El Gobierno de España no solo culpa al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del espionaje sufrido por el presidente de Gobierno y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a manos del programa Pegasus. También está en el punto de mira la empresa tecnológica Indra, responsable del ‘cortafuegos’ que debía haber alertado de intromisiones externas en el teléfono de Pedro Sánchez y de su equipo.
Desde la época de Mariano Rajoy los teléfonos móviles del presidente y sus ministros tienen instalada la aplicación COMSec que, desarrollada por Indra, en teoría ofrece una comunicación de voz segura entre teléfonos con la aplicación instalada y comunicación protegida con móviles y teléfonos fijos a través del servidor de Telefonía Unificada (STU), reseñó Fernando Cano en THE OBJECTIVE.
La solución COMSec «es un producto de comunicaciones seguras ampliamente aceptado a nivel nacional e internacional en gobiernos y grandes corporaciones, que incorpora la experiencia de más de 15 años de Indra en el sector», dice la empresa respecto de este producto. Y agrega que ofrece «comunicaciones cifradas extremo a extremo: multiconferencias y videollamadas cifradas, salas de comunicaciones seguras, mensajería instantánea y envío de ficheros«. Una comunicación segura que, a ojos del Gobierno, ha fallado.
Sin embargo, lejos de buscar responsables el Ejecutivo quiere aprovechar esta situación como una oportunidad para acelerar el control de Indra en manos estatales. La debilidad de la tecnológica ante Pegasus se puede vender como la justificación de que la compañía necesita un mayor control de parte del Ministerio de Defensa y, en definitiva, del propio Gobierno. Un terreno abonado para acelerar y reforzar el control sobre la empresa.
Moncloa considera a la tecnológica como estratégica y lleva meses maniobrando para poder alinear los intereses gubernamentales con la hoja de ruta empresarial de la cotizada. Tener el control de Indra no solo significa tener la llave de la industria de Defensa española sino que también permite tener acceso a herramientas de ciberseguridad -en plena guerra en Europa- y al sistema de gestión y difusión del escrutinio de los votos de, por ejemplo, las elecciones generales.
En el caso de la ciberseguridad, COMSec también es utilizada por las principales empresas del país para proteger las comunicaciones de sus altos directivos, por lo que su valor estratégico es clave. En cuanto al sistema de gestión y difusión de elecciones, Indra suele ser casi siempre el elegido por el Gobierno para realizar esta labor. De hecho, en las últimas elecciones generales se le adjudicó el recuento por procedimiento de urgencia, es decir, sin concurso público.
En el plan del Gobierno está comprar un 10% adicional de Indra (hasta llegar al 28%), incorporar uno o dos miembros en el consejo de administración nombrados por el Ejecutivo y darle al presidente de la compañía Marc Murtra (afín a Pedro Sánchez), plenos poderes ejecutivos. Sin embargo, en el Gobierno hay quien cree que esta estrategia podría quedarse corta y sería necesario incluso buscar otras fórmulas para ‘atar’ completamente a la tecnológica.
Estas fórmulas pasan incluso por aumentar este 28% de participación al que se quiere llegar-para lo que necesitaría lanzar una OPA- o buscar socios afines que le acompañen en el control de Indra. De hecho, desde hace unos meses está en el mercado el rumor de que se quiere convencer a Telefónica para que sea un socio estratégico en la tecnológica.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE dan validez a las intenciones del Ejecutivo de involucrar a Telefónica en sus planes estratégicos para sacar el máximo rendimiento a Indra. Con el apoyo de la operadora de telecomunicaciones se podría sustituir a los accionistas que hasta ahora se mantienen ‘rebeldes’ dentro de la tecnológica, aunque se reconoce que para llegar a este punto falta un largo camino por recorrer.
En estos momentos el Gobierno, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), es el principal accionista de Indra con el 18% del capital y a su vez es el principal cliente de la compañía a través de su división de defensa y ciberseguridad. Sin embargo, y pese a ello, el Ejecutivo no termina de imponer su estrategia en la cotizada.
A finales de febrero se anunció la adquisición de hasta un 10% adicional de Indra, pero hasta el momento no se ha ejecutado esta operación, que tendría un coste aproximado de 160 millones de euros. «Mueve a dicha decisión el propósito de dotar a Indra de una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz para que puedan llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos», dijo la SEPI en ese momento.
Por otro lado, hace un año, el Gobierno nombró a Marc Murtra -muy vinculado al PSC- en sustitución de Fernando Abril Martorell. El plan era situar a un directivo de confianza del Gobierno para que alineara los intereses de Indra con los de Moncloa.
Sin embargo, los otros accionistas de ese momento (fundamentalmente la Corporación Financiera Alba y fondos de inversión) forzaron el nombramiento de dos consejeros delegados para evitar que Murtra contase con los plenos poderes de los que disponía su antecesor.
El Ejecutivo llegó a un pacto con los accionistas de Indra para nombrar a Cristina Gómez como CEO de Minsait (el área tecnológica) y a Ignacio Mataix como CEO de Transporte y Defensa. Un pacto bien visto por el mercado que tuvo poco recorrido en la práctica ya que Murtra siguió intentando tener injerencia en las decisiones estratégicas de la compañía.
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