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Cómo exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela permitieron a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido blanquear millones de dólares


El colombiano Álex Saab Morán creó una red de empresas que utilizó la moneda bolivariana para falsas exportaciones.

En Estados Unidos, Saab es investigado por lavado de activos junto con su socio, Álvaro Pulido.

Según un reporte de expresa.se, la orden extradición de Saab el sábado 16 de octubre de 2021 de Cabo Verde a Estados Unidos se dio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara, en julio de 2019, a ambos empresarios colombianos de lavado de activos, por una trama que comienza en Ecuador y que incluye una red de empresas.

La acusación señala a Saab y a Pulido de haber usado cuentas bancarias estadounidenses para blanquear capitales ilícitos obtenidos con la conversión de dinero a través del SUCRE y falsas exportaciones.

Saab nació en la ciudad colombiana de Barranquilla. Está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar con sobreprecios al régimen venezolano alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el 25 de julio de 2019 a Álex Saab y Álvaro Pulido de lavado de activos. Según la acusación, realizaron transferencias por aproximadamente USD 350 millones desde cuentas bancarias a su nombre en Venezuela hacia cuentas en Estados Unidos, y de allí transfirieron el dinero a cuentas en paraísos fiscales.

De acuerdo con la narración de los hechos en la acusación del fiscal de Florida, en noviembre de 2011, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el Gobierno de Venezuela para construir viviendas para personas de bajos recursos, en la llamada Gran Misión Vivienda.

Entre 2011 y 2015, habrían trabajado con tres cómplices en Estados Unidos para enriquecerse ilegalmente y pagar sobornos a funcionarios venezolanos que les permitieran dar apariencia legal a sus movimientos de dinero.

La investigación en Estados Unidos apunta a que Saab y Pulido se habrían beneficiado de la tasa de cambio controlada por el gobierno de Venezuela, pues a través de ésta podían obtener dólares estadounidenses a un cambio favorable.

La acusación señala que Saab y Morán sobornaron a trabajadores de las Aduanas de Venezuela, de la Guardia Nacional y de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). El Cadivi era el ente encargado de administrar las tasas de cambio en Venezuela hasta 2014, cuando desapareció.

Después de reuniones realizadas en Miami, los empresarios usaron facturas falsas por concepto de material de construcción que nunca fue exportado a Venezuela.

Foglocons

El contrato para la construcción de las viviendas en Venezuela nació de Ecuador. Las exportaciones fueron realizadas por la empresa ecuatoriana Fondo Global de Construcción (Foglocons), con sede en la provincia de Guayas y de la que Pulido era accionista.

Foglocons también tiene una sede en Colombia, con Pulido y Saab de accionistas.

En 2013, el entonces fiscal general Galo Chiriboga anunció que esta empresa habría usado el sistema SUCRE para lavar dinero a través de falsas exportaciones. Según la Fiscalía, Foglocons reportó exportaciones por USD 3 millones, pero recibió pagos por USD 159,9 millones.

Según reveló PRIMICIAS, la Fiscalía de Ecuador determinó un sobreprecio en las exportaciones. El valor de los paneles modulares para construir las casas prefabricadas declarado por Foglocons era de USD 170, cuando la empresa proveedora los comercializaba a USD 19,95.

En el allanamiento de la sede de la empresa se encontraron bloques de facturas duplicadas, con numeración alterada, y originales en blanco que habían sido ya presentados llenos ante la Aduana.

La Fiscalía también encontró copias de autorizaciones de pago del Cadivi que tenían como base declaraciones aduaneras de exportación que habían sido rechazadas en Ecuador y facturas duplicadas o falsificadas.

Según la acusación en Estados Unidos, con sobornos, Saab y Pulido se aseguraron de que los funcionarios de la Aduana y de la Guardia Nacional tomaran fotos de un cargamento en diferentes locaciones para crear la falsa impresión de que eran múltiples embarques de material.

De esta manera, y con facturas adulteradas, duplicadas o falsificadas, lograron que el Cadivi hiciera múltiples pagos por importaciones que nunca existieron.

La Fiscalía en Ecuador encontró una red de empresas relacionadas a Foglocons que trabajaron juntas, movieron dinero entre ellas, y usaron el mismo esquema para lavar dinero a través del SUCRE.

Se reveló que entre estas empresas está una inmobiliaria, Inconeg, cuya accionista principal, Micaela Lehrer, aportó con USD 50.000 para la campaña electoral del binomio presidencial del partido ecuatoriano Alianza PAIS en 2013, integrado por Rafael Correa y Jorge Glas.

Entre las exportaciones de estas empresas se encontraban productos químicos y cables sobrepreciados.

