Como el más habilidoso de los falsificadores, en febrero de 2015 Eleuberto Antonio Martorelli fabricó el acta de una sesión inexistente en la que la Junta Directiva de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S autorizaba a su filial Odebrecht a realizar pagos por $8.000 millones para la ejecución del contrato de construcción de la que entonces era una de las obras de infraestructura más importantes de Colombia.
Con ese documento hechizo, que parecía auténtico porque estaba estampado con sellos oficiales, pretendió demostrar que la sociedad, representada legalmente por él, había conseguido la asesoría de la firma Profesionales de Bolsa S.A. para obtener apoyo financiero para Corficolombiana, banca de inversiones del proyecto. De esa manera creía cubrir el rastro de los dineros utilizados para el pago de comisiones ilegales o coimas, reseñó Jorge González en Las2Orillas.
Uno de los primeros en advertir la movida fue Jorge Enrique Pizano, entonces controller o revisor de la Ruta del Sol II. Pizano, que perdería la vida cuatro años después en circunstancias extrañas, comprobó que no existían “informes entregables” del supuesto contrato entre la concesionaria y Profesionales de Bolsa y dejó constancia en un informe de alerta.
Correos electrónicos y actas que fueron recuperados durante una investigación de la Procuraduría General de la Nación de Colombia -que intervino por tratarse de recursos públicos- demostraron que estaba montada trama de falsificación u ocultamiento de información y documentos.
Entre las primeras personas informadas por Pizano sobre lo que ocurría estaba Néstor Humberto Martínez Neira, asesor jurídico del grupo Sarmiento Angulo, conglomerado dueño de Corficolombiana, presidida entonces por José Elías Melo. Cuando se posesionó 18 meses después como fiscal general de la Nación Martínez estaría guardando todavía esos y otros secretos que su amigo Pizano le confió en conversaciones personales y telefónicas. Así lo confirmarían varias grabaciones que por voluntad póstuma del controller comenzaron a ser reveladas después de su muerte, ocurrida el 8 de noviembre de 2018.
Ya como fiscal, Martínez se vio obligado a declararse impedido para conocer del caso de Odebrecht, aunque eso no lo inhibió para hacer constantes declaraciones en las que proclamaba el éxito de las investigaciones del organismo a su cargo. Solía decir, por ejemplo, que gracias a la Fiscalía se supo que los sobornos pagados por la multinacional financiera en Colombia superaban de lejos el monto de los US$ 11 millones de los que hablaba Estados Unidos.
Varios de los críticos no le creían a Martínez y lo acusaron de haber designado como fiscales de apoyo para la investigación a funcionarios de su entera confianza que lo mantendrían al tanto del curso y detalles del proceso. Al escepticismo inicial de esos críticos acaba de sumarse el FBI, según lo reveló recientemente el actual fiscal general, Francisco Barbosa.
Esos fiscales de confianza eran Álvaro Betancur y Daniel Hernández. Betancur fue declarado insubsistente hace pocos días, mientras que Hernández fue imputado de cargos porque presuntamente no les dio el trámite necesario a las órdenes de captura libradas contra altos ejecutivos brasileños de Odebrecht en Colombia. Estas determinaciones radicales alimentaron aún más las dudas sobre la conducta observada por Martínez Neira como fiscal porque quienes lo cuestionan lo acusan no solo de haber manipulado el proceso, sino de algo más grave aún: de estar detrás de posibles maniobras para ocultar las causas de la muerte de Pizano y de su hijo Alejandro, ocurridas con escasas horas de diferencia. Por ahora la versión oficial sostiene que Pizano -cuyo cadáver fue cremado- murió a causa de un síncope cardíaco y que su hijo perdió la vida al beber una gaseosa mezclada con cianuro que encontró encima del escritorio de su padre. La tragedia de los Pizano se produjo en su finca de El Rosal, en Cundinamarca.
Los exfiscales de apoyo han defendido sus actuaciones y han sostenido que no es cierto que Martínez Neira les hubiera impartido consignas o instrucciones respecto a sus pesquisas. El propio exfiscal general lo ha apoyado en esa versión y ha coincidido con Betancur en que las pretendidas denuncias están personas de “la laya” de Álex Vernot, un abogado condenado bajo cargos de haber ofrecido sobornos para mejorar la situación jurídica de su cliente Carlos Matos en el caso Hyundai. De hecho, Vernot ha publicado ya dos libros en los que reproduce el contenido de las grabaciones hechas por Pizano que comprometen, a su juicio, a Martínez Neira.
El asunto no ha parado en las polémicas. Antes de enfrentarlas, el exfiscal Martínez le dirigió una carta al embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, en la que denuncia la existencia de montajes sistemáticos en contra suya.
Estados Unidos y el FBI en particular tienen razones de peso para monitorear de cerca los acontecimientos. La agencia de investigación ha prestado asesoría y recursos para darle fuerza esclarecedora a los procesos en Colombia. Pero hay algo más importante aún. Estados Unidos y Suiza comprometieron a Brasil para que entregara toda la información necesaria a todos los países afectados por los sobornos de Odebrecht y, especialmente Washington, mira con recelo el tratamiento laxo o preferencial que hayan podido recibir los brasileros que manejaban las sucursales de Odebrecht en América Latina. En tercer término, su política es de tolerancia cero frente al uso de su circuito financiero para mover dineros producto de la corrupción.
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