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José Luis Santoro Castellano, su historia como empresario en Venezuela y su huida de República Dominicana tras haber estafado a los ahorristas del Banco Peravia


José Luis Santoro Castellano es un empresario venezolano, presidente del Grupo Empresarial Santoro, que agrupa empresas de distintos sectores. El 3 de marzo de 2015 la Fiscalía de República Dominicana dictó una orden de captura en su contra por presuntos delitos de estafa y lavar activos por unos $28,8 millones. Oriundo de Cabimas, estado Zulia, egresó como ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, aunque nunca ejerció la profesión, expone la biografía publicada en su página web. Para esa fecha, sus padres Soccorso Santoro y Celia Castellano eran propietarios de una fábrica de muñecas. Con ellos conformó el Grupo Empresarial Santoro en la década de los 80, con la apertura de la compañía Plásticos Celia C.A., una de las primeras manufactureras de juguetes plásticos en Venezuela. “En 1984 fue elegido presidente de la Cámara Venezolana del Juguete, en 1988 asumió como presidente de la Federación de los Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela (FEDEINDUSTRIA), así como también, se desempeñó como presidente del Consejo Andino de la Pequeña y Mediana Industria, presidente del Consejo Latinoamericano de la Pequeña y Mediana Industria, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Televisoras Independientes y miembro del directorio del Banco de los Trabajadores de Venezuela y del Consejo Superior del Iesa. Santoro preside TIC Televisión, Croma C.A., Plásticos Celia, Ferretería Construye y Crea Maracay, Impresos Latinoamericanos y Doral Rent A Car en Florida. Además, es accionista de Televisora Sindoni (TVS), Diario El Aragüeño y Banco Peravia de Ahorro y Crédito en República Dominicana, esta última intervenida por las autoridades de República Dominicana por un fraude que devino en la orden de captura que también incluye a Gabriel Jiménez Aray, vicepresidente del banco, y al ejecutivo Daniel Morales Santoro. Peravia fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de la isla caribeña, a propósito de denuncias por operaciones irregulares. En noviembre de 2014 los organismos de seguridad de República Dominicana fueron informados de la existencia de 11 empresas utilizadas por el Banco Peravia para el desvío de fondos, fuga de capitales y otros negocios regentados por José Luis Santoro y Gabriel Jiménez. Las compañías se habrían dedicado al desvío de fondos en República Dominicana, Panamá, Estados Unidos y Curazao, según una publicación de El Nacional de Santo Domingo del 27 de noviembre de 2014. De acuerdo con el sitio opencorporates.com, Santoro es accionista de dos empresas registradas en Panamá y cuatro más inactivas en EEUU.

Entre los juguetes y las muñecas de plástico, en la fábrica de Plásticos Celia C.A –una de las primeras manufactureras de juguetes en el país- en el estado Aragua, se formó como empresario. En 1984 logró posicionarse como presidente de la Cámara Venezolana del Juguete y, cuatro años después, asumió la presidencia de la Federación de los Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela (Fedeindustria). Siempre de traje, corbata y bigote, José Luis Santoro Castellano, se define como el “ejemplo de un venezolano luchador”.

Su vida empresarial se ha caracterizado por la variedad, el espectáculo y el juego: es propietario de TIC Televisión, la empresa Croma C.A, fue accionista de la entonces Televisora Sindoni (TVS) –hasta enero de 2010 cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le retiró la concesión a la familia Sindoni-, accionista del diario El Aragüeño y presidente del Grupo Empresarial Santoro, reseñó Reporte de la Economía.

En 2011 inició su conversión: de magnate aragüeño a banquero internacional, con la compra del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A –una institución financiera con más de 30 años de historia- en Republica Dominicana. Tres años después de su compra, sin embargo, la Fiscalía del Distrito Nacional del país antillano inició las investigaciones por motivo del quiebre de la entidad bancaria, que era dirigida por Santoro y su socio, el abogado venezolano, Gabriel Jiménez Aray. Ambos fueron acusados, en 2015, por el lavado de 28,8 millones de dólares. Entre los 5.000 afectados por la fractura de la institución figuran 100 venezolanos, de hecho, más de 3,5 millones de dólares del Banco Central de Venezuela (BCV) – que eran parte de un pago inicial para importar una decena de vehículos blindados- se perdieron en el Peravia.

José Luis Santoro nació en Cabimas, estado Zulia, el 29 de marzo de 1958, en el seno de una familia de italianos que llegaron a Venezuela para dedicarse al negocio de la juguetería y la fabricación de muñecas. Pero es la ciudad de Maracay, estado Aragua, la que lo verá crecer y en la década de los 70 construir, junto a sus padres Soccorso Santoro y Celia Castellano de Santoro, el Grupo Empresarial Santoro. Un consorcio empresarial que abarca la industria, el comercio, la construcción, medios de comunicación y las finanzas -con 18 firmas en Venezuela- y presencia en República Dominicana y Estados Unidos.

Santoro es Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1990, aunque nunca ejerció su profesión, ya que se dedicó al mundo empresarial. Se define como un hombre “rico de cuna” que desde joven ha administrado las empresas de tradición familiar. Se declara amigo personal del ex ministro y gobernador del estado Aragua por el Partido Unido Socialista de Venezuela (Psuv) –hasta 2013 cuando fue acusado de corrupción y viajó a Estados Unidos- el teniente Rafael Isea. “Parte de mi riqueza se la debo a él y le estaré agradecido toda mi vida, por lo que condeno que lo estén persiguiendo para meterlo preso”, afirmó Santoro, cuando se le preguntó por Isea, en una entrevista reseñada por un portal web, el 14 de junio de 2015. Ambos amigos administraron juntos el Bingo Las Delicias y Cyber Club, que funcionaban en el Círculo Militar de Maracay.