Justicia de Ecuador investiga

La Fiscalía de Ecuador informó en 2015 que investigaba el presunto blanqueo de $135 millones en “exportaciones irregulares” a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010.

“La Fiscalía ha comenzado a investigar hechos de exportaciones irregulares a Venezuela. Hemos iniciado varias indagaciones, unas ya están en instrucción”, señaló el entonces fiscal general Galo Chiriboga.

El fiscal dijo que esos recursos llegaron al país y fueron enviados a Estados Unidos, Venezuela y a “paraísos fiscales” en varias transacciones.

“Esos $135 millones llegaron y estuvieron en el país menos de 72 horas, y fueron reexportados a países como Estados Unidos, Venezuela”, dijo Chiriboga al canal público de televisión EcuadorTV.

El funcionario no precisó las fechas de las operaciones.

Las autoridades de Ecuador presumían que en estos movimientos comerciales hubo una “grave violación” a la ley de lavado de activos, según el fiscal.

Chiriboga agregó que las presuntas operaciones de blanqueo se efectuaron en Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), una moneda virtual que adoptaron en 2009 países del bloque Alba en sustitución del dólar.

Además de Ecuador y Venezuela, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) estaba conformada por Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.

El fiscal general indicó que las empresas involucradas recibieron más de $130 millones en supuestas exportaciones de materiales a Venezuela, pero que solo pudieron justificar tres millones en costos.

La justicia de Ecuador ya impartió condenas por el blanqueo de dinero mediante exportaciones irregulares a territorio venezolano.

Una investigación realizada por el diario El Universo de Ecuador, en conjunto con el Nuevo Herald y el portal Armando Info, detalló que “varias empresas fantasmas registradas en Miami y Weston recibieron millonarias transferencias de otras compañías pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de activos tras montar exportaciones fraudulentas desde ese país hacia Venezuela”.

La ruta de la estafa y las exportaciones ficticias

El negocio de Álex Saab perfeccionó en 2011 la adquisición de materiales de construcción desde Ecuador y Colombia, utilizando el sistema de compensación Sucre.

El negocio de Saab y Pulido creció rápidamente entre 2011 y 2013. Las cifras de exportaciones de Ecuador a Venezuela presentaban números jamás imaginados. Pero, las viviendas en el país llanero no aparecían. En realidad, se trataba de un mecanismo ficticio de exportaciones que hacía parte de un sistema regional de lavado.

En noviembre de 2011, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, suscribieron un convenio para la construcción de viviendas populares en Venezuela. Justamente Fonglocons sería la encargada de proveer los materiales.

Aunque los gobiernos de los dos países hicieron lo imposible por ocultar el escándalo, la verdad empezó a revelarse.

Informes oficiales hablan de una cifra que bordea los $ 2000 millones por exportaciones ficticias y subvaloradas, realizadas entre Ecuador y Venezuela, sin embargo, la justicia abrió expedientes por apenas $ 156 millones, que fueron archivados y sus responsables sobreseídos, en procesos en los que, se cuestionó la actuación del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, pariente de Rafael Correa.

Entre los años 2013 y 2014, luego de varias denuncias públicas, la fiscalía ecuatoriana se vio obligada a abrir investigaciones penales en contra de Foglocons. En los procesos fueron vinculados Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nassar Tayupe y Luis Sánchez Yánez.

Dentro del proceso judicial se ejecutó la incautación de $60 millones de Foglocons, de ese monto $56.3 millones estaban depositados en los bancos Amazonas y Austro. A raíz de la incautación se conoció que el abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, intentó presionar al banco Amazonas para la liberación de los recursos, algo que escapaba del control de la entidad bancaria.

La jueza María Jaramillo Hidalgo en 2016, tras una larga disputa, ordenó el desbloqueo y la entrega de esos recursos, a través de empresas offshore, del presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor Centeno y de Víctor Silva Sosa.

Como apoderado judicial de Foglocons y Álvaro Pulido Vargas, actuó Jorge Zavala Egas, quien recibió honorarios por $3.8 millones, de los propios recursos liberados.

La felicidad de Pulido y Saab, alcanzada por la impunidad judicial en Ecuador, les duraría poco. En 2019, ambos eran investigados por la DEA, mientras la fiscalía de Florida-EEUU los acusaba de lavado en las operaciones de Fondo Global de Construcciones.

Algo que la justicia ecuatoriana nunca consideró fue que el verdadero nombre de (Álvaro Pulido Vargas), era Germán Enrique Rubio Salas, líder del denominado cartel de Bogotá, que en 1999 había coordinado el envío de cocaína a Europa. Fue justamente a Álvaro Pulido Vargas, a quien la justicia de Ecuador sobreseyó y devolvió los $60 millones requeridos por él y su amigo Álex Saab.

