El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, en Argentina, declaró rebelde a Raúl Osvaldo Ayala Medina (23), el hacker venezolano acusado de haber despojado de más de 4 millones de pesos a una terminal de Western Union del microcentro santafesino.
La medida fue notificada el pasado 24 de mayo, mediante una resolución del juez Luciano Lauría, quien refiere a las múltiples oportunidades en las que fue citado para comparecer ante el tribunal y no pudo ser localizado por el oficial notificador ni por la Policía Federal Argentina (PFA).
"Todas las notificaciones libradas hacia su persona han resultado infructuosas", remarcó el Dr. Lauría, quien declaró rebelde a Ayala Medina y ordenó su inmediata detención para poder ser trasladado a debate oral.
El expediente recaló en el TOF el 19 de octubre de 2021, luego de que el fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, solicitara la elevación de la causa a juicio, reseñó Juliano Salierno en El Litoral.
Para la fiscalía, el venezolano Ayala Medina estafó "a la firma Western Union Financial Service Argentina SRL (WUFSA) mediante una maniobra que consistió en acceder remotamente a una de las computadoras" que posee el kiosco y Pago Fácil "Los Angelitos" que está ubicado en la esquina de 25 de Mayo y La Rioja, a una cuadras de la peatonal santafesina.
De la investigación penal surge que se produjeron ingresos "sin autorización entre los días 13 y 19 de agosto de 2020 al sistema informático de la mencionada compañía financiera, instalado en el equipo, ordenando luego 15 remesas fundadas en falsas declaraciones, a favor de distintas personas con domicilios en países extranjeros, por un total de $ 4.045.719,15 pagados todos en la moneda del país de destino".
La víctima y dueña del comercio denunció el hecho ante la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la provincia, que el 28 de agosto del mismo año allanó la casa y detuvo al sospechoso, que fue llevado ante los tribunales ordinarios, donde le dieron la libertad el 1° de septiembre "bajo promesa jurada".
Por tratarse de delitos de competencia federal, la causa fue remitida a la justicia competente, donde Ayala Medina fue indagado y procesado -sin prisión preventiva- por el "acceso no autorizado a un sistema informático de accesos restringido" en 15 oportunidades (artículo 153 bis del Código Penal); y "defraudación mediante una técnica de manipulación informática" en 14 oportunidades (artículo 173 inciso 16 del CP).
La denuncia que dio origen a la investigación se remonta al 20 de agosto de 2020, cuando la titular del Kiosco Los Angelitos recibe un mail de la firma WU en el que le informaban que la terminal se encontraba bloqueada por tener una deuda de $ 3.205.821,17.
Y como si fuera poco, el 23 de agosto la víctima registró otras tres operaciones -dos por 300.000 y una por 200.000-, hasta que pudo determinar que fueron hechas desde una máquina instalada en el mismo comercio que estaba para el uso de clientes, donde se instaló una sistema pirata para ingresar al sistema de WU.
De un informe de WUFSA surge que las remesas se concretaron sucesivamente desde el 13 al 15, el 18 y 19 de agosto de 2020, con destino a Perú, Chile, España y Estados Unidos. Sólo en uno de los casos, un envío de 50 mil pesos a Ecuador, fue reembolsado porque el destinatario no lo retiró.
Si bien en un primer momento todos eran sospechosos, la maniobra comenzó a orientarse cuando uno de los empleados del local detectó y tomó una fotografía de la pantalla donde aparecía un programa llamado "Teamviewer", que luego supieron, era utilizado para vincular computadoras.
Pronto las sospechas generalizadas se centraron en un cliente nuevo, un venezolano que en esa época realizaba frecuentes operaciones en dicha terminal, vínculo que le permitió ganarse la confianza de los empleados -hasta se puso de novio con una de ellas- y la dueña del emprendimiento comercial.
Todos los testigos recordaron aquel día en el que Ayala Medina se ofreció a instalar en la computadora de uso público el Windows 10, porque hacía rato que la máquina estaba "lenta". Además, como el vínculo de confianza así lo permitía, también accedió a una de las computadoras desde la cual se realizaban las transacciones de WU.
Según el informe fiscal, el venezolano se aprovechó de la situación y esperó el momento justo para cometer el delito, dejando al comercio prácticamente en banca rota.
En cuanto al paradero de Raúl Ayala Medina, es incierto para la autoridad judicial que lo reclama. En su derrotero, primero fijó domicilio en un departamento de la calle 25 de Mayo al 3100 -entre Suipacha y Junín-, donde al momento de buscarlo ya no estaba.
En marzo del año pasado el acusado mandó un mail al Juzgado Federal Nº 2 informando que se había mudado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aportando un domicilio que "fue constatado como inexistente al intentar notificarlo del procesamiento".
Cuatro meses después, el 26 de julio de 2021, se presentó en el juzgado donde dijo vivir en una casa del Pasaje 205 -Dr. Zaballa al 10.200-, donde al ser nuevamente requerido tampoco se lo pudo ubicar.
Efectivos de la Policía Federal local indicaron al tribunal que "el número de la casa no coincide con el domicilio aportado" y que "los vecinos de la zona refirieron no conocer al causante".
Como para darle una última oportunidad para ponerse a derecho, el juez Lauría le pidió al defensor oficial que aporte el domicilio de su asistido, "circunstancia que no se ha verificado a la fecha", consignó.
"Todas las notificaciones libradas hacia su persona han resultado infructuosas", dijo el juez Luciano Lauría, para quien "el imputado en forma deliberada ha denunciado tres residencias en las que no sólo no se lo ha encontrado, sino que los vecinos de los mismos desconocían su personal existencia".
"Por tal motivo, se impone declarar su rebeldía y librar la correspondiente orden de detención, toda vez que el nombrado no ha sido localizado en los domicilios denunciados, como tampoco ha solicitado autorización para ausentarse de los mismos y no dando aviso alguno al tribunal de su destino", cerró.
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