En la noche del 4 de mayo de 2022, una explosión despertó un campamento guerrillero en el estado fronterizo de Zulia, en Venezuela.
La bomba, instalada por manos desconocidas, cobró la vida de uno de los hombres más buscados en Colombia: Miguel Botache Santanilla, alias “Gentil Duarte”, comandante de la red de disidencias más numerosa y con mayor poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero ya desmovilizado.
Durante décadas, Venezuela fue un refugio para los comandantes de las FARC, cuya guerra insurgente para derrocar al gobierno colombiano se inició en los años sesenta. Altos comandantes como Duarte podían vivir sin temor bajo la protección del Estado venezolano en cabeza del presidente Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. Pero Duarte fue el cuarto alto comandante de las ex-FARC asesinado en Venezuela en el transcurso de un año, reseñó InSight Crime.
Los asesinatos comenzaron cuando Venezuela se convirtió en terreno de batalla de dos facciones rivales de disidentes de las FARC, cada una de las cuales sostenía que era la verdadera heredera de las FARC y por lo tanto intentaba tomar el control de los antiguos territorios, alianzas y economías criminales de las FARC en el país. La rivalidad entre dichas facciones, las muertes de líderes en ambos bandos y la persecución incesante de las fuerzas de seguridad colombianas, han sembrado el caos y la confusión en estas dos redes.
Para las disidencias de las FARC, conocidas en conjunto como ex-FARC Mafia, Venezuela dejó de ser un lugar seguro. Por el contrario, terminó convirtiéndose en un cementerio de sus comandantes más importantes, y punto final de sus sueños de reconstruir la guerrilla de las FARC y de revivir su revolución perdida.
A comienzos de 2016, era claro que las FARC, después de años de negociación con el gobierno colombiano en Cuba, llegarían a un acuerdo para acabar su insurgencia después de medio siglo de enfrentamientos.
El 10 de julio, el comandante del histórico Frente Primero de las FARC, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, envió un comunicado en el que declaraba que él y un grupo de combatientes bajo su mando rechazaban los diálogos de paz y formarían una disidencia que continuaría la revolución armada de las FARC.
“No compartimos el desarme de las FARC porque consideramos que dichas armas pertenecen a los pobres de Colombia, que el único objetivo de la burguesía es desarmarnos para que puedan someter a los pobres a su antojo y llevarlos a la esclavitud moderna”, decía el comunicado, que finalizaba con un grito de guerra para que se les unieran otros miembros de las FARC que estaban desilusionados con el proceso.
El secretariado de las FARC envió al alto comandante guerrillero y miembro del equipo negociador Miguel Botache Santanilla, alias “Gentil Duarte”, para que pusiera orden en el motín. Durante tres meses no se supo nada de él, y se lo dio por muerto. Pero luego reapareció junto a Mordisco y declaró que él también se retiraba del proceso de paz. Esta alianza daría forma a la primera fase de la era post-FARC. Ese fue el nacimiento de las ex-FARC Mafia.
Aunque su mayor interés era reconstruir las redes de las FARC en Colombia, las disidencias de Duarte reconocieron desde el principio que Venezuela sería importante: un refugio, y quizás algo más. Durante décadas, Venezuela ha sido un aliado de las guerrillas colombianas, pues el expresidente Hugo Chávez no solo consideraba a las FARC aliados ideológicos, sino también un baluarte estratégico contra una Colombia hostil y su mecenas militar, Estados Unidos.
La importancia de Venezuela y del gobierno de Chávez para las FARC se explica en comunicaciones interceptadas a la guerrilla.
“El destino de América Latina y el Caribe reposa en el ahondamiento de la revolución de Liberación Nacional que vive Venezuela”, dice un mensaje de correo electrónico entre comandantes insurgentes de 2005.
Dicha relación convirtió a Venezuela en un refugio para las filas y los cabecillas de las FARC, asi como en centro logístico y de aprovisionamiento y, más adelante, en fuente de rentas criminales. Duarte y Mordisco estaban ansiosos por mantener esa tradición y consolidar su presencia en el vecino país.
