La Audiencia Nacional española ha solicitado información a una decena de países en el marco de la investigación sobre las operaciones de blanqueo de fondos procedentes de la petrolera venezolana PDVSA. La magistrada María Tardón ya dividió el pasado noviembre la macrocausa en distintas piezas para agilizar el proceso, pero tras cuatro años de investigación, aclarar los movimientos de dinero y las operaciones entre unos países y otros se vuelve imprescindible para apuntalar los indicios contra los imputados.
Desde la apertura de la investigación, se han enviado comisiones rogatorias a países como Estados Unidos, Letonia, Suiza, Andorra, Malta, Estonia, Luxemburgo y República Checa, explican fuentes jurídicas. Salvo los tres últimos, que ya han remitido toda la información solicitada, los investigadores siguen pendientes de que el resto facilite determinados datos: algunos han enviado parte, pero en casos como el de Malta se baraja que policías españoles se desplacen al lugar para facilitar el proceso, reseñó Pablo Gabilondo en El Confidencial.
Las fuentes consultadas destacan además la solicitud a Estados Unidos, cuya información servirá para aclarar si alguno de los investigados ya arrastra condenas en el país norteamericano: el blanqueo exige demostrar la existencia de un delito previo, y ahí es donde los procedimientos que se hayan instruido en otros países cobran especial relevancia. En cuanto al resto de países, las mismas fuentes enmarcan las comisiones rogatorias en lograr la "trazabilidad del dinero" procedente de la petrolera.
En noviembre, la magistrada ya dividió la investigación en tres piezas para agilizarla. Según apuntaba en un auto adelantado por 'Europapress', la decisión respondía a "la singular extensión y complejidad de la causa, el elevado número de personas físicas y jurídicas investigadas" y su "eventual macroenjuiciamiento", así como a "la necesidad de impulso de las actuaciones, evitando en lo posible dilaciones innecesarias que, de producirse, pudieran afectar al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva".
De esta manera, la primera de las piezas se centra en la querella de la propia PDVSA, personada como acusación en el caso, contra una veintena de personas físicas y jurídicas por los supuestos delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español. La petrolera denuncia la existencia de una "organización criminal" que llevó a cabo "diferentes operaciones de disimulación y camuflaje con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito". Entre los investigados, destacan el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, o el que fuera jefe de Seguridad de PDVSA, Rafael Reiter.
La segunda pieza aborda a su vez la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción por supuesto blanqueo de capitales en torno a "fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela". Entre otros, los investigadores ponen el foco en el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y su mujer Milagros Coromoto Torres y en distintas operaciones llevadas a cabo en Portugal.
La tercera pieza parte de un informe de octubre de 2018 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se apunta a "una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales" que habría sido realizada por Villalobos para lavar "fondos de ciudadanos venezolanos procedentes de la corrupción y el fraude" en PDVSA. La operativa le habría beneficiado tanto al propio Villalobos como al exasesor legal del Ministerio de Petróleo de Venezuela, Carmelo Urdaneta, y al presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, todo ello con una supuesta inversión en una SICAV de Malta como telón de fondo.
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