Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, el empresario que realizó misteriosos negocios con la madre del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto

En el último tramo en México del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien se planteó como objetivo principal de gobierno combatir y acabar con la corrupción en la administración pública, tres expresidentes mexicanos han huido de territorio mexicano y se refugian en España. En aquel país, Carlos Salinas de Gortari ya tiene la nacionalidad y los otros dos –Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto– están en proceso de obtenerla. Todos, con el mismo propósito de contar con la protección de la comunidad europea y de las autoridades españolas ante cualquier intento del gobierno mexicano por pedir su extradición dentro de algún proceso penal sobre sus negocios y enormes fortunas que acumularon cuando ocuparon las silla presidencial.

En el caso del exmandatario priísta Enrique Peña Nieto, quien terminó su sexenio en medio de escándalos judiciales y mediáticos por su estrecha relación de negocios con empresarios beneficiados con contratos de obras públicas, primero del Estado de México y luego federales, destaca su viejo amigo de juventud y compañero en la universidad del Opus Dei, la Universidad Panamericana: el empresario Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, actualmente con arresto domiciliario y quien fue fundador y presidente de las empresas desarrolladoras de viviendas Homex y Expectras, así como del equipo profesional de futbol Dorados de Sinaloa.

Ese empresario desarrollador de viviendas –que enfrenta procesos penales por los delitos de fraude, evasión fiscal, delincuencia organizada y hasta lavado de dinero– tuvo su mayor éxito económico en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, y también realizó negocios y operaciones financieras con la madre del expresidente Enrique Peña Nieto.

Se trata de María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, a quien Eustaquio de Nicolás le hizo transferencias millonarias sin que haya registros fiscales del origen de esos fondos, por un monto de 38 millones de pesos, reseñó Miguel Badillo en Contralínea.

Para contrastar dicha información, el expresidente confirmó que sí hubo una operación millonaria entre el amigo de Peña Nieto –Eustaquio de Nicolás– y su madre. El priísta aseguró que eso ocurrió hace 15 años, cuando él era gobernador del Estado de México y su madre María del Perpetuo Socorro “le vendió unos terrenos en Atlacomulco que ella tenía como herencia a la muerte de su esposo, Enrique Peña del Mazo”.

El expresidente de México sostiene ahora que él terminó mal en su relación con el empresario Eustaquio de Nicolás, porque éste no pagó los terrenos a su madre cuando le fueron entregados y los usufructuó construyendo casas. Y que fue hasta 2012 cuando Peña Nieto asumió la Presidencia de la República e intervino para reclamar dicha deuda millonaria, por lo que el empresario tuvo que finiquitar la operación y le transfirió los 38 millones de pesos que adeudaba a la madre del exmandatario desde hacía varios años.

Todas estas operaciones, explica Peña, “ya fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y yo tengo toda la documentación y verificación física de lo que digo”, y como prueba de ello se comprometió a entregar los documentos que confirman la propiedad de los terrenos vendidos y los movimientos financieros en torno a ellos que, según él, demuestran que se trata de operaciones lícitas y que no corresponden a pagos de favores que desde el gobierno peñista le hicieron a las empresas de Eustaquio De Nicolás, para asignarle contratos por cientos de millones de pesos.

Aunque Peña Nieto asegura haberse distanciado de su amigo Eustaquio de Nicolás por aquel adeudo millonario, lo cierto es que las relaciones de negocios entre las dos familias no se detuvieron y que no sólo involucraron a la madre del expresidente, sino también a su hermano menor Arturo Peña Nieto, como lo investigó la reportera Melissa Amezcua, quien en julio del año pasado escribió en Proceso sobre los contratos inmobiliarios que realizó a través de la Comercializadora Cántaros, de la cual es administrador único Arturo Peña, con la empresa de los hermanos De Nicolás, Homex, que también enfrenta una acusación por fraude de más de 3 mil millones de dólares en Estados Unidos.

Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez está vinculado a una red de funcionarios y empresarios que presuntamente han blanqueado dinero en el Andorra; además de que aparece en un esquema de triangulación de recursos con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y con la empresa Comtelsat, de la cual es dueño Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez –propietario también del diario El Financiero–. Dicha empresa realizó operaciones comerciales con Sissa Monitoring Integral, la cual sus principales ingresos son de CRS Morelos, empresa que opera el Cefereso para Mujeres de Morelos y entre sus socios está otra vez Eustaquio de Nicolás.

Este empresario sinaloense también se relacionó con los prófugos de la justicia Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez-Mont, en la creación de empresas factureras que hicieron negocios por miles de millones con la Secretaría de Gobernación cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República y de quien la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública mantienen expedientes abiertos.

Después de la protección que tuvo en gobiernos panistas y priístas, tenía que ser en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la Fiscalía General de la República, que dirige el doctor Alejandro Gertz Manero, fuera la que consignara y ejecutara la orden de aprehensión en contra del empresario sinaloense Eustaquio de Nicolás. Éste fue aprehendido el 28 de abril de 2022 (averiguación previa UEIDFF/FINM19/294/2014) en el aeropuerto de Guadalajara cuando regresaba procedente de España, en donde se habría reunido con su amigo el expresidente Enrique Peña Nieto.

