El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y su entorno más cercano han iniciado una campaña en redes sociales para usar la Plataforma per la Llengua como instrumento para silenciar al diario El Confidencial y sus informaciones sobre las estructuras jurídicas y financieras que apoyan al 'expresident' huido y su operativa desde Waterloo. Así, se ha acusado de manera falaz al medio de "delitos de odio" o de "difamar" amparándose en un fallo de un tribunal civil belga sobre un delito inexistente en el derecho penal de ese país, que al tratarse de una sala civil tampoco puede decidir sobre delito alguno. Además, se ha falseado el contenido de la sentencia, reseñó el periodista Marcos Lamelas en El Confidencial.
En 2020, El Confidencial publicó dos informaciones sobre Plataforma per la
Llengua, una entidad centrada en la defensa del catalán. La primera, en el mes
de febrero, sobre cómo se había creado una filial en Bélgica de actividad
desconocida. Y en junio, sobre cómo se había elegido que los nuevos socios de
la entidad fueran también socios de la entidad europea, sin aclarar que parte
de sus cuotas se iba a Bruselas. El 24 de enero de ese año se había enviado un
'mail' a Sergi Sabaté, entonces jefe de prensa de la entidad, con nueve
preguntas sobre la cuestión. En los casos en que respondieron, se recogió su
versión de los hechos. Se le ofreció a Sabaté un contacto directo que fue
rechazado por el interesado, quien prefirió relacionarse por correo
electrónico.
Tras la publicación, ni Sergi Sabaté ni nadie de Plataforma per la Llengua se
puso en contacto con el periodista Marcos Lamelas o con El Confidencial para
rectificar ni total ni parcialmente estas informaciones.
Que els Lamelas i altres difamadors habituals es confitin el seu verí a Brussel·les.
— Josep Lluís Alay (@josepalay) April 27, 2022
Tot el suport @margapayola i sempre agraït per la teva defensa impertorbable de la llengua catalana amb @llenguacat. https://t.co/6Nl5QcNOqK
En febrero de 2021, un año después, la plataforma demandó al periodista sin
otro aviso. La demandante era Margarida Payola, directora general de
Plataforma per la Llengua-Europa ASBL y en ese momento asesora de Carles
Puigdemont en el Parlamento Europeo. El Confidencial decidió no personarse en
la causa por entender que se trataba de una estrategia legal para cercenar la
libertad de información, centrada en provocar gastos legales a un medio de
comunicación para que no pueda seguir informando sobre una cuestión
determinada.
Se trata de un movimiento conocido como Slapp por sus siglas en inglés
(Strategic Lawsuit Against Public Participation), procedimiento legal cuya
intención es la intimidación y silenciamiento de sectores críticos, en la
mayoría de los casos periodistas, activistas, sindicalistas y oposición
política. No se trata de un invento del independentismo, sino una práctica
habitual contra el periodismo de investigación y otras actividades comunes en
la vida democrática diaria.
La demanda se mostraba ajena a una lógica jurídica. Se denunciaba a un medio
de comunicación español, cuya difusión es en España, no en Bélgica, y cuya
sede está en España, ante un tribunal civil belga. Además, por parte de una
ciudadana española, Margarida Payola, quien a su vez trabajaba para otro
ciudadano de nacionalidad española, Carles Puigdemont; al margen de dónde se
había producido el daño y se encontraban los actores de los hechos que se
sometían a la autoridad del tribunal.
A Espanya un periodista s’inventa, sense ni una sola prova, que jo rebo diners de @llenguacat. Sap que cap jutge espanyol el condemnarà, i per això cada dia la diu més grossa. Fins i tot el conviden a la Universitat a fer classes.
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 27, 2022
A Europa, aquest individu és un difamador. https://t.co/dCcPEWtHwk
El 25 de marzo de este año, el tribunal de primera instancia civil de Bruselas
condenó al periodista por no haberse presentado ante el juzgado, pero sin
entrar en el fondo de la cuestión, la cual no es valorada en la sentencia en
ningún momento. "Según los artículos 8.4 del Código Civil y 870 del Código
Judicial, cada una de las partes tiene la carga de probar los hechos alegados.
Cualquiera que quiera hacer valer una reclamación legal debe probar los actos
o hechos jurídicos que sustentan su reclamación. Todas las partes deben
colaborar en la administración de la prueba", apunta el juez belga para
justificar su decisión. La pasada semana, Plataforma per la Llengua en España,
no en Bélgica, emitió un comunicado plagado de falsedades, donde se imputaba
al periodista un "delito de odio" que no recoge la sentencia. Además, le
atribuía una falsa acusación de "malversación" que no figura en ninguno de los
dos artículos publicados. Es significativo que en su comunicado no reproduzca
ni un solo párrafo de la sentencia.
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