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Se complica el intento de reparación histórica mediante el otorgamiento del pasaporte español a los sefardíes descendientes de los judíos expulsados de España


Fernando Báez es dominicano, reside en Estados Unidos y aspira a ser tan español como sus ancestros. Pero a día de hoy es tan solo uno más de los miles de aspirantes que en los últimos años han intentado obtener el codiciado pasaporte bermellón por la vía sefardí y permanecen enredados en un marasmo burocrático sin luz al final del túnel.

"He gastado más de 10.000 dólares e innumerables horas investigando mi propia familia, buscando y traduciendo documentos, ¿y todo para qué?", protesta Báez en conversación con El Confidencial, quien contactó con un bufete de abogados malagueño para que gestionara su solicitud. "Es todo muy incierto después de haber gastado tanto dinero, solo queremos retornar a nuestras raíces".

Gracias a estas gestiones, Báez logró presentar la solicitud en septiembre de 2019, antes de que terminara el plazo que el Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre. En 2020 comenzó a recopilar la documentación solicitada para acreditar que realmente es descendiente de aquellos judíos expulsados de España en 1492. Según sus investigaciones familiares, Báez acumula en su árbol genealógico apellidos que probarían su condición sefardí: "Tengo varios: Báez, Enríquez, García, López, Méndez, González...", enumera. "Todo mi linaje viene por Rodrigo de Bastidas".

El sevillano Rodrigo de Bastidas fue un mercader judeoconverso que se enroló en el segundo viaje de Colón a las Américas. Con el beneplácito de Carlos V, el conquistador hizo fortuna como traficante de esclavos en La Española, hoy Santo Domingo. Antes de fallecer en Santiago de Cuba en 1527, a los 52 años, le dio tiempo a tener ocho hijos a los cuales se aferran hoy centenares de ciudadanos caribeños como Báez para lograr la nacionalidad española. De momento, sin suerte, reseñaron Antonio Villarreal y Enrique Andrés Pretil en El Confidencial.

"Los abogados están haciendo tremendo trabajo, pero el Gobierno de España no nos ayuda", se lamenta este antiguo trabajador de American Airlines, quien confiesa que, de conseguir el pasaporte, desearía mudarse a España, donde actualmente solo cuenta con algún familiar lejano.

A día de hoy, y pese a un ambicioso plan de choque por parte del Ministerio de Justicia, hay aún 23.105 personas en su misma situación. El plan español para cerrar la herida que abrieron los Reyes Católicos hace más de 500 años y que dio origen a la diáspora sefardí por medio mundo nació con las mejores intenciones, pero ha acabado haciendo agua, otorgando el pasaporte de manera fraudulenta a centenares —incluso miles, el número real es imposible de determinar— de extranjeros con documentación más que dudosa. Para reparar el error, el ministerio tuvo que escrutar las solicitudes con mayor celo, lo cual dio lugar al rechazo de miles de ellas, que en un efecto dominó ha provocado este cuello de botella burocrático y las amargas quejas de numerosos bufetes de abogados, notarios y organizaciones projudías.

Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, pasó años dándole forma a esta regulación que cristalizó en forma de ley en junio de 2015 —merece la pena leer el texto original de aquella Ley 12/2015, con una prosa culta y prolija en contexto histórico o cultural, merece su sitio en el panteón literario del BOE— y un posterior real decreto que apareció en octubre. Este marco legal serviría, en palabras del dirigente popular, para reparar el que, en su opinión, fue "el mayor error en la historia de España", en referencia a la expulsión de la península de todos aquellos judíos que no aceptaran convertirse al catolicismo.

Ruiz-Gallardón, un político muy sensible hacia estos temas —su abuelo, José Rojas, embajador español en Rumanía, ayudó a salvar la vida de 110 judíos sefardíes perseguidos por el régimen nazi; tras su salida de la política, el exministro preside la fundación que pretendió levantar un Museo Judío en pleno paseo del Prado—, ya anticipó que el criterio no sería excesivamente estricto; ni se exigiría ser judío practicante ni tener intención de residir en España. “Queremos facilitar el proceso”, declaró a ‘The New York Times’.

