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Diario El Confidencial se defiende de acusaciones del expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemon y la Plataforma per la Llengua sobre presunto delito de odio


El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y su entorno más cercano han iniciado una campaña en redes sociales para usar la Plataforma per la Llengua como instrumento para silenciar al diario El Confidencial y sus informaciones sobre las estructuras jurídicas y financieras que apoyan al 'expresident' huido y su operativa desde Waterloo. Así, se ha acusado de manera falaz al medio de "delitos de odio" o de "difamar" amparándose en un fallo de un tribunal civil belga sobre un delito inexistente en el derecho penal de ese país, que al tratarse de una sala civil tampoco puede decidir sobre delito alguno. Además, se ha falseado el contenido de la sentencia, reseñó el periodista Marcos Lamelas en El Confidencial.

En 2020, El Confidencial publicó dos informaciones sobre Plataforma per la Llengua, una entidad centrada en la defensa del catalán. La primera, en el mes de febrero, sobre cómo se había creado una filial en Bélgica de actividad desconocida. Y en junio, sobre cómo se había elegido que los nuevos socios de la entidad fueran también socios de la entidad europea, sin aclarar que parte de sus cuotas se iba a Bruselas. El 24 de enero de ese año se había enviado un 'mail' a Sergi Sabaté, entonces jefe de prensa de la entidad, con nueve preguntas sobre la cuestión. En los casos en que respondieron, se recogió su versión de los hechos. Se le ofreció a Sabaté un contacto directo que fue rechazado por el interesado, quien prefirió relacionarse por correo electrónico.

Tras la publicación, ni Sergi Sabaté ni nadie de Plataforma per la Llengua se puso en contacto con el periodista Marcos Lamelas o con El Confidencial para rectificar ni total ni parcialmente estas informaciones.


En febrero de 2021, un año después, la plataforma demandó al periodista sin otro aviso. La demandante era Margarida Payola, directora general de Plataforma per la Llengua-Europa ASBL y en ese momento asesora de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. El Confidencial decidió no personarse en la causa por entender que se trataba de una estrategia legal para cercenar la libertad de información, centrada en provocar gastos legales a un medio de comunicación para que no pueda seguir informando sobre una cuestión determinada.

Se trata de un movimiento conocido como Slapp por sus siglas en inglés (Strategic Lawsuit Against Public Participation), procedimiento legal cuya intención es la intimidación y silenciamiento de sectores críticos, en la mayoría de los casos periodistas, activistas, sindicalistas y oposición política. No se trata de un invento del independentismo, sino una práctica habitual contra el periodismo de investigación y otras actividades comunes en la vida democrática diaria.

La demanda se mostraba ajena a una lógica jurídica. Se denunciaba a un medio de comunicación español, cuya difusión es en España, no en Bélgica, y cuya sede está en España, ante un tribunal civil belga. Además, por parte de una ciudadana española, Margarida Payola, quien a su vez trabajaba para otro ciudadano de nacionalidad española, Carles Puigdemont; al margen de dónde se había producido el daño y se encontraban los actores de los hechos que se sometían a la autoridad del tribunal.


El 25 de marzo de este año, el tribunal de primera instancia civil de Bruselas condenó al periodista por no haberse presentado ante el juzgado, pero sin entrar en el fondo de la cuestión, la cual no es valorada en la sentencia en ningún momento. "Según los artículos 8.4 del Código Civil y 870 del Código Judicial, cada una de las partes tiene la carga de probar los hechos alegados. Cualquiera que quiera hacer valer una reclamación legal debe probar los actos o hechos jurídicos que sustentan su reclamación. Todas las partes deben colaborar en la administración de la prueba", apunta el juez belga para justificar su decisión. La pasada semana, Plataforma per la Llengua en España, no en Bélgica, emitió un comunicado plagado de falsedades, donde se imputaba al periodista un "delito de odio" que no recoge la sentencia. Además, le atribuía una falsa acusación de "malversación" que no figura en ninguno de los dos artículos publicados. Es significativo que en su comunicado no reproduzca ni un solo párrafo de la sentencia.

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