El niño había estado en el sistema de bienestar infantil durante casi dos años y su tutor designado por la corte se estaba quedando sin opciones.
Llevado a Bogotá por su madre venezolana y abandonado, el niño de cabello castaño había pasado más tiempo bajo la custodia del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia de lo que permite la ley. Los funcionarios de la agencia le habían dicho al tribunal supremo del país que habían hecho todo lo posible para encontrar a la madre y no habían llegado a nada. Tampoco pudieron ubicar familiares en Venezuela para cuidarlo, reseñaron Samantha Schmidt, Ana Vanessa Herrero y Diana Durán en The Washington Post.
Ahora, el tutor ad litem del niño le pedía al tribunal que lo convirtiera en ciudadano, un primer paso para darlo en adopción.
Pero en la ciudad natal venezolana del niño, los miembros de su familia extendida (una tía, una bisabuela y un primo que lo cuidaban cuando era un bebé) dicen que nunca fueron contactados por funcionarios del gobierno colombiano. Ninguno sabía sobre el caso judicial.
El niño, que ahora tiene 6 años, es uno de los 1.200 niños venezolanos atrapados en un sistema de bienestar infantil que ha demostrado no querer o no poder encontrar a sus familias, bajo un gobierno que no tiene relaciones diplomáticas con los suyos.
Colombia ahora se ha decidido por lo que ve como una solución: quiere comenzar a hacer que estos niños sean elegibles para la adopción. Con la aprobación de un juez, alrededor de 235 niños en circunstancias similares podrían ser ubicados permanentemente con nuevas familias.
Pero una investigación del Washington Post pone en tela de juicio las afirmaciones del gobierno. Los funcionarios le dijeron a la corte constitucional que habían agotado todos los medios para encontrar familiares que pudieran cuidar al niño. El juez Jorge Enrique Ibáñez Najar estuvo de acuerdo y escribió que “la familia materna no tiene interés en ser contactada ni cuidar al niño”.
A los reporteros del Post les tomó menos de una semana usar Facebook para identificar y contactar a los familiares del niño en Venezuela y también a su madre en Bogotá.
Todos dijeron que querían recuperar al niño.
En enero de 2019, funcionarios de la Cancillería de Venezuela viajaron a Colombia con pasajes de avión y bus para 12 niños.
Los 12 formaban parte de una lista más larga de niños venezolanos en el sistema de bienestar infantil de Colombia que habían sido identificados por las autoridades en 2017 y 2018, según documentos revisados por The Post. Las autoridades colombianas y venezolanas habían dado luz verde para que los 12 niños regresaran a su país de origen, y algunos irían con sus familias y otros a hogares de acogida o centros de atención administrados por el gobierno.
Pero durante el viaje de los funcionarios venezolanos, las autoridades colombianas dejaron de responder a las llamadas, según personas con conocimiento de la misión, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar el delicado asunto. Después de tres días, los diplomáticos venezolanos regresaron a casa sin los niños.
Las autoridades colombianas dijeron que habían decidido no repatriarlos a Venezuela en parte porque no podían garantizar que estarían seguros en las instalaciones administradas por el estado socialista en ruinas. Funcionarios venezolanos dijeron que la decisión se tomó sin su conocimiento o aporte. Acusaron a Colombia de utilizar a los niños como peones en el conflicto político entre los gobiernos vecinos.
Algunos de los 12 permanecieron en el sistema de bienestar infantil de Colombia hasta que alcanzaron la mayoría de edad. En al menos un caso, uno de los padres viajó a Colombia para buscar al niño. Otros todavía están en el sistema.
Un mes después de la fallida misión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cortó relaciones diplomáticas con Colombia.
La causa inmediata fue la negativa de Colombia a reconocer la reelección de Maduro en una votación de 2018 ampliamente vista como fraudulenta. Colombia, al igual que Estados Unidos, reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como líder legítimo del país. Pero la medida siguió a años de antagonismo entre la Venezuela socialista y Colombia, encabezada por el presidente conservador Iván Duque.