De igual forma, la justicia de Ecuador no investigó los posibles vínculos de Luis Sánchez Yánez con el narcotráfico, pese a que la misma fiscalía reportó ese antecedente.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dicho que Saab Morán dirige una red de corrupción que “ha permitido al expresidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”. “Se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidios alimentarios”.

Para obtener contratos, mover sus negocios, desviar, ocultar y lavar el dinero obtenido de la corrupción Saab creó una compleja estructura global de empresas fantasmas que fueron fachadas para dificultar el rastro de sus actividades. Entre 2017 y 2018, Saab logró contratos por $1.500 millones para entregar a Venezuela alimentos, juguetes y medicinas.

Por las manos de Saab y Pulido pasaron desde el manejo de divisas preferenciales, obras públicas, negocios petroleros, importación de gasolina iraní hasta el comercio del oro y carbón venezolano. Su fortuna, que no se conoce a cuánto asciende, está repartida en millonarias cuentas bancarias y lujosos bienes alrededor del mundo. La justicia de USA ordenó la incautación de $700 millones en cuentas de Saab en el paraíso fiscal de Liechtenstein.

En Italia y Reino Unido Álex Saab y su esposa, la modelo italiana Camilla Fabri, son investigados por lavado de activos. En Suiza y Bulgaria sus cuentas también están en la mira por tener dinero de origen ilícito.

Según informaron fuentes venezolanas, a finales de agosto de 2019, el expresidente Rafael Correa, habría aprovechado una visita realizada a Venezuela para reunirse con Alex Saab y altas autoridades del gobierno chavista. La visita de Correa fue aprovechada también para grabar una entrevista con Nicolás Maduro para la cadena Rusia Today.

Tal y como está planteada la denuncia criminal contra los llamados testaferros de Maduro en una corte federal de Miami, lo que ocurrió en Ecuador con el Fondo Global de Construcción podría ser el eje central de un eventual juicio a los empresarios ecuatorianos, esta vez en Estados Unidos.

Eso significa que sería altamente probable que en la corte salgan a relucir acciones, omisiones y favores en efectivo alrededor del fallido proceso penal de la justicia ecuatoriana contra uno de los empresarios y sus socios por lavado de activos.

La clave está en el punto tres de la acusación de Estados Unidos contra Alex Saab y Alvaro Pulido, los empresarios colombianos que actuaron durante años como operadores del régimen venezolano con presuntos cómplices en Ecuador, México, Perú y Chile.

Como se ha dicho, Saab y Pulido están acusados de hacer transacciones financieras con dinero producto de la corrupción. Los fiscales de EEUU aseguran que desde marzo de 2012 hasta final de 2014 los empresarios hicieron transferencias por más de 350 millones de dólares desde bancos de su propiedad o controlados por ellos en Venezuela a bancos corresponsales en Estados Unidos e instituciones financieras en otros países.

El punto tres explica el propósito de la confabulación de los acusados que era enriquecerse ilícitamente a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos para obtener beneficios, “incluyendo la aprobación de documento falsos y fraudulentos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción’’. Y a eso se suma el acceso al sistema de cambio de Venezuela (Cadivi) para “asegurarse que los pagos fueran hechos en dólares’’ basándose, de nuevo en facturas falsas.

Aunque Ecuador no se menciona en el documento acusatorio, se sabe que las supuestas importaciones citadas por el punto tres tuvieron como origen envíos de ese país a  Venezuela de implementos para la construcción de vivienda popular , la mayoría ficticios.

Hay un capítulo también ecuatoriano que no figura en la acusación pero que podría llamar la atención a los fiscales del caso en Miami: el destino de los dineros del Fondo Global de Construcción que fueron descongelados en febrero de 2016 por órdenes de la jueza de garantías penales de Guayas, María Jaramillo Hidalgo.

Se sabe que una buena parte de los 56.3 millones liberados llegaron a Miami ¿La pregunta es si a los ojos de la justicia de Estados Unidos ese dinero fue producto de transacciones ilícitas, deben responder quienes lo recibieron en este país?

La defensa formal para los intermediarios del rescate de los fondos descongelados es que el fallo de la juez Jaramillo dejó libre de culpa esos dineros. En una polémica decisión la jueza Jaramillo argumentó que la fiscalía ecuatoriana no había demostrado el origen ilícito de los dineros, condición para hablar de lavado de activos y que en cambio existía una certificación del Banco Central de Venezuela de que se trataba de fondos oficiales enviados como adelanto para la compra del material. De acuerdo con el fiscal que manejó el caso en Ecuador, la decisión fue apresurada por cuanto la juez debería haber llevado el tema a juicio para definir en presencia de los acusados y con testigos, si existieron operaciones ilícitas previas al envío de semejante fortuna a Ecuador.