Fue el juez Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien le dictó formal prisión por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, debido a que antes de que concluyera el sexenio del panista Felipe Calderón, e1 1 de noviembre de 2012, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorgó a Desarrolladora Homex, SA de CV, un crédito por 456 millones 743 mil pesos, sólo que para obtenerlo el empresario sinaloense falsificó documentos e infló cifras, además de destinar el crédito para fines distintos a los cuales se le había otorgado.

Después de estar preso casi seis meses en el Reclusorio Oriente, el mismo juez cambió la prisión preventiva por prisión domiciliaria, le recogió el pasaporte para que no pudiera salir del país y ordenó vigilancia permanente en su domicilio, de donde sólo puede acudir a las audiencias judiciales siempre con la escolta policial.

Las demandas y acusaciones penales en contra de Homex y su presidente Eustaquio de Nicolás por incumplimientos de pagos empezaron a fluir en 2013. A pesar de ello este empresario nunca dejó de recibir contratos del gobierno de Peña Nieto, concretamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dirigía Gerardo Ruiz Esparza, que se calculan hasta 1 mil millones de pesos en aquellos años.

Se afirma que los contratos que recibía Homex eran por conducto de la Subsecretaría de Infraestructura, a cargo entonces de Raúl Murrieta Cummings, quien sólo en esa dependencia le habría entregado contratos por 700 millones de pesos a su amigo Eustaquio de Nicolás.

De todas esas irregularidades fraudulentas dio cuenta la prensa en aquel momento, como las tres denuncias por el delito de defraudación fiscal por cerca de 150 millones de pesos presentadas ante la Procuraduría General de la República y cuyos expedientes son: 419/2013; 448/2013, y 449/2013).

Entre las acusaciones fiscales señaladas está que Homex retuvo impuestos de sus trabajadores y no los reportó al fisco; también hay evasión fiscal, presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió tres carpetas de investigación por presunto lavado de dinero que involucran al expresidente Enrique Peña Nieto, a tres empresas (una de ellas trasnacional, beneficiaria en el sexenio pasado de contratos con el gobierno federal por más de 10.5 mil millones de pesos) y dos familiares del político priísta, reveló el 7 de julio de 2022 Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la propia FGR.

En la conferencia presidencial de aquel día, el licenciado Gómez expuso que fue la UIF la que denunció el caso, tras detectar presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y que podrían estar involucradas 15 personas.

Las indagatorias abarcan operaciones financieras desde 2013 hasta julio de 2022, en las cuales se documentan transferencias millonarias a Irlanda (considerado paraíso fiscal), España y Estados Unidos. Asimismo, se han detectado depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos, de los que Pablo Gómez destacó que se desconoce su origen.

El titular de la UIF detalló que el análisis se dio a partir de las transferencias financieras que tuvieron reportes de actividades vulnerables al lavado de dinero, en octubre de 2021. Asimismo, recordó que el expresidente Peña Nieto tiene el rango de persona políticamente expuesta como todos los políticos y servidores públicos, incluidos él y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aclaró que mientras la carpeta de investigación de la FGR no se judicialice no se puede hablar de delitos.

En su cuenta de Twitter @EPN, el expresidente Peña Nieto indicó ese mismo 7 de julio: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de justicia”.

Durante la conferencia presidencial, Pablo Gómez expuso que la denuncia se derivó de un análisis de los reportes financieros y avisos que permanentemente recibe la UIF respecto de quienes realizan actividades vulnerables. Advirtió que la Unidad de Inteligencia “detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”.

En su amplia explicación, el economista advirtió que los análisis detectaron que el expresidente Peña Nieto “tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos, para efectos de esta nota, como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.

Agregó que en el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de 2012. “Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones”, explicó.

Respecto de la empresa B, afirmó que fue constituida por Peña Nieto y familiares antes de que asumiera la Presidencia de la República. Asimismo, apuntó que esta compañía “tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”, es decir, entre 2013 y 2018.

“Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013 por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de 2 mil 126 millones y pico, en 2015 por 5 mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1 mil 246; para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos”.

El titular de la UIF explicó que entre 2015 y 2021, la empresa B envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1 mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y 4 millones 942 mil 900 dólares.

“Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.”

Pablo Gómez señaló que la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, misma que ha abierto ya una carpeta de investigación. “La Fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información, de acuerdo con la ley, y el análisis de la misma, entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerido o cuando es preciso hacerlo, pero no hace las investigaciones en ningún caso”.

Por ello, aclaró que, “en relación con esto, no hay una actividad extraordinaria en la relación entre la UIF y la Fiscalía, sino algo completamente normal que se lleva a cabo en este y muchísimos casos, y en la relación más directa, más permanente y más cordial, que es lo que tenemos entre la UIF y la Fiscalía General de la República”.

En la ruta del dinero, el economista Pablo Gómez detalló que por medio de transferencias internacionales, Enrique Peña Nieto recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional, de la siguiente manera:

-El 21/08/2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos.

-El 20/10/2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos.

-El 29/10/2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.

Al respecto, puntualizó que “estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022”.

La UIF destacó depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022. “Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, señaló Gómez.

---