Sin embargo, con la economía de Venezuela en caída libre, sus ciudadanos continuaron llegando a Colombia, hogar de casi 2 millones de estos migrantes, y sus hijos continuaron inundando el sistema de bienestar infantil. La oposición liderada por Guaidó, reconocida por Colombia, Estados Unidos y otros como el gobierno legítimo de Venezuela, no tenía acceso a recursos estatales para ayudar en la búsqueda de sus familias.
“Detrás de todo esto hay un asunto diplomático y político complicado”, dijo Felipe Cortés, excoordinador de niños migrantes en la agencia colombiana de bienestar infantil que ahora trabaja con Save the Children. “Venezuela podría decir que estamos secuestrando a sus hijos. Pero si los devolvemos, también podríamos ser acusados internacionalmente de no velar por las condiciones de esos niños”.
En 2019, el gobierno colombiano solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja que ayudara a reunir a los niños venezolanos con sus familias. Pero la organización ha progresado poco. Dice que ha establecido contacto con las familias de 64 niños y ha reunido a cinco.
El CICR busca familiares activando “una red de lazos familiares”, utilizando bases de datos estatales y consultando con iglesias, líderes comunitarios y otras personas que puedan tener pistas, dijo Rafael Barrantes, coordinador adjunto de protección de personas separadas o desaparecidas en Colombia. El éxito de una búsqueda puede depender de la información que un niño pueda proporcionar sobre su familia.
Decenas de niños venezolanos han permanecido en el sistema de bienestar infantil más tiempo del permitido por la ley colombiana, ejerciendo presión sobre los sobrecargados trabajadores de la agencia, según entrevistas con defensores y funcionarios locales actuales y anteriores. Los tutores ad litem, abogados de la agencia de asistencia social que representan los intereses de los niños en los tribunales, están obligados a cerrar los casos en un plazo de 18 meses.
Esto ha provocado que algunos funcionarios y empleados del gobierno tomen el asunto en sus propias manos, rastreando a las familias en Facebook, a pesar de que tienen prohibido usar las redes sociales en las oficinas gubernamentales. Algunos le dijeron a The Post que personalmente han llevado a niños a través de un puente sobre la frontera con Venezuela para encontrarse con sus familiares.
Otros tutores están tan desanimados que optan por no admitir a los adolescentes venezolanos en el sistema de bienestar infantil, dijeron los defensores, y en cambio les permiten seguir viviendo en Colombia por su cuenta.
Lina María Arbeláez Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dijo que su agencia ha aumentado la inversión en los niños venezolanos. Recientemente ha lanzado una página web llamada "¿Me conoces?" que presenta sus fotos.
“Déjame hacerte una pregunta”, dijo ella. “Si devolvemos a esos niños, sabiendo las condiciones en las que se encuentra Venezuela, ¿quién garantizará el bienestar de ese niño? … Las convenciones internacionales nos dicen que siempre que haya una brecha, o un riesgo, no devuelvan a ese niño”.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ha tomado medidas para restablecer las relaciones con Venezuela. Los defensores dicen que esto podría ayudar en la búsqueda de familias de niños al otro lado de la frontera.
La administración Duque, por su parte, avanzó en el Congreso un proyecto de ley que otorgaría la ciudadanía colombiana a los niños migrantes en la agencia de bienestar. Un portavoz de la agencia dijo que los legisladores no tenían la intención de dar a los niños en adopción. Pero los analistas advirtieron que otorgarles la ciudadanía podría abrir la puerta a esa posibilidad.
Desde entonces, el proyecto de ley fracasó. Pero Cortés, el ex funcionario de bienestar infantil, dijo que el plan de ciudadanía había demostrado el deseo urgente de la administración de "acelerar" una salida en lugar de abordar el problema de raíz.
“El problema de fondo”, dijo, “es ¿cómo encuentras a estas familias en Venezuela?”.
Cuando nació el niño, su madre era ella misma una niña.
Embarazada a los 16 años de un vecino más de una década mayor, dependía de su madre para criar a su bebé. Pero cuatro meses después de su nacimiento, su madre murió en un accidente automovilístico. Su muerte en 2016 golpeó a la familia justo cuando la crisis económica de Venezuela estaba fuera de control. La joven decidió unirse a las multitudes que cruzan la frontera hacia Colombia.
