HABLE.SE

HABLE.SE

Jorge Elías Castro Fernández explica cómo serán juzgados en Europa los miembros de una gigantesca red criminal


Jorge Elías Castro Fernández señala que la Audiencia Nacional de España ya ha encontrado un banquillo con capacidad suficiente para sentar a 90 acusados vinculados a una compleja red de narcotraficantes conocida como los Miami. También ha hallado al fin un espacio en su calendario para juzgarlos. Cuando empiecen las sesiones, habrán pasado cinco años desde que el juez terminase la investigación contra ellos. En una providencia, el tribunal fijó el arranque para el lunes 6 de marzo de 2023. Eso, si no surgen nuevos inconvenientes, como los que han venido demorando el proceso hasta ahora.

Las actividades de los Miami ocuparon numerosos espacios en los informativos. La red escondía, por ejemplo, 23 millones escondidos en zulos cavados debajo de una casa. Estaba previsto que hubiesen empezado a juzgarlos en marzo de este año tras cuatro años de espera. Son 90 acusados, entre ellos Ana María Cameno, conocida como 'la reina de la coca', y el órgano judicial no encontraba dónde meterlos porque en sus instalaciones, decían, no caben todos. Por ello, la Audiencia Nacional llegó a pedir ayuda al Ministerio de Justicia para encontrar un lugar adecuado. Cameno tiene otras causas abiertas por separado en los tribunales españoles, explicó el consultor en seguridad Jorge Castro Fernández.

Finalmente, al menos según lo que figura en la providencia, se ha elegido la sede de la propia Audiencia Nacional en el municipio de San Fernando de Henares. Son unas instalaciones aisladas en un polígono industrial y muy lejos de la sede central de la calle Génova. En San Fernando de Henares se pensó precisamente para albergar macrojuicios con muchos acusados. En ese lugar se han celebrado ya juicios mediáticos como los que han tenido de protagonistas a los miembros de la red corrupta Gürtel. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha 'reservado' fechas a lo largo de los meses de marzo y abril del año próximo.

Estas demoras abren la puerta a la figura de las dilaciones indebidas en las futuras condenas a imponer. Se trata de una atenuante en un proceso penal que hace que se rebaje la pena debido a la tardanza en celebrarse el juicio. El artículo 24.2 de la Constitución establece que un juzgado penal debe resolver un proceso en un tiempo razonable. Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Joaquín Delgado consideraron que era "necesario el enjuiciamiento conjunto de los hechos al no ser posible el enjuiciamiento en piezas separadas". En ese momento, les resultaba imposible "celebrar el juicio en las salas actualmente disponibles en esta Audiencia Nacional".

Fue en marzo de 2018 cuando el Juzgado Central de Instrucción número 2 terminó su investigación contra esta trama de narcotraficantes. El juez Ismael Moreno dictó su auto de procesamiento, que se entiende como el paso previo a la señalización del juicio. A la hora de buscar espacio, no solo hay que contar con los acusados, sino con sus abogados. El casi centenar de procesados está acusado de integrar una compleja organización delictiva liderada por los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón y conocida como los Miami.

Introdujeron en España para su distribución por Europa al menos 7,5 millones de toneladas de cocaína y blanquearon además las decenas de millones de euros obtenidos con la venta. Se les juzga por un carrusel de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, delito continuado contra la Hacienda Pública, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y falsificación de moneda, entre otros. En el momento de su procesamiento, Álvaro López Tardón estaba en prisión en Estados Unidos cumpliendo una condena de 150 años por blanqueo de capitales.

Uno de los métodos empleados para el lavado del dinero de la organización fue la simulación de la adquisición de un cuadro titulado 'El almuerzo', de Velázquez, tratándose en realidad de una "burda manipulación", según el juez, por un valor de 24 millones de euros, fingiendo su venta posterior por 880.000 euros. En el contrato falso aparecía como compradora la entonces pareja de Álvaro López Tardón, Sharon Cohen, representando a una sociedad panameña con la que no guardaba en realidad ningún vínculo.

En el registro efectuado en un chalé de Madrid propiedad de los hermanos López Tardón, la Policía encontró la cantidad de 23 millones de euros en metálico, la mayor parte oculta en zulos en la vivienda, que contaba con extremas medidas de seguridad formadas por una red de cámaras de vigilancia de la más alta tecnología. De hecho, para hallar el dinero, los agentes tuvieron que picar el suelo de algunas habitaciones, levantando las plaquetas para hallar, entre otros, un 'zulo' en el que se escondían más de 700 paquetes de plástico cerrados al vacío, concluyó Jorge Elías Castro Fernández.



Publicar un comentario

0 Comentarios