La lista de invitados a sacar del Ecuador los fondos descongelados es larga, pero hay un personaje muy emblemático de la operación por lo que se mueve entre Ecuador y Estados Unidos. Se trata de Miguel Angel Loor Centeno, el presidente de la Liga Profesional que dirige las divisiones superiores del fútbol de Ecuador. Es además abogado de la universidad de Especialidades Espíritu Santo. Loor aparece relacionado con el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, (preso por corrupción) en un informe del organismo de inteligencia gubernamental CIES.

Loor figura asociado a empresas escogidas por Víctor Silva Sosa, representante de Fondo Global, para que reciban transferencias millonarias de los depósitos que habían sido descongelados en Ecuador. Una de esas empresas es Prymera Asesores SA de Panamá de la cual Loor es director. Silva ordenó que se le entregara a esta firma 24 millones de dólares. La primera fue incorporada en julio de 2016 poco antes de que empezara la feria de las transferencias.

En otra carta de instrucciones de Silva del 29 de agosto de 2016, Loor aparece como el destinatario de $ 2.58 millones. De acuerdo con las instrucciones la transferencia de los $ 2.5 millones debía hacerse a la cuenta corriente de Loor en el Biscayne Bank de Miami. (cuenta que empieza con el número 811007). En ese punto se pierde el rastro del dinero.

Una de las rutas menos conocidas de esta trama es la protagonizada por Electrocables C.A. y sus accionistas Jorge y Nassib Neme Antón, este último dirigente del Club Sport Emelec y amigo cercano del expresidente Rafael Correa.

La relación de Nassib Neme con la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido se basa en dos contratos suscritos en febrero y mayo de 2013, entre los representantes de Electrocables y Foglocons. En el marco de esa operación, se realizaron pagos a favor de Luis Eduardo Sánchez Yánez (socio de Foglocons-Ecuador), desde la cuenta bancaria de la empresa de Neme.

Luis Sánchez Yánez, es hermano del asesor de seguridad de Rafael Correa, Jaime Sánchez Yánez (el Chamo), persona de confianza de Hugo Chávez.

Tan cercana era la relación que Correa nombró a Abisaab Neme Kalaban, primo de Nasib, como embajador en Qatar.

Neme había negociado cerca de $95 millones con Fondo Global para la venta de material eléctrico a través de dos contratos suscritos en febrero y mayo de 2013, por $25 millones y $69.5 millones respectivamente. La venta de este material no estaba en el radar de la Fiscalía General del Estado y por tanto no era parte de las investigaciones por lavado de dinero que impulsaba esa entidad. Los contratos aparecen firmados por Jorge Neme Antón de Electrocables y Luis Zúñiga Burneo por Fonglocons. Saab personalmente hacía seguimiento a estos contratos.

Pero las alarmas sonaron el 15 de septiembre de 2016 cuando Guadalupe Neme Antón de Concha y Jacqueline Neme Antón de Pernigotti solicitaron sendos informes sobre la situación financiera de Electrocables de los años 2011 a 2014, debido a ciertos abusos que el accionista mayoritario realizó.

La Superintendencia de Compañías, se vio obligada abrir un expediente (No.09691) y ordenar un peritaje contable que al final evidenció los negocios con Fondo Global.

En un extracto de esos informes se dijo: “Dejo constancia que la existencia de inconsistencias y anomalías relacionadas con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar con transacciones comerciales realizadas antes de la fecha de la firma del contrato por valores significativos, como la contabilización afectando cuentas contables de manera incorrecta por aproximadamente USD 9 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con Fondo Global de Construcciones S.A., así como diferencias con los valores declarados en el formulario 101, se comprueban también en el peritaje 2011, 2012 y 2013, lo que revela que las labores de control de la Superintendencia, que se ha negado intervenir la compañía no están sirviendo en el propósito previsto en la ley”.

Las conclusiones del peritaje contable se incluyeron en la investigación fiscal que se inició en noviembre de 2013 y se sumó un informe de la Unidad de Análisis Financiero.

La Dirección Nacional de Prevención y Lavado de Activos determinó que el 25 de enero de 2013 Electrocables y Fondo Global firmaron un contrato por $25 millones. Electrocables, entre el 1 y 26 de febrero, recibió cheques del Banco Territorial ($9,9 millones), Pacífico ($8 millones) y Pichincha ($5,8 millones), es decir 23,7 millones.

