Un extenso documento elaborado por funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, UNP, entidad encargada de proteger a las personas con riesgos de seguridad, puso en evidencia la compleja situación de la institución. Un caos estructural en donde pululan diversas actividades al margen de la ley.
Augusto Rodríguez, quien lleva en el cargo pocos meses, y quien además es uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro como quiera que desde al menos hace tres décadas viene trabajando con el mandatario, fue designado en la entidad y en poco tiempo ha detectado la delicada situación. Esta va desde narcotráfico hasta tráfico de armas y sobornos en el manejo de los esquemas de protección manejados al interior de la institución, reseñó la Agencia Periodismo Investigativo (API).
Todo se evidenció en un documento en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que detalla lo que viene sucediendo en la UNP, una entidad que nació el 2 de noviembre de 2011, en reemplazo al Programa de Protección del ministerio del Interior, que durante años tuvo la función de proteger a al menos 10.000 colombianos de amenazas contra su vida. Ello en el contexto de una entidad que maneja un presupuesto anual superior al billón de pesos y por el que han pasado más de cinco directores con serios cuestionamientos.
El documento resalta que el primer gran acto de Augusto Rodríguez luego de posesionarse como director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, fue convocar a los presidentes de los sindicatos, el 12 de septiembre de 2022, a una reunión en donde planteó sus ejes estratégicos. En la UNP hacen presencia 19 organizaciones sindicales afiliadas a diferentes centrales obreras. Allí, planteó formalizar laboralmente a cerca de 9.000 escoltas tercerizados de acuerdo con los postulados sociales del presidente Gustavo Petro.
Acto seguido se detalló la posibilidad de adquirir o contratar nueva flota de vehículos. De hecho, en la UNP, alrededor de 4.500 vehículos entre convencionales y blindados son tomados en arriendo de empresas rentistas. Según la UNP, un negocio controlado por un mercado concentrado y cartelizado, cuyo parque está obsoleto y en desuso y que además impone las tablas de costos y condiciones.
De hecho se sabe que hay una fuerte disputa empresarial, especialmente, entre Jorge Moreno conocido como el zar de la seguridad quien actualmente reside en Miami y empresario extranjero Allan Perlman Katz, de relativa y reciente incursión en el negocio de los blindados.
Una extensa reunión que terminó con compromisos de parte y parte. Lucha contra la corrupción por parte del nuevo director, cambios administrativos de fondo y mejoramiento de las condiciones laborales de trabajadores de la entidad. A su vez, los sindicatos vieron con optimismo las nuevas directrices, pero a los pocos días, asegura el documento de la UNP, cambiaron de parecer y comenzó la confrontación.
El 11 de octubre acabó la paz en la entidad. Un grupo de sindicatos; seis organizaciones afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, asistieron a la reunión inicial, convocaron a un mitin informativo que terminó en paro de actividades de las oficinas centrales de la UNP. Con otro detalle, el director Augusto Rodríguez fue agredido, e incluso, cuando intentó ingresar a su despacho fue retenido. Fue necesario un operativo para rescatarlo porque los activistas inmovilizaron el vehículo asignado a su seguridad.
Resalta la UNP que del total de trabajadores directos e indirectos de la UNP, alrededor de 11.000, apenas 2.000, están afiliados a los 19 sindicatos. Esto tiene implicaciones en materia de fuero sindical, permisos sindicales remunerados y días cesantes, además del tiempo que destina el director en reuniones con los lideres de los trabajadores.
El documento destaca que hay otro factor que hace especial a los sindicatos de la UNP. Asegura que si bien es cierto, no son todos, sí algunos, de tiempo atrás, han mantenido una relación non sancta con la corrupción y el caos administrativo de la entidad.