Los dos comandantes insurgentes pactaron una alianza con otro líder de las FARC que no quería hacer parte del proceso de paz: Géner García Molina, alias “John 40”, quien por largo tiempo se había ocupado más de los beneficios del tráfico de drogas que de la lucha revolucionaria. Desde comienzos de los 2000, se había asentado en el estado venezolano de Amazonas.
John 40 no solo ofreció músculo financiero y experiencia de primera mano en narcotráfico, sino que también podía actuar como puente con el Frente Acacio Medina, facción disidente asentada en el estado venezolano de Amazonas que había mostrado poco interés en cambiar la paz por las lucrativas minas de oro y rutas de narcotráfico que controlaban en Venezuela.
Cuando el descontento con el proceso de paz y la incertidumbre por el futuro se extendió entre las tropas desmovilizadas, comenzaron a formarse nuevas redes disidentes en la región fronteriza de Venezuela, algunas con ayuda de Duarte y su red.
Entre ellas estaba el Frente 10, que operaba entre el departamento colombiano de Arauca y el vecino estado de Apure, en Venezuela. Según la Defensoría del Pueblo colombiana, Duarte y Mordisco enviaron armas y recursos a las disidencias lideradas por un mando medio que había sido expulsado del proceso de paz, Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias “Arturo”. Con ayuda de ellos, Arturo convirtió un pequeño grupo de guerrilleros que se había evadido de un campamento de desmovilizados en un grupo armado binacional con más de 300 combatientes aproximadamente.
“La formación de disidencias de las antiguas FARC en Arauca se originó con el fortalecimiento militar que recibieron del autodenominado Frente Primero”, señala el informe de la Defensoría.
Posteriormente se les unió una disidencia del Frente 33, al mando de Javier Alonso Veloza García, alias “John Mechas”. El grupo se había unido a la guerra post-FARC por el control del centro neurálgico de producción de cocaína en la región del Catatumbo, al noreste de Colombia, y puso campamentos en el centro de tráfico que es el estado de Zulia en la frontera de Venezuela. Tras anunciar su disidencia en 2018, Mechas declaró su apoyo a la red de Duarte en 2020.
La alianza con los Frentes 10 y 33, y las alianzas de negocios con el Frente Acacio Medina, significaban que la creciente red de disidencias de Duarte ahora tenía acceso a tres puntos de paso hacia tres estados fronterizos venezolanos para la cocaína producida en sus territorios en Colombia. También significaba que tenía aliados en el control de espacios seguros donde podían operar con virtual impunidad gracias a los nexos entre las guerrillas y el Estado venezolano, que por décadas había sido mantenido por las FARC y ahora era sostenido por las disidencias.
“Nada cambió con el acuerdo de paz, aquí no hay paz. La paz fue para Colombia, pero esa gente simplemente emigró a Venezuela”, decía un residente del municipio de Pedro Camejo, controlado por las ex-FARC en Apure, quien solicitó que se mantuviera su anonimato por temor a represalias.
Aunque el propósito de Gentil Duarte era reavivar la insurgencia armada de las FARC, los líderes guerrilleros que habían forjado el acuerdo de paz se preparaban para asumir una nueva vida en el ámbito político. Entre quienes recibieron escaños en el Congreso de Colombia se encontraba el segundo al mando de las FARC, quien además fue negociador en los diálogos, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y uno de los líderes políticos más respetados, Seuxis Pausías Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”.
Pero cuando una controvertida operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) terminó con la detención de Santrich por narcotráfico, se desencadenó una serie de eventos que terminarían con la salida de Márquez y Santrich del proceso de paz y el reclutamiento de algunos de los comandantes de peor fama de las FARC para que se les unieran en una nueva disidencia.
Después de vivir varios meses en la clandestinidad, Márquez y Santrich aparecieron de nuevo en agosto de 2019 con el anuncio de una refundación de las FARC bajo la bandera de la Segunda Marquetalia, nombre que rinde homenaje a la cuna mítica de las FARC.
La Segunda Marquetalia estableció su base no en Colombia, sino en Venezuela. Múltiples fuentes en el estado venezolano de Apure y el vecino departamento colombiano de Arauca declararon a InSight Crime que los comandantes de las ex-FARC llegaron uno por uno a la población de Elorza, donde usaron sus conexiones para crear redes de narcotráfico.
