5 euros, una cuantía que se actualiza anualmente con el dato oficial de inflación. En su contrato se prohíbe expresamente el subarriendo.

La propietaria del piso vive en Bilbao y durante años se ha limitado a cobrar la renta a pesar de que, según el abogado de la joven marroquí, Carmen ha estado alquilando una habitación a distintas personas durante años. Antes de la joven pasaron por allí un estudiante de Estados Unidos y un señor mayor, según ha contado la joven al abogado. La familia de Carmen niega que hayan alquilado alguna vez la vivienda o parte de ella.

Carmen se fue del piso cercano a la Plaza Mayor el 13 de marzo de 2019 para vivir con su hermano Teodoro en otro apartamento céntrico, no lejos de allí, según se lee en varias capturas de mensajes de WhatsApp entre la joven y su arrendadora.

A principios de 2021, la propietaria bilbaína descubrió que en el buzón de la vivienda aparecía el nombre de la joven. Según ha comprobado EL PAÍS, la propietaria le mandó a Carmen un burofax el 15 de abril, anunciándole su intención de rescindir el contrato, a menos que probara que en él no vivían inquilinos. El 11 de mayo, Carmen contestó a la propietaria con una mentira que le envió por fax a Bilbao: “En mi casa las únicas personas que entran son mis nietas y alguna amiga de ellas. Son mujeres jóvenes que cuando salen los fines de semana y, porque viven lejos del centro, les resulta más cómodo quedarse a dormir conmigo en mi casa”.

Durante los tres meses siguientes, la joven inquilina siguió sola en el piso, desde donde ha teletrabajado para una multinacional, tras haber completado sus estudios. Pero la primera semana de agosto estalló el conflicto entre ella y los cuatro familiares de Carmen. Le dijeron que ellos se iban a mudar allí con la abuela y que debía irse. Le dieron por escrito un plazo de 30 días para dejar su alquiler, pero al ver que tardaba en encontrar otro piso, perdieron la paciencia. Querían deshacerse de la prueba viviente que les podía hacer perder para siempre la vivienda.

“Conozco gente en Extranjería”, amenazó Fernando Martín, el hijo de Carmen, en un audio. La joven tiene sus papeles en regla.

El 10 de agosto, la Policía se presentó en el piso para separarlos. Era el tercer día de peleas. A estas alturas, los agentes ya habían hablado con la propietaria y sabían lo que sucedía realmente. Le arrebataron las llaves a Begoña de la Cruz, la nuera de Carmen, y la pusieron en la calle. Carmen, como de costumbre, se encontraba en el piso de su hermano. La joven inquilina se quedó en la vivienda porque demostró tener un título válido.

Es entonces cuando la familia se inventó la gran farsa que ha sostenido hasta hoy. Mar Martín, de 25 años, nieta de Carmen, relata que llamó al número de denuncias de Telemadrid mientras se encontraba en una farmacia comprando ansiolíticos para sobrellevar toda esta situación. Había cola y toda la clientela se enteró de la conversación de la joven con la cadena de televisión. Según cuenta, un cliente le recomendó contactar con Desokupa. Ella se lo agradeció. “Me di la vuelta y todo el mundo me aplaudió, ¡ánimo!”, agrega. Llamó a la empresa y, asegura, le ofrecieron sus servicios gratuitamente.

Es en este momento de la historia cuando entra en acción Daniel Esteve, el propietario de Desokupa.

El ciclón mediático fue in crescendo hasta su apogeo el miércoles de la semana pasada, cuando Esteve se presentó en la puerta acompañado de la familia, cámaras, otros empleados de aspecto intimidante y un abogado. Esteve vestía un polo con el eslogan de su empresa: “Siempre fuertes”.

Confundiendo el título de la familia, Esteve aporréo la puerta: “Abogado de la propiedad”, se presentó. “Abres o te vas a meter en un lío porque de aquí nos vamos al juzgado a pedir tu detención inmediata”. La joven no abrió y llamó a la policía. Más tarde, los agentes le explicaron a Esteve y a su abogado la situación, según aseguran fuentes policiales. Si tenía alguna confusión sobre el caso, Esteve salió de dudas ese día.

A pesar de ello, cuando la Policía se marchó, Esteve continuó con su campaña de acoso y derribo a la joven. “Disfruta, que esto acaba de empezar”, le dijo por WhatsApp al día siguiente. Añadió un enlace a la cuenta de Facebook de Desokupa. En él aparecían imágenes de ella robadas de Instagram, de su perfil cerrado al público, un delito de intromisión ilegítima en su imagen, según estableció el Tribunal Supremo en 2017. También revelaron la dirección del piso y la llamaron prostituta. Desokupa ha borrado estos mensajes, pero existen capturas de fotos y vídeos de todo lo que había publicado. La joven ha recibido por internet decenas de amenazas de muerte e insultos racistas.

Esteve es consciente del riesgo porque en un audio del viernes pasado, una amiga de la joven le advirtió de ello. “Que está cagada, que le han enviado balas, navajas...”, le dice la amiga.

“Dile de mi parte que no salga a la calle”, le pide él.

En las conversaciones con la amiga de la joven, queda claro que Esteve solo está preocupado por su gloria. Insiste en que la joven le entregue la llave a él, probablemente para transmitirlo en directo a sus seguidores. Le dice que no quiere saber nada de la propietaria, y prefiere centrar su diana exclusivamente en la parte vulnerable e inocente.

El viernes pasado, Esteve seguía atacando a la joven en un vídeo en directo en sus redes sociales. Conectó por videoconferencia con la familia de la mujer mayor, a la que se refirió como “Carmen de España”. Al otro lado de la pantalla tenía a las cuatro personas que él ha escogido como aliados en este caso: el hijo, la nuera y dos nietas de Carmen. El líder de Desokupa ya sabía que se había equivocado de bando, pero seguía sin rectificar. Si alguien estaba cometiendo una ilicitud eran ellos, y no la joven. Ni la abuela Carmen vivía en el piso; ni la joven era su cuidadora, ni era una okupa. Al otro lado de la pantalla, los cuatro daban las gracias al famoso desokupador.

“En cuanto tengamos esa casa, tenéis la puerta abierta todos”, le dice la nuera, Begoña de la Cruz.

“Tú, tranquila, que nosotros las puertas las abrimos”, le responde él, de forma burlona.

El castillo de Desokupa y la familia de Carmen se empezó a desmoronar el fin de semana pasado, cuando OK Diario publicó que, según fuentes policiales, el conflicto real era entre Carmen y la propietaria, que había descubierto el subarriendo. Algunos simpatizantes de Desokupa le han reprochado a Esteve el error: “Creo que en esta ocasión os habéis equivocado, y os están utilizando”, decía una seguidora en Facebook, Myriam García Gasco.

Pero Esteve ha continuado su campaña contra la joven, a la que ahora acusa sin pruebas de un acuerdo con la propiedad para echar a Carmen. El miércoles por la mañana apareció en la puerta del edificio, donde sigue la joven, para acompañar a la familia de Carmen en un escrache que él mismo había anunciado en redes sociales la noche anterior.

“Nadie te quiere, a Carmen sí”; “una cuidadora es okupadora” y “sal ahora si tienes valor”, fueron algunos de los cánticos que miembros de la familia, amigos y unos 10 simpatizantes profirieron en el escrache, que fue autorizado por la delegación del Gobierno. Cinco cámaras de televisión estaban presentes.

Siga leyendo en EL PAÍS

Publicar un comentario

0 Comentarios