Por Patriota Cooperante El Centinela | Opinión
La corrupción y el narcotráfico son dos males que azotan a Venezuela desde hace décadas, pero que se han agudizado durante los últimos años. Eso ha llegado a tal grado que, agentes del sistema judicial se aprovechan de su poder e influencia para extorsionar, incriminar y enriquecerse a costa de la vida y la libertad de los ciudadanos.
Es el caso del fiscal interino de drogas en el estado Anzoátegui, Leomar Alexander Arzolay Ramos, quien está involucrado en el reparto de 220 kilos de cocaína, que fueron decomisados en un procedimiento del Departamento de Investigaciones Penales (DIP). Esa droga es la misma que ahora le es sembrada a comerciantes inocentes, con el propósito de incriminarlos en delitos nunca cometidos y extorsionarlos, mediante las imputaciones que realiza Arzolay Ramos.
El fiscal se vale del respaldo de Jorge Arzolay Tesamo, presidente del circuito judicial del estado Monagas, de quién es familiar y quien fue anteriormente fiscal superior del mismo estado. Arzolay Tesamo fue juramentado por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, en noviembre del año 2022, desde cuándo se encuentra al mando de los tribunales del estado Monagas.
Jorge Arzolay Tesamo
Juramentación de Jorge Arzolay Tesamo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en noviembre de 2022
La red de extorsión y narcotráfico en la que participa el fiscal Leomar Alexander Arzolay es una muestra más de la podredumbre que impera en el sistema judicial venezolano. Es urgente que se denuncie y se sancione a estos funcionarios corruptos que abusan de su poder y traicionan al pueblo venezolano. Es necesario que se restablezca el Estado de derecho en Venezuela, para garantizar una justicia independiente, imparcial y transparente.
Es necesario que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, tome cartas en el asunto y esté alerta sobre la relación entre el fiscal Leomar Arzolay Ramos y el juez Jorge Arzolay. No puede ser que un funcionario se aproveche parentesco alguno y de su posición para cometer actos ilícitos y violar la ley. La presidenta del TSJ tiene la responsabilidad de garantizar la independencia y la imparcialidad del poder judicial, y de sancionar a los funcionarios que lo deshonran con su conducta. No puede permitir que el sistema judicial venezolano se convierta en un instrumento de corrupción y extorsión al servicio de una minoría.
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