La Fiscalía suiza ha archivado la investigación que mantenía abierta por la donación de 100 millones de dólares al rey Juan Carlos I por parte de la familia real de Arabia Saudí, presuntamente como comisión por las obras del Ave a La Meca. Ese dinero no fue declarado por el monarca al fisco español y a las autoridades helvéticas. La decisión de cerrar las pesquisas se debe a que "la investigación no ha establecido suficientemente un vínculo entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad", reseñaron José María Olmo y Alejandro Requeijo en El Confidencial.
En un comunicado al que ha tenido acceso El Confidencial, la Fiscalía del cantón de Ginebra informa así sobre el final del “procedimiento relativo a los bienes en poder del ex Rey de España en Suiza”. El fiscal Yves Bertossa investigaba desde el año 2018 la fortuna del Rey emérito y por estos hechos había cinco imputados, entre ellos la examante del rey, Corinna Larsen, y los abogados Arturo Fasana y Dante Canonica, acusados de establecer la estructura financiera para ocultar los fondos.
Pese a exonerar a los cinco imputados, la Fiscalía suiza considera probado el "deseo de ocultación" de este dinero por parte de los investigados. El banco suizo Mirabaud, de hecho, ha sido condenado al pago de una multa de casi 50.000 euros por no informar a la Oficina de Comunicación de Blanqueo de Capitales (MROS) sobre la cuenta que mantenía abierta Corinna. "Muchos elementos exigieron que el banco procediera a una comunicación. En particular, la información transmitida por la prensa, el carácter inusual de los fondos recibidos en esta cuenta y los distintos flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la mencionada y la fundación Lucum, de la cual Juan Carlos I era el beneficiario efectivo", advierte la Fiscalía. Por esta falta de diligencia, Mirabaud debe pagar, además, en torno a 145.000 euros por las costas procesales.
Bertossa explica que abrió este procedimiento el 6 de agosto de 2018 por blanqueo de capitales agravado tras la publicación de artículos de prensa en los que se relataba que Juan Carlos I habría recibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos obtenidos por empresas españolas. “Se dijo que estos sobornos se habían ocultado parcialmente en cuentas bancarias en Suiza, bajo la identidad de varios testaferros. Se sospechaba que estas comisiones estaban vinculadas a la celebración de un contrato por parte de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad que conectaba Medina con La Meca”, detalla. El origen fue la publicación en 'El Español' y en 'Okdiario' de unas conversaciones entre Corinna Larsen y el comisario José Manuel Villarejo. En esta charla, la examante del Rey emérito revelaba el cobro de esta donación y aseguraba que el monarca tenía cuentas con dinero en Suiza.
La investigación estableció que Juan Carlos I había recibido, efectivamente, el 8 de agosto de 2008, a cuenta de la fundación Lucum abierta con el banco Mirabaud en Ginebra, la suma de 100 millones de dólares del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. El procedimiento también reveló otros pagos recibidos por Corinna Larsen, como 1’8 millones en efectivo, cinco millones de Kuwait o dos millones de Baréin. “Todas estas transferencias no fueron suficientemente documentadas por los acusados”, advierte el comunicado de la Fiscalía.
En junio de 2012 se cerró la cuenta de la fundación Lucum y se traspasó su saldo, aproximadamente 65 millones de euros, a la cuenta en las Bahamas de una sociedad domiciliaria propiedad de Corinna Larsen. "El uso de una fundación —prosigue la nota— así como de empresas domiciliarias por parte de los distintos protagonistas, demostró un deseo de ocultación. Los importes afectados, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas [primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de este último a favor de Corinna Larsen] así como la cronología de los hechos constituyeron pistas cargadas a los imputados".
“Sin embargo, dado que la investigación no estableció suficientemente un vínculo entre la cantidad recibida de Arabia Saudita y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad, la fiscalía cerró parcialmente el procedimiento por falta de carga suficiente”, concluye.
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