"Se sabe de dirigentes sindicales que más que representar a sus afiliados se han especializado en negociar peticiones particulares por una parte, por otra, traficar con información privilegiada y confidencial del interior de la empresa y a su vez trabajar por el interés competitivo de las empresas rentistas. Pero hay algo más, que raya con lo penal, y es que, de tiempo atrás, hay fuertes indicios de que señalados dirigentes hacen parte del entramado mafioso y criminal que golpea a la institución", destaca en uno de sus apartes la comunicación oficial de la UNP.
Acto seguido detalla, sin especificar nombres, las actividades de varios sindicalistas. "Hablamos del abuso de los medios institucionales y "venta de servicio" de transporte a turistas, en paseos, utilizando los recursos de la entidad. Dinero que iba a parar al bolsillo del dirigente sindical y del cual este se jactaba por su habilidad para cometer la fechoría".
Indica además que hay otro directivo sindical comprometido con acusaciones de venta y alquiler de esquemas de seguridad. Precisa el documento que el negocio tiene varios productos, desde trámite de un esquema de seguridad blindado a un desmovilizado, aprovechando su condición como funcionario o contratista para luego poner en venta el esquema consolidado, hasta tener diversas ofertas, esto dependiendo de los recursos del demandante, indica la carta oficial de la UNP.
Con otra modalidad más compleja, "camionetas, armas, emblemas y personal utilizado para el transporte de droga, dinero, armas y personal en procesos delictivos. Es parte del paisaje el uso de placas falsas". Recuerda que uno de estos elementos fue encontrado, recientemente, en el bolsillo de una persona asesinada. Dentro de la camioneta inmovilizada con el alijo de cocaína había profuso material de insignias que supera el número de escoltas asignados al esquema en cuestión. Dice la UNP que estos hechos son comunes pero pese a las evidencias hay impunidad.
No obstante a los hechos narrados, el director Augusto Rodríguez considera que la mayoría de trabajadores de la entidad son honestos, al igual que los sindicatos, aunque algunos de sus miembros se dedicaron a actividades ilícitas que deben ser valoradas por la justicia. Recuerda además la entidad que mucho de los funcionarios del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, pasaron a la UNP.
En cuanto a acciones de entrampamiento cita el documento al periodista Julián Martínez del que destaca en su libro "Chuzadas" que como protegido, ha sido maltratado, espiado y perfilado. "En algún momento padeció acciones de entrampamiento y para liberarse de ellas le plantearon una extorsión a objeto de aliviar "sus problemas". Quien Intentó el cobro de dinero fue un alto ejecutivo de la entidad, de entonces".
Frente a los recursos destaca que el 70% del presupuesto anual de la UNP $1.12 billones anuales, pasa a manos de empresas rentistas de vehículos y tercerizadoras de escoltas. En ese sentido, asegura el documento que la entidad, no es más que un instrumento de intermediación entre los recursos del erario y el ejercicio rentista privado.
A su vez evidencia que el parque automotor es añejo, sobreexplotado, buena parte de él permanece en talleres, los contratistas no responden con el vehículo sustituto y, salvo ahora, reciben sanciones por incumplimiento. Lo que menos importa es la vida del protegido, en lo que no se puede fallar es en el pago facturario.
"Son múltiples las quejas de usuarios cuyos vehículos averiados, sobre explotados e inoperantes los dejan a merced de la suerte en caminos o carreteras siendo fácil presa de los asesinos. Las empresas rentistas tienen la obligación contractual de reponer o sustituir el vehículo varado, pero ésto no se cumple y nunca tuvo sanción o exigencia alguna", relata la comunicación de la entidad.
La UNP resalta que es preciso revisar el marco legal de funcionamiento de la entidad, porque allí, en materia de protegidos, no todos las personas son iguales ante la ley. De hecho, los funcionarios nombrados o elegidos tienen derecho casi automático a esquemas de protección, con apenas un leve análisis de riesgo, en tanto que el resto de poblaciones como defensores de derechos humanos, étnicos, periodistas, ambientalistas, campesinos, líderes, lideresas, entre otros, no disponen de convenios y deben demostrar y probar el riesgo.
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