Los narcotraficantes mexicanos no sólo han corrompido a las policías mexicanas, sino que en los últimos años han alcanzado a las corporaciones de seguridad de Estados Unidos, a quienes también han comprado a punta de billetazos, fiestas de sexo y prostitutas.
Informes del Senado de Estados Unidos, del Departamento de Seguridad Interior y una revisión en los archivos del departamento de Justicia de Estados Unidos, revelan que desde hace una década advirtieron que agentes de corporaciones como la Patrulla Fronteriza (CBP) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) estaban en peligro de ser infiltrados por los tentáculos del crimen organizado, reseñó Laura Sánchez en MILENIO.
“Estos cárteles en México son muy poderosos. No deberíamos subestimar su capacidad para tratar de corromper la ley estadunidense de los organismos de aplicación. La droga mexicana y los cárteles tienen operaciones de drogas en 230 ciudades de Estados Unidos”, advirtieron senadores y directores de las corporaciones más importantes. Hoy, la advertencia se ha cumplido.
Reportes de la CBP dan un panorama de la gravedad del problema: durante 2020, 86 agentes fueron investigados por asuntos relacionados con drogas, mientras que cuatro por actos de corrupción.
Un año después, 127 agentes fueron investigados por cuestiones relacionadas con drogas, mientras que nueve por corrupción. En lo que va de 2022, 73 agentes fueron investigados por drogas y tres por corrupción.
La DEA no ha transparentado sus cifras; sin embargo, en una revisión realizada en los archivos del Departamento de Justicia, entre 2020 y 2021 se registraron cinco casos que involucran corrupción, drogas y lavado de dinero.
MILENIO tuvo acceso a las investigaciones que se llevaron a cabo en los últimos cinco años, entre las que se encuentran intercepciones de llamadas telefónicas a agentes de la DEA y la Patrulla Fronteriza, corrompidos por los mismos objetivos a los que investigaban.
Documentos del congreso estadunidense muestran que los cárteles mexicanos corrompen a agentes invitándolos a fiestas de sexo o suministrándoles prostitutas.
La historia de Manuel Recio, un veterano agente de la DEA, es el claro ejemplo de cómo los narcotraficantes han llegado a los círculos de poder e información más importantes y confidenciales de ese país.
Recio no fue el típico jubilado que mira hacia el mar desde el porche de su casa: en 2018 decidió montar su propio negocio, aprovechando los contactos y la información a la que aún tenía acceso, tras haber hecho amistades clave desde 1997 cuando ingresó a la agencia.
Fundó la empresa de consultoría Global Legal Consulting, la cual brindaba servicios de investigación privada a abogados defensores penales y también ayudaba a reclutar clientes.
Además, Recio ofrecía un servicio VIP: en contubernio con otro agente de la DEA en activo, Juan Constanzo, sacaron información de los sistemas de la agencia, como acusaciones selladas con las que dieron aviso a sus clientes de las investigaciones abiertas en su contra, identidades de otros acusados e incluso la fecha en que serían arrestados.
Lo hicieron a través del Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la DEA (NADDIS, por su sigla en inglés), una herramienta que contiene información sobre personas que están o han estado bajo investigación. Fue así que Recio reclutó a sus nuevos clientes y les dio acceso incluso a sus investigaciones.
La intercepción de llamadas revela que entre los clientes VIP de los agentes de la DEA, estaban los narcotraficantes mexicanos, “objetivos” de la Agencia Antidrogas.
—Costanzo: Oye
—Recio: ¿Qué pasa mi amigo?
—Costanzo: Es un agente de la DEA amistoso.
—Recio: Oh, y ¿en dónde está?
—Costanzo: En la División de Operaciones Especiales.
—Recio: Ah, está bien.
—Costanzo: Pero creo que se está preparando para ir a algún lugar al extranjero.
—Recio: Ah, ¿y quieres trabajar con ese tipo?
—Costanzo: Sí.
—Recio: Bueno.
—Costanzo: Sí, pero tranquilo... Déjame llamarlo.
—Recio: No, no, no lo queremos llamar todavía. Es (información) para alguien con quien podemos trabajar, es un mexicano objetivo (de la DEA).
Según estas llamadas, la idea de Constanzo y Recio era negociar con un compañero en activo de la DEA para que los ayudara a conseguir información para un cliente mexicano, que era uno de los objetivos de la Agencia Antidrogas.
Ambos agentes de la DEA lograron escabullirse de las autoridades hasta este año, ya que utilizaron un esquema de pagos a través de terceros y teléfonos especiales para los sobornos.
Lo más relevante de este caso fue el acceso irrestricto que tuvieron a la famosa base de datos, donde sólo tienes que teclear el nombre de la persona o su fecha de nacimiento, para localizar absolutamente toda su vida criminal. Era una búsqueda mundial en los registros de la DEA, incluidos los reportes de agentes de campo, inteligencia, investigación. Todo.
Los pagos que recibieron Recio y Constanzo iban desde los 2 mil 500 dólares, hasta sobornos de 50 mil y 70 mil dólares que eran entregados en efectivo o en cheques de caja a sus familiares.
Aunque no se revelan más nombres, la investigación arrojó que los clientes a los que beneficiaron con esta información confidencial estaban acusados de cargos relacionados con drogas. De hecho, ambos revisaban la lista de narcotraficantes y delincuentes que habían sido acusados recientemente, para así contactarlos y ofrecerles sus servicios de espionaje.
Incluso lograron reunirse con informantes de la DEA para que los pusieran en contacto con estos delincuentes. Fue precisamente uno de estos informantes quien grabó para el FBI sus conversaciones con estos ex agentes.
“El 31 de julio de 2019, Constanzo proporcionó a Recio información sobre el inminente plan confidencial del arresto de un narcotraficante de alto nivel, con quien Recio estuvo en contacto recientemente. De hecho estaba tratando de reclutar como cliente. Constanzo le advirtió que el golpe sería en dos semanas”, señala el documento.
La DEA intentó hacer el arresto, pero el narcotraficante ya estaba advertido. Ambos han sido encarcelados y actualmente enfrentan un proceso penal en Nueva York. La pena máxima que podrían recibir es de 15 años.
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