Estados Unidos impuso el jueves 9 de diciembre sanciones económicas «por
corrupción» a la jefa de gabinete del presidente de El Salvador Nayib Bukele,
que lo tachó de «acusaciones absurdas», en un momento en que las relaciones
bilaterales están en sus horas más bajas.
En el Día Internacional contra la Corrupción, el Departamento del Tesoro acusa
a Martha Carolina Recinos De Bernal de estar al frente «de un esquema de
corrupción multimillonario en múltiples ministerios que involucra
adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital», en el marco de
la pandemia, reseñó AFP.
Además asegura que ordenó a varios ministros a autorizar compras «que
incluyen millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y millones más en
batas de hospital a empresas sin vínculos aparentes» con la industria
sanitaria.
Estados Unidos afirma que «funcionarios de la administración de Bukele,
incluida la jefa de gabinete Recinos, supuestamente revendieron equipo de
protección personal donado y otra ayuda médica con un importante margen en
beneficio propio».
Recinos estuvo asimismo a la cabeza de «un esquema de corrupción en el que
las canastas de alimentos compradas por el gobierno para aliviar el covid-19
se desviaron para el uso de candidatos específicos» del partido salvadoreño
Nuevas Ideas, con el fin de obtener «votos y apoyo» en las elecciones de
febrero de 2021.
«Se ven hasta absurdas esas declaraciones diarias», reaccionó Bukele, quien
acusa a Estados Unidos de «no aceptar colaboración, amistad o alianza».
A su vez el jefe de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica y el
Caribe Brian A. Nichols tuiteó que están «abiertos al diálogo y a una mejor
relación pero no a costa de guardar silencio ante acciones dañinas».
«Condenamos las falsas acusaciones de @nayibbukele contra @POTUS Biden y
otros funcionarios del gobierno de los EE.UU., incluyendo a la Embajadora
Manes y el Encargado de Negocios actual, Brendan O’Brien», afirmó, usando el
acrónimo oficial en inglés de presidente de Estados Unidos.
En noviembre la exencargada de negocios de Washington en El Salvador Jean
Manes dijo que tanto ella como el gobierno eran objeto de ataques en redes
sociales.
Las sanciones del Tesoro, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky de 2017,
implican el congelamiento de cualquier activo que pueda tener en Estados
Unidos y le prohíben toda transacción a través del sistema financiero
estadounidense.
Las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador son muy tirantes.
Washington le cortó la ayuda a través de su agencia de cooperación USAID y
la redireccionó a la sociedad civil para la lucha contra la corrupción, a lo
que Bukele reaccionó estrechando lazos con China.
La lucha contra la corrupción es una prioridad del gobierno del presidente
Joe Biden, que la considera esencial para atajar las principales causas de
la ola migratoria de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Y es el pilar de la Cumbre por la Democracia de Biden, que se celebra
virtualmente jueves y viernes y de la que han sido excluidos los gobiernos
de ocho países de las Américas: Bolivia, Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua,
Venezuela, El Salvador y Guatemala.
Precisamente el Tesoro también impuso sanciones económicas este jueves al
guatemalteco Manuel Víctor Martínez Olivet, a quien acusa de «participar en
diversos actos de apropiación indebida, fraude y abuso de autoridad» cuando
era director del Área de Salud Santa Rosa del Ministerio de Salud Pública de
Guatemala.
La lucha anticorrupción es «una prioridad central de la seguridad nacional»,
declaró este jueves el secretario de Estado, Antony Blinken, quien anunció
que «un coordinador anticorrupción global» liderará la aplicación de la
estrategia de Estados Unidos anunciada esta semana por la Casa Blanca para
contrarrestar este flagelo.
El jefe de la diplomacia estadounidense también anunció una batería de
restricciones de visados que afecta a varios latinoamericanos, entre ellos
Recinos, su marido y su hijo.
Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles de
El Salvador, sometido ya a sanciones económicas, tampoco podrá entrar en
territorio estadounidense.
Se impide asimismo el ingreso a Carlos Julián Bermeo Casas, un exfiscal de
la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), por «haber aceptado
un soborno monetario a cambio de obstruir la extradición a Estados Unidos de
un presunto narcotraficante».
Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del gobierno de Daniel
Ortega en Nicaragua, al que Washington considera una dictadura, corre la
misma suerte por «aceptar un soborno monetario» para «permitir y perpetuar
un esquema de fraude aduanero y de importación para enriquecer a miembros
del régimen».
Las restricciones de visados se extienden a familiares directos de los
sancionados.
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