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Exponen en detalle cómo sacerdotes recibieron indulgentes condenas por parte del Estado y la Iglesia Católica en Venezuela tras haber estado implicados en casos de abusos sexuales


El medio venezolano El Pitazo reunió a 346 lectores el 28 de junio para hablar de la investigación del Washington Post sobre casos de abusos sexuales infantiles en la Iglesia Católica venezolana. El evento correspondió a la edición 34 de los forochat Un Café con El Pitazo que se han organizado a través de WhatsApp durante el 2022 y contó con la participación de la periodista Ana Vanessa Herrera, responsable del trabajo.

Durante su intervención inicial, Herrera señaló que la investigación inició en 2020 indagando sobre algunos casos de abuso sexual alrededor de la congregación internacional Legionarios de Cristo. No obstante, los testimonios de víctimas y otras fuentes «permitieron identificar un patrón alrededor de otros casos denunciados en Venezuela perpetrados mayormente por sacerdotes diocesanos entre 2001 y 2022». Concretamente, la dificultad para obtener justicia, tanto por la vía eclesiástica como por la civil, reseñó Pedro Reyes en El Pitazo.

Herrera detalló que su investigación solamente profundizó alrededor de 10 casos de abuso sexual infantil que fueron denunciados y juzgados ante las autoridades civiles. Sin embargo, aseguró que pudo conocer numerosos casos adicionales que siguen impunes.

Sobre los casos investigados, estos fueron los principales hallazgos:

· Hubo casos en los que la condena no se cumplió completa o no hubo tiempo en prisión para los victimarios.

· El sistema judicial venezolano y la Iglesia Católica trabajaron de la mano para proteger a los perpetradores.

· Las víctimas y sobrevivientes no contaron con espacio o apoyo de las autoridades (civiles o religiosas) para conseguir justicia plena y absoluta.

· Todos los niños y jóvenes abusados procedían de entornos pobres y altamente vulnerables.

· Las condenas a los sacerdotes abusadores fueron demasiado laxas, al punto de permitirles volver a sus labores en la Iglesia a algunos de ellos.

Sobre este último punto, la periodista se detuvo para hablar un poco más sobre tres casos concretos, en los que las autoridades eclesiásticas permitieron que los perpetradores siguieran en el sacerdocio:

Un sacerdote de Falcón que se declaró culpable de abusar sexualmente de una joven de 14 años. Cumple arresto domiciliario y una orden de alejamiento. Regresó a la Iglesia.

Luis Alberto Mosquera, condenado en 2006 a más de 7 años de prisión por abusar sexualmente de un niño de 6 años. Se le otorgó libertad condicional luego de dos años y volvió a la Iglesia en Humocaro Alto (Lara).

Enrique Castro Azócar, declarado culpable en 2019 de dos cargos de abuso sexual infantil y sentenciado a cinco años de cárcel. No fue a prisión, recibió medida sustitutiva de libertad y régimen de presentación. Sigue siendo sacerdote.

Adicionalmente, Herrera mencionó que su investigación permitió arrojar luz sobre la impunidad existente alrededor de los abusos sexuales infantiles dentro de la Iglesia Católica y el sistema judicial venezolano, especialmente al compararlo con el actuar de Latinoamérica en estos hechos.

«Cuando en otros países de la región se conoce un caso de abuso sexual dentro de la Iglesia, las autoridades civiles actúan expeditamente y se pronuncian, la Iglesia Católica se disculpa y hace reformas, se informa a la opinión pública sobre los cambios y decisiones que se están tomando para enmendar el daño y las penas establecidas por las autoridades son mucho más rígidas», apuntó.

Por último, Herrera habló sobre el «viacrucis que vivieron las víctimas para obtener justicia». Mencionó el caso de José Leonardo Araujo, que fue abusado a sus 13 años por un sacerdote mexicano que trabajaba en Venezuela. Durante buena parte de su vida buscó justicia en el sistema nacional, pero no la encontró hasta que llevó el caso a México. 20 años después, José Leonardo «ha pasado su vida adulta entrando y saliendo de terapia al menos una vez al mes para lidiar con los pensamientos suicidas que lo atormentan».

El otro ejemplo mencionado por la periodista fue el de las víctimas de Enrique Castro Azócar, dos menores de edad que tuvieron que mudarse de El Tigre (Anzoátegui) junto a sus familiares debido a la persecución a la que fueron sometidos por fieles y miembros de la Iglesia.

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