Al principio, todo transcurrió como estaba previsto. Los descendientes de aquellos sefardíes de los que se decía que se habían llevado las llaves de sus casas porque esperaban volver pronto comenzaron a articular sus procedimientos a través de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) o de su rabino más cercano. Muchos de estos, incluso practicantes aún del idioma ladino, buscaban en la nacionalidad española una reafirmación sentimental más que un salvoconducto para cambiar de vida.

"En esos primeros años, probablemente la totalidad de casos eran legítimos, ya que este tipo de información se movió rápido en los círculos interesados", explica una fuente conocedora del mundo judío que no está autorizada a declarar a la prensa. "Pero, según se fue viendo que era una vía rápida hacia la nacionalidad, aparecieron abogados y organizaciones que quisieron utilizar esta reparación histórica para hacer negocio con pocos escrúpulos".

Entre 2015 y 2020 —el plazo para presentar la solicitud terminó en 2019, aunque era posible seguir tramitándola a partir de esa fecha—, el Ministerio de Justicia dio luz verde a la españolización de 20.908 personas y solamente una solicitud fue rechazada. Desde entonces, el goteo de negativas ha ido a más: tras siete denegaciones en todo el año pasado, en marzo de 2021 afloraron de golpe 236 solicitudes rechazadas y, en septiembre, últimos datos disponibles, 2.980 aspirantes a españoles por la vía sefardí recibieron una negativa por parte de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el órgano encargado de estudiar los documentos que acompañan a las solicitudes.

"Lo peor es que esta vía para adquirir la nacionalidad no es barata: requiere inversión, tiempo y trabajo", añade la anterior fuente. "Así que todos salen perjudicados, tanto los que de verdad tienen un legítimo linaje sefardí como los que no lo tienen y que al final los convencen para intentarlo. Como siempre, pagan justos por pecadores".

La tradición dice que aquellos primeros expulsados por el Edicto de Granada se dirigieron a Italia, el sur de Francia, Portugal, Marruecos o hacia las tierras pertenecientes al antiguo Imperio otomano, donde encontraron refugio en ciudades tan disparmente históricas como Estambul, Esmirna, Safed, Jerusalén, El Cairo, Salónica, Sarajevo, Sofía o Bucarest.

Sin embargo, no ha sido en ninguno de estos lugares donde se ha producido la mayor explosión de solicitudes de nacionalización española por la vía sefardí durante estos últimos cinco años. Más bien en países como México, Venezuela, Colombia, Argentina o República Dominicana, donde en la televisión o en internet comenzaron a aparecer anuncios del tipo: "Si tienes estos apellidos podrías tramitar la nacionalidad española".

La lista de apellidos llegaba a abarcar en ocasiones más de 3.200. En muchos de estos países, se convirtió en una leyenda urbana que los apellidos otorgaban automáticamente la nacionalidad española. De debajo de las piedras salieron despachos de abogados y expertos en genealogía dispuestos a enhebrar linajes por los que casi cualquier persona residente en estos países, con cualquier apellido imaginable entre Abad y Zunzunegui era, potencialmente, un descendiente legítimo de uno de los 100.000 judíos expulsados de Sefarad —España, en hebreo— por los Reyes Católicos.

"Sé de algunos casos que están siendo investigados por posibles delitos de suplantación de identidad y falsedad de documentos", explica a El Confidencial el abogado José Cohen, titular de un bufete homónimo en el paseo de la Castellana. "Y mi opinión personal por lo que veo, escucho y comento con otros compañeros es que desafortunadamente son muchos más de unos pocos, lamentablemente… y precisamente por eso estamos pagando justos por pecadores".

