Corinna Larsen, la examiga íntima del rey emérito Juan Carlos de Borbón, pidió en 2007 que se entregara parte de la fortuna que mantenía en un fideicomiso al monarca –cuando todavía era jefe del Estado- en el evento de su muerte. Así consta en los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICJI), en la que han participado laSexta y El País.
Según varios documentos a los que ha tenido acceso laSexta, el monarca, de 83 años, aparece como beneficiario del trust Peregrine, un fideicomiso vinculado a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (el nombre que sigue utilizando a pesar de divorciarse del aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn).
En concreto, en una carta de la amiga del rey al gestor del fideicomiso en Nueva Zelanda con el que organizaba su patrimonio, Larsen –de 57 años- solicita que, en caso de su fallecimiento, se entregue al rey el 30% de los ingresos del trust procedentes del Fondo de Infraestructura Hispano Saudí hasta que se liquiden completamente. El resto del patrimonio habría de repartirse entre los dos hijos de la aristócrata.
"Deseo que los fiduciarios consideren entregar a su Majestad el rey Juan Carlos I Bórbon de Bórbon [sic] el 30% de todas las ganancias procedentes del Fondo de Infraestructura Hispano Saudí", señala Larsen en el escrito. Una vez liquidado el fondo, apunta, "no será considerado un beneficiario del Trust".
Dicho Fondo fue una iniciativa de la que Corinna y el emérito fueron grandes valedores, aunque luego resultó fallida y las empresas españolas perdieron 20 millones de euros.
En la carta, elaborada en marzo de 2007 por el despacho panameño Alcogal –uno de los 14 despachos en el centro de esta investigación- y que no está firmada, Larsen se dirige al bufete neozelandés que se encarga de la gestión del fideicomiso en cuestión. Ella expresa que "si bien no está obligado" a seguir sus opiniones en relación a la administración del fondo del cual es fiduciario, "me gustaría que tomaran nota de mis deseos en cuanto a la administración del trust y que las tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones".
Así, la aristócrata instruye que ella sea la beneficiaria del fideicomiso durante el tiempo que esté en vida y, de morir, que sus hijos se beneficien de ese patrimonio. Pero, además, y al mismo nivel se encuentra "Su Majestad el rey Juan Carlos I Bórbon de Bórbon [sic], nacido el 5 de enero de 1938 y residente en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid".
El despacho también elaboró otra copia de la misma carta pero donde el nombre de Juan Carlos I fue sustituido a favor de ‘Mr. X’. No se sabe cuál de los documentos fue anterior o posterior ni cuál se remitió finalmente, en el caso de que Larsen hubiera seguido adelante con el plan.
Preguntados por laSexta y El País, los representantes legales de Corinna Larsen han negado la veracidad de la información y del plan de su cliente en 2007. "Circulan rumores infundados de que Juan Carlos era beneficiario de una estructura relacionada con Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Estos rumores se originaron a partir de documentación falsificada", sostiene en un comunicado el abogado londinense Robin Rathmell.
Rathmell, de hecho, lo enmarca dentro del "caso de acoso que mi cliente está siguiendo en Inglaterra contra Juan Carlos".
Por su parte, el abogado del rey emérito, Javier Sánchez Junco, ha rehusado responder a laSexta y El País.
El Fondo de Infraestructura Hispano Saudí fue acordado en una visita de los reyes Juan Carlos I y Sofía a Arabia Saudí en abril de 2006, aunque fue presentado oficialmente más de un año más tarde, el 18 de junio de 2007 durante la primera visita oficial a España del rey Abdalá (fallecido en enero de 2015).
La iniciativa con financiación privada, sobre todo saudí, pretendía reunir 5.000 millones y a empresas como La Caixa, Mapfre, Navantia, Ferrovial o Unión Fenosa. El objetivo era desarrollar infraestructuras y nuevas tecnologías en la región. Sin embargo, apenas recabó 20 millones de las compañías españolas y ninguna aportación de Riad. El Fondo Hispano-Saudí de Inversiones en Infraestructuras –SSIF, por sus siglas en inglés- fue liquidado en abril de 2010, suponiendo la pérdida de los millones invertidos por las catorce compañías españolas.
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