Márquez y Santrich tenían estrechos vínculos con el Gobierno venezolano, que se remontaban a su trabajo político con las FARC en ese país en la década de los 2000. Maduro incluso les dio una bienvenida en público al país cuando anunciaron el abandono del proceso de paz, y los llamó “líderes de la paz” en esa ocasión.
La bienvenida de los comandantes de las antiguas FARC que establecieron operaciones en Venezuela mientras Márquez y Santrich jugaban a la política fue menos cálida. Según el relato de un comandante de la red de disidencias de Duarte, cuando los más altos comandantes de las FARC abandonaron el proceso de paz, los líderes de la Segunda Marquetalia esperaban hacer valer su rango y simplemente asumir el control de todo lo que Duarte y Mordisco habían construido. Pero los comandantes disidentes iniciales los consideraban traidores por haber negociado con el gobierno colombiano y haber depuesto las armas.
Al verse rechazados por Duarte y su red, los integrantes de la Segunda Marquetalia buscaron reivindicarse como los verdaderos herederos de las FARC, mediante el reclutamiento de disidencias en toda Colombia, operando desde la seguridad que les ofrecía Venezuela.
Comenzaron a surgir dos polos de poder alternativos de los remanentes de las FARC. La red de Duarte tenía mayor poder militar y controlaba extensiones de territorio de importancia estratégica tanto en Colombia como en Venezuela. La Segunda Marquetalia tenía el poder estrella de sus comandantes en Colombia y conexiones políticas de alto nivel en Venezuela.
En la nueva base de la Segunda Marquetalia en Apure, esa rivalidad derivó en un conflicto con los representantes locales de Duarte: el Frente 10.
“Quienes hicieron el acuerdo [con el gobierno] rompieron las reglas porque les convenía, y los demás vieron eso como una traición”, señaló un líder político local en Apure, que milita en un partido de izquierda con nexos tradicionales con las FARC, quien solicitó mantener reserva de su identidad por razones de seguridad.
La violencia estalló en Apure casi de inmediato, y los medios locales se llenaron de advertencias de una “guerra de las disidencias”.
El punto de quiebre ocurrió en 2021, cuando el ejército venezolano, algunos de cuyos elementos habían trabajado antes con el Frente 10, atacaron por sorpresa a dicha facción. Aunque no se conocen los eventos precisos que llevaron al ataque, numerosas fuentes dijeron a InSight Crime que la lucha en Apure era una guerra subsidiaria, donde el ejército atacó al Frente 10 al menos en parte para eliminar un obstáculo para la Segunda Marquetalia.
Pero la campaña militar no salió como se esperaba, y la población civil pagó el precio, pues sufrió desplazamiento, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias.
“El ejército trató de emboscarlos para aniquilarlos, pero no pudieron encontrar a la guerrilla, así que cobraron venganza sobre el pueblo”, relató a InSight Crime un periodista local en la zona del conflicto, quien solicitó mantener la reserva de su identidad por motivos de seguridad.
Después de meses de enfrentamientos, el ejército de repente emprendió la retirada, humillado por el secuestro de ocho soldados. El repliegue ocurrió luego de que el Frente 10 liberara a los ocho soldados y parece probable que los guerrilleros intercambiaran las vidas de los soldados por la retirada de las fuerzas militares.
La Segunda Marquetalia parecía haber perdido el primer asalto de una guerra subsidiaria. Pero mediante ataques a la red de apoyo del Frente 10 y a sus intereses económicos, así como con detenciones en masa y operativos antinarcóticos, mantenían una posición de ventaja para ganar la guerra. Sus perspectivas mejoraron aún más cuando John 40, excomandante de las antiguas FARC convertido en intermediario del narcotráfico, cambió de bando, pasando de la red de Duarte hacia la Segunda Marquetalia.
Pero el grupo sufrió un duro golpe en mayo de 2021 con el asesinato de Jesús Santrich en el estado Zulia, en el lado venezolano de la frontera.