Muchos de estos bufetes y páginas con reclamo utilizan el libro 'Sangre Judía: Españoles de ascendencia hebrea y antisemitismo cristiano', publicado en 1998 por el periodista y traductor balear Pere Bonnín. En el libro, que escribió como una forma de saldar una deuda con sus antepasados judíos, Bonnín plasmó cinco años de investigación que lo llevaron a sumergirse en los censos de las juderías españolas, las listas inquisitoriales de aquellos condenados por judaizantes y varios estudios internacionales para sacar una primera lista de apellidos judíos que acabó siendo el anzuelo para muchos migrantes desesperados por lograr una vía de salida.

"Mi libro es un buen sitio donde empezar, pero no lo tiene todo", comenta Bonnín en una entrevista con El Confidencial. "La descendencia es misteriosa, da saltos y es muy complicada", reconoce el autor, quien desde que se aprobó la ley comenzó a recibir cientos de correos electrónicos de latinoamericanos consultándole sobre el tema. El investigador advierte que comprobar casos particulares es complicado, ya que muchos de los archivos fueron quemados —una práctica habitual en la época cada vez que había descontento para evitar pagar impuesto—. "A todos les dije lo mismo, que contacten con su rabino más próximo. El libro lo hice como una denuncia por la discriminación que sufrimos los que tenemos herencia judía conversa, no por el tema migratorio".

Es imposible sustraer de este debate el hecho de que, en ese momento, muchos de estos países se estaban viniendo abajo: en Venezuela, inmersa en una espiral catastrófica y con sus fuerzas especiales cometiendo asesinatos extrajudiciales, la posibilidad de lograr rápidamente la nacionalidad española y entrar legalmente en Europa era un aliciente muy poderoso para buscar antepasados sefardíes. A finales de 2018, un informe policial remitido desde una embajada latinoamericana alertó al Ministerio de Justicia de un extendido fraude relacionado con la documentación para acceder a este tipo de cartas.

Aquella alerta motivó que Justicia tomara cartas en el asunto y comenzara a ser mucho más exhaustiva con la documentación de los sefardíes aspirantes a españoles. Y esto motivó ese espectacular aumento en las denegaciones. Las sospechas apuntan, de nuevo, a estos países.

"Desde el minuto uno se ha estado mirando todo con atención, porque ha habido intentos de buscar parientes sefardíes hasta debajo de las piedras", comenta a El Confidencial una funcionaria, quien en ese momento era alto cargo del Ministerio de Justicia.

Aunque el ministerio no ofrece desglosados por país los datos de rechazo, sí que es posible analizar el porcentaje de éxito por país. Así, podemos observar que en los países europeos, norteafricanos o con pasado otomano, el rastro sefardí es fácil de identificar y las posibilidades de obtener el visto bueno de Justicia suben mucho. El 88% de las solicitudes marroquíes o el 84% de las tunecinas fueron afirmativas, lo mismo que sucede en países como Grecia, Bosnia, Serbia o Bulgaria, de marcada raigambre sefardí. O incluso con Brasil, donde huyeron miles de judíos españoles una vez Portugal siguió los pasos de España y dictaminó la expulsión o conversión de los judíos en 1497. Allí, el 84% de las solicitudes de nacionalidad han sido atendidas.

Sin embargo, en el otro extremo aparecen países donde menos de la mitad de los solicitantes logran su objetivo. En El Salvador, 328 ciudadanos han intentado acceder al pasaporte español por esta vía y solo cinco (apenas el 1,5%) lo han logrado. En Bolivia, solamente el 14% y en República Dominicana, uno de cada tres. Los tres principales países por número de expedientes, México, Venezuela y Colombia, están en torno al 50% de éxito.

"Es cierto que ha habido mucho fraude, pero no es motivo para el actual cierre de puertas", opina Elías Bendahán, otro abogado especialista en tramitación de nacionalidad española y portuguesa para sefardíes, español pero residente en Haifa.

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