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Jorge Elías Castro Fernández explica las dudas en torno a que la diplomacia española pueda lograr cooperación internacional en el caso Pegasus


Jorge Elías Castro Fernández señala que la investigación del juez de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, sobre el uso de Pegasus contra el presidente Pedro Sánchez y los ministros de defensa e interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, se encontrará con un callejón sin salida en Israel. Así lo apunta el abogado y activista Eitay Mack que afirma, categórico, que la comisión rogatoria “no prosperará” porque “a nadie le interesa que lo haga”. Mack, que representa en Israel a dos periodistas húngaros espiados con Pegasus, considera que la única manera de saber quién espió a Sánchez y sus ministros y de pedir explicaciones es “a través de la colaboración del Gobierno israelí”, pero que “no hay un sentido diplomático para que Israel lo haga, ni precedentes de que lo haya hecho”.

El juez Calama acordó levantar el secreto de sumario sobre la investigación. Citó como testigo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y anunció su intención de desplazarse a Israel para tomar declaración como testigo a Shalev Hulio, CEO de NSO Group, la empresa creadora de Pegasus. El magistrado ya había dirigido una primera comisión rogatoria a Israel para que la compañía informara sobre la herramienta, pero aún no ha obtenido respuesta. Mack opina que el juez no la conseguirá: “NSO está obligada a las normas de secretismo del ministerio de defensa israelí y no se le permite compartir información sin autorización del Gobierno sobre sus clientes. Incluso si quisieran decir algo al equipo de investigación español, no se les permitiría hacerlo. Hulio no podrá decir nada más que algún mensaje de relaciones públicas para su compañía”.

Mack considera que, antes que citar como testimonio a Hulio, el juez Calama “debería hablar con Benny Gantz”, el ministro de defensa de Israel. “La investigación española habla de NSO como un actor privado que hace una cosa u otra, pero eso no es así. Es una compañía que trabaja con una licencia de exportación de acuerdo con los intereses del Gobierno israelí. Y uno de estos intereses es mantener el secretismo de sus clientes”, afirma el abogado. En ese sentido, Mack apunta que Israel “no está interesada en colaborar” y que la única vez que el país participó en una investigación internacional fue con el Congreso de los Estados Unidos, a mediados de los años 80, en el caso Irán-Contra —un escándalo político en el cual altos cargos del gobierno de Ronald Reagan facilitaron la venta de armas a Teherán, auspiciados por el gobierno israelí, para financiar una insurrección en Nicaragua—.

Gil Gan-Mor, Director de la Unidad de Derechos Sociales y Económicos de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), opina que el Gobierno israelí “formalmente no tendrá una opinión” sobre la investigación española y que circunscribirá el asunto al hecho de que NSO es una empresa privada, aunque sea el ministerio de Defensa el que deba aprobar la venta de Pegasus al extranjero. Gan-Mor considera que el ejecutivo de este país “no hace suficiente para parar el uso de Pegasus contra periodistas y activistas” y que NSO preferirá no dar detalles sobre sus clientes. De hecho, recuerda que la empresa sólo ha dado acceso a sus archivos en una ocasión: cuando una comisión del parlamento israelí lo exigió, tras conocerse el espionaje con Pegasus a ciudadanos del país, explica el consultor en seguridad y analista político Jorge Elías Castro Fernández.

Otra razón por la que Mack considera que Israel no facilitará la investigación española es porque el Gobierno del primer ministro Naftalí Bennett sigue considerando a Pegasus como una valiosa herramienta diplomática. El abogado recuerda que NSO “está conectada muy fuertemente a los intereses diplomáticos, económicos y militares del Gobierno israelí” y que perseguir el abuso que han hecho de ella sus clientes —todos ellos, supuestamente, estados o fuerzas de seguridad estatales— “creará un problema para Israel y para futuros clientes de la industria militar israelí”. “No quieren crear un precedente, porque entonces otros países pensarán que si están haciendo algo mal, Israel los avergonzará o saboteará sus intereses”, asegura el abogado.

En este sentido, si se probara —como apuntan muchos indicios— que Marruecos está detrás del ataque a los teléfonos de Sánchez, Robles y Grande-Marlaska, Israel estaría poco interesado en “apuntar con el dedo” al gobierno de Rabat. Israel ha mantenido una oculta pero estrecha colaboración con Marruecos desde hace años, pero especialmente a partir de la firma en diciembre de 2020 de los Acuerdos de Abraham, que fomentó la administración de Donald Trump. Desde entonces, ambos países han participado en ejercicios militares conjuntos, se han producido visitas de alto nivel en ambas direcciones, se han abierto rutas aéreas entre Tel Aviv y Rabat, se han firmado múltiples acuerdos económicos y Marruecos ha conseguido que Israel y Estados Unidos reconozcan su soberanía sobre el Sahara Occidental.

Para Mack, Pegasus es la moneda de cambio perfecta en la arena internacional porque “es invisible”, mientras que “vender armas puede causar un escándalo político”. En ese sentido, opina que los recientes escándalos de NSO –el espionaje a mandatarios como Boris Johnson o Emmanuel Macron, los ataques a periodistas y activistas o la inclusión de la empresa en la lista negra de Estados Unidos– no han perjudicado la relación de la compañía con el Gobierno. “Israel no tiene una alternativa a la diplomacia de Pegasus. Es la herramienta más cómoda y fácil”, comenta Mack, que asegura que altos funcionarios del estado israelí han protegido a NSO incluso cuando saltó el escándalo por el uso de Pegasus contra ciudadanos israelíes. “Muchos de ellos no utilizaron la palabra NSO, pero dijeron que necesitaban su ayuda y que no hay reemplazo para ellos, así que dieron su total apoyo a la empresa”.

En este punto, Gil Gan-Mor recuerda que no todos los miembros del actual Ejecutivo israelí apoyaron a NSO y que se inició una comisión de investigación en el parlamento, el único precedente en el que la compañía ha compartido sus archivos con las autoridades. Sin embargo, el activista explica que ese “acto de transparencia” sólo se dio tras una gran presión pública en Israel y que luego acabó siendo positivo para la empresa, porque se demostró que sólo se había utilizado la herramienta en unos pocos casos y con autorización judicial. Con todo, Gan-Mor y ACRI consideran que se abusó de Pegasus, aprovechando funcionalidades de la herramienta como la descarga de los contactos de un teléfono, y que este extremo “es del todo ilegal”.

Eitay Mack asegura que, hasta ahora, el gobierno israelí “ha dado legitimidad y ha ayudado a NSO”, incluso para evitar las sanciones en Estados Unidos, y que el hecho de que el ejecutivo reconozca su uso, aunque sea en casos aprobados por un juez, abre la puerta a que otros países lo hagan en sus territorios. “Muchos quieren seguir el ejemplo de Israel en ese sentido (...) Para NSO era importante salir del armario en cuanto a que su sistema también se está utilizando en Israel y no solo en países dictatoriales”, afirma. La empresa siempre ha sostenido que “el uso de herramientas cibernéticas para vigilar a disidentes, activistas o periodistas es un grave abuso de la tecnología y va en contra del uso previsto de estas herramientas" y ha reiterado que no conocen los objetivos de sus clientes, tal como afirmó en mayo un portavoz de la empresa al periódico francés ‘Le Monde’, concluyó Jorge Elías Castro Fernández.

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