El 14 de junio de 2015, José Luis Santoro, declaró -en una entrevista publicada por Primicias24.com- que su papel dentro de la entidad financiera era fungir como “un simple director”, mientras que Gabriel Jimenez Aray tenía el poder de decisión en la junta directiva y su administración.

Tres años antes, en marzo de 2012, se alzaba imponente el logo verde azulado del Banco Peravia, sobre un moderno edificio de ocho pisos de la recién inaugurada sede principal de la institución, en la avenida Winston Churchill de Santo Domingo, en República Dominicana. Por más de dos décadas, la sede estuvo situada en el municipio Baní, hasta noviembre de 2011, cuando fue adquirida por los empresarios Santoro y Jimenez Aray –abogado que había participado en 2010 en el litigio por la concesión de la Televisora Sindoni (TVS), en representación de la familia Sindoni, y ex secretario del Ministerio de Finanzas en 2008, cuando el ex alcalde de Aragua, Rafael Isea, era viceministro-.

En abril de 2011 la entidad financiera recibió planes de fortalecimiento por parte de la Superintendencia de Bancos dominicana, con la finalidad de fortalecer la institución. Todo estaba listo para lo que prometía ser una ola de inversiones importantes, desarrollo de nuevas herramientas financieras, atención al cliente, atractivos planes en materia de cartera crediticia, así como de adquisición de bonos que eran parte de las promesas de la nueva gerencia, sin embargo, no fue más que la creación de “un mundo de fantasías” -como la publicidad de las muñecas de la fábrica de Platicos Celia, de Santoro- que se comenzó a derrumbar con la quiebra de la institución. “Vamos a recibir a las personas con sus proyectos, si quieren desarrollar una idea les ofrecemos el soporte financiero y gerencial para que puedan realizar el negocio”, afirmaba Santoro.

En 2013 la nueva gerencia nombró al popular cantante venezolano, “El Puma” José Luis Rodríguez, como la imagen estratégica de la institución bancaria. Rodríguez se comprometió a preservar la imagen y la proyección de Peravia, mientras realizaba un recorrido por la entidad en compañía de Santoro y Nelson Serret -accionista minoritario y anterior dueño del banco- según reseñó el portal web dominicano, Listin Diario, el 1 de septiembre de ese año. “Vamos a recibir a las personas con sus proyectos, si quieren desarrollar una idea les ofrecemos el soporte financiero y gerencial para que puedan realizar el negocio. Queremos apostar a las ideas y le damos seguimiento porque el éxito del negocio es el éxito del crédito”, sostuvo Santoro.

En diciembre de 2014 comenzó la debacle. Las autoridades dominicanas detectaron, en la institución, un faltante de recursos por más de 28,8 millones de dólares. Suplantación de identidades, falsificaciones de documentos, otorgamiento de préstamos fraudulentos para pagar a proveedores y acreedores, créditos ficticios para los que los directivos utilizaron los datos de sus clientes y autorizaron préstamos a terceros, fueron los mecanismos usados por la nueva dirigencia del Peravia para desviar los fondos, reportó el informe de la Comisión de Disolución de la Superintendencia dominicana, reseñado por el portal web Contrapunto, y en el que se demostró que 80% de las operaciones de la entidad de ahorro y crédito eran simuladas y que los fraudes crediticios eran implementados desde 2005 –cuando el banco estaba en manos de la familia Serret-, y continuaron a partir de 2012, tras la venta y traspaso a los nuevos accionistas: Santoro y Jiménez Aray.

El 3 de marzo de 2015, cuatro años después de haber comprado las acciones del Peravia, la Fiscalía de República Dominicana dictó una orden en contra del magnate aragüeño, y fue pedido en extradición, acusado por presunta estafa, enriquecimiento ilícito, fraude bancario, lavado de activos y abuso de confianza. Las autoridades antillanas también solicitaron la detención de Cristina Martidonna de Santoro –esposa del empresario-, de su hija María Cristina Santoro Martidonna, Daniel Morales Santoro y, por supuesto, del abogado Gabriel Jiménez Aray.

El vuelo 107 de Copa Airlines lo regresó a su natal Venezuela el 29 de octubre de 2014, luego de salir de República Dominicana -dos meses antes de que explotara el escándalo del Peravia- y que fuese emitida en su contra una orden de captura de la Policía Internacional (Interpol), acusándolo por el desfalco de más de 28 millones de dólares.

Santoro era visto en su pequeño emporio maracayero comiendo en restaurantes y en los alrededores de la zona industrial de San Jacinto, en Aragua, visitando las compañías que constituyen parte del Grupo Empresarial Santoro, con el pelo largo, rodeado de escoltas, sin traje y corbata, pese a la denuncia internacional que pesaba sobre sus hombros.

Desde el 22 de junio de 2016, José Luis Santoro, se encuentra privado de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela, mientras que en la República Dominicana continúan esperándolo para que responda ante la justicia por el desfalco del Banco Peravia.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente la extradición del empresario, -solicitada por las autoridades judiciales dominicanas-, amparándose en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv): “La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.” Asimismo, la magistrada Francia Coello González se comprometió a iniciar el procedimiento tendiente a la investigación de los hechos, por su parte, el Ministerio Publico deberá solicitar al país antillano cualquier elemento probatorio que pueda servir para el esclarecimiento de delitos imputados a Santoro, quien pudiera ser juzgado en Venezuela.

Por su parte, la abogada Aurilay Fernández, representante legal de Santoro declaró a El Universal el 14 de junio de 2015, que el magnate aragüeño no tenía poder de decisión sobre la cartera crediticia del Peravia, que este nunca fue presidente de la entidad y solo poseía el 28,5% de las acciones.



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