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Arresto del periodista José Rubén Zamora despierta dudas sobre el respeto a la libertad de prensa en Guatemala por parte del Gobierno de Alejandro Giammattei

José Rubén Zamora, Alejandro Giammattei

Primero fue la justicia y ahora, la prensa. Guatemala vislumbra un horizonte amargo que evidencia el temor del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei a cualquier investigación independiente sobre corrupción y muestra un peligroso punto de no retorno en el proceso de descomposición de las instituciones. El último episodio ha sido el allanamiento el viernes de la Redacción de elPeriódico, el intento (frustrado) de impedir policialmente la publicación del diario y, por fin, la detención del fundador de uno de los medios más comprometidos con la fiscalización del poder, el multipremiado y prestigioso periodista José Rubén Zamora. El acoso siguió con el embargo de las cuentas del diario, todo tras la publicación de una serie de denuncias contra funcionarios y exfuncionarios vinculados al mandatario, reseñó un editorial de EL PAÍS.

La Fiscalía, controlada por el Ejecutivo, presentó una acusación por un supuesto delito de “lavado de dinero” y el miércoles compareció esposado el detenido en una sesión con asistencia de la prensa. En el mismo acto, la Fiscalía sumó otras acusaciones a dos de los abogados del periodista. El presidente ha emprendido una guerra directa contra las voces críticas de la prensa tras haberlo hecho con la justicia. Desde 2020, cuando Giammattei asumió el mando, se han producido más de 20 renuncias de fiscales y jueces dedicados a investigar tramas de corrupción y del crimen organizado en el país centroamericano. El goteo de dimisiones, a las que en ocasiones se ha sumado el exilio de estos miembros del sistema judicial, ha demostrado el acoso a funcionarios y representantes del ministerio público.

Esta situación no solo es extremadamente preocupante, sino que marca otra vuelta de tuerca en el desmoronamiento del Estado de derecho y de los esfuerzos emprendidos en los últimos años. Uno de los momentos decisivos de este declive fue la expulsión, ordenada por el anterior presidente, Jimmy Morales, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un instrumento de Naciones Unidas que se puso en marcha en 2006 a petición del país para evitar el secuestro de las instituciones por los militares y la corrupción.

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