Encontró trabajo ocasional en los clubes nocturnos de Bogotá, pero a menudo no ganaba lo suficiente para pagar el alquiler diario, dijo la mujer, quien habló con The Post bajo condición de anonimato por temor a represalias. No era vida para un niño, dijo, por lo que el bebé a menudo se quedaba con su padre, quien vivió brevemente en Colombia. Entonces la madre volvió a quedar embarazada.
A fines de 2019, dejó al niño, entonces de 3 años, con una amiga, Sorleidys Alcalá, mientras trabajaba en un bar y ahorraba dinero para el alquiler. Un mes y medio después, dijo Alcalá, la madre no había enviado dinero y dejó de contestar sus llamadas telefónicas y mensajes. El personal del bar le dijo a Alcalá que la mujer no se había presentado a trabajar en semanas. Una trabajadora social instó a Alcalá a entregar al niño a las autoridades.
Una mañana de noviembre de 2019, Alcalá lo llevó a una oficina en Bogotá y vio cómo se lo llevaba una pequeña camioneta blanca.
“Quería ayudarte más”, escribió en una publicación de Facebook con una foto del niño, un último esfuerzo por comunicarse con su madre. “Pero estaba fuera de mis manos”.
La publicación funcionó. Al otro lado de la ciudad, un amigo se lo mostró a la madre, informándole que su hijo había sido entregado al sistema de bienestar infantil de Colombia. Era su vigésimo cumpleaños. Más tarde, su hija también ingresó al sistema.
Si quería recuperar al niño, le dijo un trabajador de bienestar infantil, necesitaría que un pariente viniera a Colombia para demostrar que tendría un sistema de apoyo para ayudarla a cuidar al niño en el país, dijo la madre. Llamó a una tía en Venezuela, Neyda Josefina Guanipa, y le pidió que la encontrara en Colombia para una cita con la agencia.
Pero la tía nunca lo logró. Después de que Guanipa tomó un autobús a la frontera con Colombia, su sobrina dejó de contestar sus llamadas y nunca envió el dinero que había prometido para pagar el viaje, dijo la tía. Guanipa regresó a Venezuela, devastado.
La madre no volvió a la agencia de bienestar infantil y Guanipa dice que no ha sabido nada de ella desde entonces.
“Nada estará a mi favor. No tengo familia aquí. Vivo en un lugar que no es apto para un niño”, explicó la madre del niño, que ahora tiene 22 años, con lágrimas en los ojos . “En ese momento, pensé que tal vez sería mejor para él”.
El padre del niño dijo que una vez trató de visitar una oficina de bienestar infantil en Bogotá pero que su nombre no estaba en el acta de nacimiento de su hijo y no pudo encontrar información sobre el caso. Entonces llegó la pandemia.
El niño había pasado casi dos años viviendo con una familia adoptiva y en un hogar grupal cuando su caso llegó a la corte constitucional.
Su tutor designado por el tribunal le dijo al juez que la falta de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela hacía “imposible” reunir al niño con su familia.
El tutor había presentado una demanda pidiendo que se le concediera la ciudadanía colombiana al niño. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que pidió ayuda a la oposición liderada por Guaidó, que ocupa la Embajada de Venezuela en Bogotá, para localizar a la familia del niño. El ministerio dijo que la oposición nunca respondió.
Alcanzado por The Post, el asesor legal de la embajada, Zair Mundaraín, no dijo si había recibido una solicitud oficial de la Cancillería colombiana.
En julio, la corte constitucional le dio a la agencia de bienestar infantil tres meses para agotar todos los recursos para encontrar a la familia. De lo contrario, dijo, el niño podría ser colocado en el sistema de adopción.
Pero los funcionarios de Colombia y de todo el mundo se han esforzado por definir qué significa agotar todos los recursos y decidir si la carga de reunificar a las familias debe recaer en la familia del niño o en el gobierno.
