La policía colombiana mató al menos a 10 personas durante las protestas que estallaron en septiembre del año pasado, luego de la muerte de un taxista que fue golpeado hasta la muerte mientras estaba bajo custodia policial, según un informe respaldado por Naciones Unidas.
El informe de 182 páginas publicado el lunes 13 de abril dice que del 9 al 11 de septiembre de 2020, la policía de Colombia cometió una “masacre” contra civiles en barrios de bajos ingresos. Dice que la violencia se salió de control porque los agentes que reaccionaban a las protestas frente a las estaciones de policía no estaban preparados para manejar grandes multitudes y sus superiores no les dieron órdenes de abstenerse de usar armas de fuego.
Según los autores del informe, 75 personas resultaron heridas por armas de fuego durante las tres noches de protestas en las que también se filmaron a agentes de policía destruyendo propiedad privada, y un total de 14 personas murieron a manos de policías, manifestantes que secuestraron un autobús y civiles con armas de fuego, reseñó AP.
Diecisiete estaciones de policía en la capital de Colombia fueron incendiadas y destruidas por manifestantes el 9 y 11 de septiembre después de que aparecieron videos en las redes sociales de dos policías deteniendo a un taxista de 44 años que estaba bebiendo en una acera y golpeándolo repetidamente. mientras un espectador les rogaba que se detuvieran. El taxista Javier Ordoñez murió esa noche a causa de sus heridas.
“Todos cometieron errores los días 9 y 10 de septiembre, excepto las víctimas de esta tragedia”, dijo Carlos Negret, abogado y experto en derechos humanos que dirigió el informe de investigación. “La policía actuó con un uso desproporcionado de la fuerza y persiguió a las personas más pobres de la ciudad”, dijo.
El informe fue encargado el año pasado por el gobierno de la ciudad de Bogotá, que realizó una ceremonia pública en la que pidió perdón a los familiares de la víctima.
Se basa en entrevistas con más de 90 testigos, policías y familiares de las víctimas y recibió asistencia técnica y apoyo financiero de Naciones Unidas.
Los hallazgos se producen cuando la policía en Colombia enfrenta un mayor escrutinio por su comportamiento durante las protestas y diferentes sectores piden la reforma de una institución que se ha desplegado durante mucho tiempo para combatir las bandas de narcotraficantes y los grupos guerrilleros en las zonas rurales, y que está mal equipada para manejar grandes multitudes. de civiles en áreas urbanas.
A principios de este año, decenas de personas murieron en protestas por aumentos de impuestos y desigualdad que incluyó bloqueos de carreteras y pequeños grupos de manifestantes violentos, mezclados entre multitudes en su mayoría pacíficas. Según las pruebas reunidas por Human Rights Watch, la policía de Colombia podría estar implicada en 25 de esas muertes.
El informe llama al gobierno colombiano, encaezado por el presidente Iván Duque, a reformar las leyes del país para que los gobiernos municipales tengan un mayor control sobre las fuerzas policiales. Actualmente, las fuerzas policiales de Colombia están a cargo del Ministerio de Defensa y solo reciben órdenes del gobierno nacional.
El informe señala que hasta el momento, cuatro policías enfrentan cargos de asesinato por las muertes ocurridas en las protestas de septiembre de 2020, aunque aún no hay condenas y ninguno de los oficiales acusados de asesinato se encuentra en prisión. El informe también pide a los fiscales colombianos que investiguen el papel que pudieron haber tenido los oficiales de alto rango en la respuesta violenta a las protestas de septiembre.
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