Pero de ese monto Electrocables solo facturó $13,1 millones (incluido el IVA) a favor de Fondo Global, es decir quedó un remanente por $9,1 millones pendiente de entrega y que nunca se conoció el destino final de ese material pagado por adelantado.

Los contratos entre las dos empresas, dice la Superintendencia de Compañías, debieron cancelarse contra entrega recepción de los productos, pero la realidad es que se pagó por adelantado. La muestra son los cheques entregados en febrero frente a las 18 facturas que se emitieron entre el 1 de febrero y el 6 de junio de 2013.

Según informes fiscales, todas esas facturas se emitieron a nombre de Red de Abastos Bicentenario, la red que hasta el momento Nicolás Maduro usa en Venezuela.

En el juicio por lavado de activos que la Fiscalía impulsó en 2015 contra Gabriel Andrés Peñaherrera Romero, Alvaro Pulido, Enrique Nassar Tayupe, Luis Zúñiga Burneo y Eduardo Sánchez Yánez se señaló que Electrocables en el primer semestre del 2013, contaba con comprobantes de ventas por $ 46,9 cancelados a Fondo Global.

Se reconoció además la entrega de $ 23,7 en cheques. Se dijo que en 2013 fue el cliente más importante de Fondo Global de Construcción S. A. Ni la Superintendencia de Compañías y ni la Fiscalía investigaron a Neme y mucho menos la relación de Neme con Saab y Pulido.

Desde julio de 2013 en que se inició la investigación con el allanamiento de las oficinas de Fondo Global, cinco fiscales conocieron el caso y ninguno pudo concretar la formulación de cargos contra Neme Antón pero desde esa fecha pasaron cinco fiscales y ninguno de ellos pudo formular cargos contra los Neme Antón. El caso se cerró en junio de 2016 con el sobreseimiento de todos los implicados.

Una las estrategias de Hugo Chávez y Rafael Correa, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), era la de crear una moneda virtual que reemplace al dólar en las operaciones comerciales y financieras entre los países de la subregión. La idea de los dos mandatarios encontró claridad en septiembre de 2008, durante la tercera cumbre del ALBA, evento en el que se firmó un Acuerdo Marco para la creación del sistema de compensación Sucre.

Según el mecanismo de compensación Sucre, el banco pagador de Venezuela entregaba bolívares al Banco Central de Venezuela, con una orden de pago, que vía Banco Central del Ecuador, recibía la acreditación en «Sucres» -cotización a la par en dólares, liquidables en la compensación, en dólares- nominando un banco destinatario en Ecuador, que debía notificar al destinatario final -el exportador- la acreditación. El total de transacciones en «Sucres» fueron miles de millones de dólares, intermediando casi todo el sistema financiero ecuatoriano.

Aunque el sistema de compensación tardó algún tiempo en perfeccionarse, los gobiernos de Venezuela y Ecuador ensayaron previamente otros mecanismos. Uno de ellos se pactó el 26 de agosto del 2009 en Quito. Con la firma de documentos y varios apretones de manos se creó Empreven Ecuador, plataforma de intercambio comercial apoyada por Correa y Chávez. Entre los invitados al nacimiento estaban: Alejandro Uzcátegui, presidente de Empreven Venezuela; Gabriela Uzcátegui, delegada por PDVSA; y Luis Zúñiga Burneo, representante de los empresarios ecuatorianos, quien tres años después aparecerá como representante de la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido.

En diciembre del 2009, Alejandro Uzcátegui, fue señalado por el cierre y posterior intervención del Banco Real, entidad financiera venezolana, sospechosa de estar inmersa en actividades irregulares, lo que mereció una difusión roja de Interpol.

Gabriela Uzcátegui, es hija de Diego Uzcátegui Matheus, exdirector de la Oficina de Presidencia de PDVSA y expresidente de PDVSA Argentina. Gabriela fungía como representante de la petrolera venezolana, pero su nombre fue relacionado durante el “escándalo del maletín”, en agosto del 2007, suceso protagonizado por su entonces pareja sentimental, Guido Antonini Wilson, empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez, detenido en Buenos Aires con una maleta con $790 mil, la cual quiso ingresar sin declarar.

Otro de los asistentes a la cita de lanzamiento de Empreven Ecuador, fue Luis Zúñiga Burneo, que se convirtió en uno de los más entusiastas impulsadores del comercio con Venezuela. Zúñiga creó la Corporación Andina de Comercio, con la cual tocó muchas puertas y ofreció servir de puente entre empresas de los dos países. Luis Zúñiga era el representante legal de Fonglocons al momento de cometerse los actos ilícitos.

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