José Ángel Rodríguez Reyes, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, dijo que la adopción debe considerarse como último recurso, pues “cuando se sabe con un nivel significativo de certeza que, de hecho, el niño no tiene parientes .”
Esto es especialmente cierto cuando existen barreras políticas para identificar a las familias, dijo, como en Colombia y Venezuela. “Mientras no se superen estas dificultades, creo que la adopción puede no ser adecuada”, dijo.
Un defensor con conocimiento del caso de la corte constitucional, que habló con The Post bajo condición de anonimato para comentar sobre un tema delicado, argumentó que los padres u otros parientes deberían ser responsables de buscar a los hijos de una familia.
“La pregunta es, ¿qué hizo esa familia todo el año? ¿Por qué no aparecieron? ¿Por qué no estaban cuidando al niño? ¿Por qué no llamaron [a la agencia de bienestar infantil] para preguntar?”. dijo el abogado . “ No hay madre, ni padre que no cruzaría un océano, incluso sin dinero, para encontrar a su hijo”.
Ibáñez Najar, el juez, escribió que “el comportamiento de la madre, y hasta de la abuela”, demostró que la familia materna no tenía interés en cuidar al niño. Funcionarios de bienestar infantil dijeron en documentos judiciales que la abuela materna del niño está en Colombia y una vez se presentó en una oficina de la agencia. De hecho, la abuela materna del niño murió hace más de cinco años. No está claro a quién se referían el juez y los funcionarios.
La madre del niño, que vive en un departamento estrecho en un barrio de bajos recursos de Bogotá, no sabía que su hijo era objeto de un caso ante el máximo tribunal del país hasta que The Post lo informó. Vive con una pareja de 43 años y su tercer hijo de 9 meses. Los nombres de sus otros dos hijos están tatuados en sus brazos.
Ella dijo que había asumido que su hijo había sido adoptado, tal vez por una pareja estadounidense. Ella dijo que no sabía que todavía había una posibilidad de que él permaneciera en su familia, “con su propia sangre”.
Tres generaciones de la familia Guanipa nacieron y se criaron en el pequeño pueblo de Punto Fijo, en la zona costera occidental de Venezuela.
Las casas de la familia, que ocupan toda una manzana, se parecen: estructuras de un piso con tres cuartos, cocina y un patio donde las familias tienden su ropa para que se seque al sol.
En una casa familiar en una tarde reciente, los niños estaban acurrucados viendo una película en una habitación, la única habitación con aire acondicionado. La matriarca de la familia, Yoleida Guanipa, cargaba en sus brazos a dos bisnietos.
Faltaba un bisnieto. La mujer de 67 años no se atrevía a hablar de él sin romper a llorar.
Las tías, primas, tías abuelas y bisabuela del niño dicen que desearían haber podido hacer más para mantenerlo con la familia, pero no sabían qué. No sabían cómo contactar a su madre. El dinero para viajar era limitado. La pandemia hizo todo más difícil.
“¿Quién se va a comunicar con nosotros desde Colombia sabiendo que somos venezolanos?”. preguntó Yoselyn Carolina González, prima de la madre. “Probablemente piensen que somos malas personas, o que simplemente volvimos a Venezuela y nos olvidamos de ese chico. Pero no lo hicimos.
Neyda Josefina Guanipa, quien había hecho el viaje a la frontera con Colombia, recordó recientemente que se acercaba el cumpleaños del niño, el 15 de agosto. Cuando dijo su nombre, la prima de 12 años del niño le preguntó dónde estaba. “Todavía está en Colombia”, respondió ella.
La tía abuela del niño confiaba en que podría cuidarlo. Guanipa ahora trabaja limpiando casas y dice que gana suficiente dinero para cubrir todo lo que necesita. Ella tiene una habitación libre para el niño. Los muchos niños de la familia extendida van a la escuela a solo una cuadra de distancia.
Otra tía abuela sacó su teléfono celular y sacó una foto del niño en Facebook. Señaló un comentario que había dejado en la foto recientemente.
“Dios te bendiga, hijo mío”, había escrito, “dondequiera que estés”.
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