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Revelan cómo surgió el conflicto legal de la española Canal de Isabel II por el control del servicio de agua en ciudades de Colombia


Primero, el sutil pulso diplomático a puerta cerrada. Luego, la batalla jurídica a cara de perro. Tras ver cómo Colombia aplicaba una ley antinarco para expropiar las acciones con las que el Canal de Isabel II controlaba la compañía americana Triple A —que gestiona el agua de algunas de las principales ciudades del país— la empresa pública está dispuesta a pagar hasta 4,5 millones de euros en contratar especialistas que la representen en el conflicto legal, y en un posible arbitraje internacional. ¿El objetivo? Recuperar parte de la millonaria inversión de dinero público en la Triple A, que el año pasado ingresó más de 150 millones de euros. Las autoridades americanas justifican su intervención en que la empresa madrileña cobró más de 60 millones a la colombiana por asesorías técnicas que, a su juicio, no se produjeron.

2001. Alberto Ruiz-Gallardón preside la Comunidad. Hay un verdadero boom inversor. Pareciera que sobre el dinero. Las empresas públicas de la región (también el Metro) se ponen a hacer negocios en el extranjero. Y el Canal compra Inassa, la compañía con la que acabará controlando todas sus inversiones americanas, por 100 millones. “Un pelotazo”, se le escucha decir en una grabación telefónica a Ignacio González, expresidente regional, reseñó Juan José Mateo en EL PAÍS.

La felicidad se acaba en 2017: el caso Lezo estalla con la detención de González y exdirectivos de la compañía pública. Se investiga una supuesta trama de mordidas y sobrecostes urdida alrededor de la actividad internacional del Canal. Y eso, claro, afecta a Inassa, la matriz con la que se controlan todos esos negocios americanos, ya que el juez Eloy Velasco ve indicios de “compra fraudulenta y supuesta malversación” en su adquisición por parte del Canal. Sostiene que el precio real debía haber sido “muy inferior”. De unos 30 millones. Es decir, 70 menos.

En medio, una conversación clave para los investigadores españoles y los colombianos. Hotel Villamagna. Madrid. 21 de julio de 2016. A un lado está Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa y mano derecha en América de González. Al otro, José Manuel Daes, alias Yuyo, un importante contratista y empresario colombiano cercano al uribismo en cuyas manos, y las de su hermano, ha acabado ahora parte de la Triple A, según han revelado los portales Primerapágina y La Silla Vacía. Esto se dicen. Comienza Rodríguez Sobrino:

— Llamo al consejero de presidencia, Ángel [Garrido, número dos de la entonces presidenta, Cristina Cifuentes], y me dice: “No, no, Edmundo, gracias, no necesito ninguna explicación. Lo que necesito es tu dimisión”.

—[Quieren] desbaratar todo.

—Desbaratar todo, bueno de hecho Yuyo hace un año aquello facturaba 320, 330 millones de dólares.

—¿Cuánto le entraba al Canal?

—Al Canal le han entrado, te digo la cifra total, al Canal le han entrado 65 millones. Eso es lo que le ha entrado.

—No se entiende.

—Al Canal cobró 65 millones de dividendos que le he dado yo.

La conversación, grabada por los investigadores e incorporada al sumario del caso Lezo, al que accedió EL PAÍS, está en el origen del conflicto actual. Inmediatamente, levanta las sospechas de las autoridades colombianas, que para finales de 2017 ya argumentan que el Canal cobró a la Triple A durante años por servicios de asesoría técnica que nunca se dieron. Cualquier duda, a juicio de los investigadores colombianos, queda despejada por una declaración posterior de Rodríguez Sobrino ante el juez.

“Canal cobraba una asistencia técnica, entre paréntesis, que no daba, que no daba, y la cobraba mensualmente”, dijo cuando le preguntaron sobre la Triple A dominicana, otra compañía del grupo, pero especificando que el sistema funcionaba en “todas” las sociedades de este. “El Canal cobraba mensualmente como dos millones de euros por una asistencia técnica que nunca ha prestado, que nunca ha prestado”, subrayó. “Era un pacto oculto de los accionistas (...) Ese dinero lo han cobrado los accionistas para pagar menos impuestos”.

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