Nadie se atribuyó la responsabilidad del ataque, y hubo muchos rumores contradictorios. Uno de ellos decía que a Santrich lo había asesinado el Frente 10, otro señalaba que había sido obra de mercenarios estadounidenses para cobrar la recompensa del gobierno colombiano, y otro más le atribuía la culpa a la Guardia Nacional Venezolana.
La Segunda Marquetalia contó una historia diferente. En un comunicado público, aseguraban que una unidad de comandos militares colombianos había emboscado a Santrich, atacando el camión en el que viajaba con granadas y disparos de rifle, para después cortarle el dedo meñique como prueba y salir del lugar rápidamente en helicóptero.
Ese operativo fue apenas el comienzo. En diciembre de mismo año, asaltantes desconocidos asesinaron a otros dos comandantes del grupo: Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias “El Paisa”, y Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña". Al parecer, alguien estaba cazando a la cúpula de la Segunda Marquetalia uno por uno.
El año 2021 cerró con la Segunda Marquetalia debilitada por las misteriosas muertes de sus comandantes, y el Frente 10 ante la presión constante del ejército venezolano. Y el 2022 inició con un baño de sangre.
El 2 de enero, la población de Arauca, al otro lado de la frontera en Apure, despertó por el ruido de ráfagas de fuego. Comenzaron a aparecer cuerpos, muchos con heridas de bala, que parecían ser ejecuciones sumarias. En los tres días que siguieron, el saldo de muertos ascendió a 27. Un nuevo actor entraba al conflicto: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ELN llevaba décadas operando en Apure y Arauca, y ambos bandos de disidencias de las FARC al parecer allanaron el camino para su retorno a Apure. Según una investigación de La Silla Vacía, el Frente 10 llegó a acuerdos con el ELN para repartirse los territorios y las economías criminales, mientras que la Segunda Marquetalia ponía en escena cumbres con líderes del ELN, entre ellos el comandante supremo del ELN en la región, Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”, según informes de inteligencia colombianos publicados por El Tiempo.
Hubo informes de tensiones entre el ELN y el Frente 10 que se remontaban a 2020, y los residentes de sectores de Apure controlados por la guerrilla señalaron que las relaciones se hacían cada vez más tensas, por las invasiones del Frente 10 en territorios del ELN y los abusos a la población local.
“La gente comenzó a quejarse con el ELN porque el Frente 10 estaba cobrando cuotas extorsivas exorbitantes”, según el relato recibido por InSight Crime de parte de un funcionario local en un municipio de Apure controlado por la guerrilla, quien dio su declaración bajo anonimato.
El ELN se abstuvo en las primeras fases de los combates, cuando el ejército venezolano lanzó la ofensiva contra el Frente 10. Pero la muerte de un jefe de finanzas del ELN y de un mando medio a finales de 2021, al parecer a manos del Frente 10, los instaron a entrar en acción.
Después de las masacres de Año Nuevo, que al parecer estuvieron dirigidas contra la red de apoyo del Frente 10 y presuntos colaboradores, los rivales de la guerrilla se atacaron entre sí, y la población civil se vio atrapada entre los dos bandos que atacaban a los “colaboradores” civiles de sus enemigos.
“No se sabe si uno está con el ELN o con las FARC, ¿a quién se apoya?, ¿a quién hay que ayudar? ¿a quién se debe proteger?”, se preguntaba un ganadero en Apure, quien solicitó mantener el anonimato por temor a represalias.
El ELN y el ejército venezolano coordinaron directamente operativos contra las disidencias de las FARC, según testimonios recogidos por Human Rights Watch. Frente a la arremetida, el Frente 10 buscó ayuda de sus aliados en la red de disidencias de Duarte. Operando bajo el título de Comando Conjunto Oriental, el Frente 10 tuvo el apoyo de los Frentes 33 y 28, que tenía actividad en el lado colombiano de la frontera.
Pero el Comando Oriental Conjunto no duró mucho. Obligado a replegarse en territorio colombiano, el Frente 10 quedó vulnerable en territorio tradicional enemigo. El 24 de febrero, el ejército colombiano asestó un golpe decisivo al grupo, que acabó con la vida del líder del Frente 10, Arturo, junto con 26 combatientes, en un operativo en Puerto Rondón, Arauca.
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